El 80% de adjudicaciones del Consell son encargos sin concurso público

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. / EFE
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. / EFE

La nueva ley estatal del sector público limita el uso del contrato menor, origen del fraccionamiento que acosa judicialmente a los ayuntamientos de Valencia y Alicante y a la Generalitat

BURGUERA / DOMINGOValencia

Fraccionamiento de contratos es el delito de prevaricación administrativa que está removiendo los despachos de los gobiernos surgidos del Pacto del Botánico, tanto a nivel autonómico como provincial o local. Según los expertos, el fraccionamiento indebido de los contratos utilizando la figura del contrato menor constituye un recurso habitual para evitar la aplicación de los principios básicos de la contratación pública. Cuatro de cada cinco adjudicaciones que realiza el Consell de Puig supone un encargo realizado bajo la fórmula del contrato menor; es decir, sin concurso público y a dedo. La Sindicatura de Comptes ha advertido ya del excesivo uso de esta fórmula, un abuso que ha propiciado denuncias del PP que investiga la fiscalía sobre la gestión de, al menos, tres consellers: Mónica Oltra, Manuel Alcaraz y Vicent Marzà. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, está a un paso del juicio oral (y de su adiós a la alcaldía) por supuestos fraccionamientos, irregularidad que ha supuesto también la imputación del concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, el nacionalista Pere Fuset, y que ha propiciado una querella contra del diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Xavier Rius, también de Compromís.

El pasado 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que supone un cambio en la contratación dentro de toda la Unión Europea. 'Las consecuencias electrónicas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público: código electrónico práctico de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre', de Jaime Pintos, incide en que la nueva normativa «logra, sobre todo, al eliminar figuras de contratación directa encubierta (como el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía), o regular con mayor rigor otras, como el contrato menor». Hace falta una regulación clara y rigurosa a tenor de cómo el PP está poniendo contra las cuerdas judiciales a los gobiernos botánicos a causa de esa querencia por las adjudicaciones cerradas, sin concurso. La fórmula del contrato menor también la utilizaban los populares, lo que generó no pocas críticas de la oposición que ahora gobierna y que, lejos de cambiar el 'modus operandi', lo ha conservado y lo usa a discreción.

Del 1 de julio del 2015 al 30 de junio de 2017, los dos primeros años del Consell del Botánico, se adjudicaron 13.689 contratos menores. La cantidad total en ese periodo de contratos, según la web de Transparencia del Ejecutivo valenciano, es de 17.015, lo que supone que el 80% de las adjudicaciones se realizaron sin concurso. Cuatro de cada cinco.

En el caso del Ayuntamiento de Valencia, según el PP, en 2016 se formalizaron 82 contratos por 27 millones de euros frente a los más de 3.200 contratos menores por 19 millones. De cada 40 adjudicaciones del Consistorio que dirige Joan Ribó, 39 son sin concurso público.

Evolución

De las 22.919 adjudicaciones realizadas desde que arrancó el Consell de socialistas y nacionalistas hasta el pasado 5 de marzo, en 978 días, se formalizaron 18.210 contratos menores. El porcentaje de los encargos adjudicados sin concurso público va reduciéndose poco a poco respecto al volumen total de contratación. El primer año fueron contratos menores el 82% del total; el segundo año, un 79%, y desde el 1 de julio del año pasado, un 76%.

Diariamente, el Consell adjudica una veintena de contratos menores, lo que supone asumir un riesgo que en ocasiones ha podido interpretarse como un delito, según las denuncias que ha ido presentando el PP en diversas administraciones, y que en algunos casos han prosperado hasta situar al alcalde de Alicante a un paso del juicio oral. En este sentido, las advertencias de la Sindicatura de Comptes han sido evidentes. Tanto en su informe sobre las cuentas del Consell de 2016 como el relacionado con la gestión del Ayuntamiento de Valencia señala el uso excesivo de esta fórmula y la escasa justificación de esas adjudicaciones a dedo. Los interventores de la Diputación también realizaban advertencias en este sentido (en mayo de 2016, un informe de Intervención recordaba que «constan adjudicaciones de contratos utilizando una vez más la figura del contrato menor» en relación al encargo de unos catálogos del MuVIM), que parecen no haber frenado el amor botánico por los contratos menores.

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