Absuelven a Augusto César Tauroni de responsabilidad contable y el Consell pagará las costas

Augusto César Tauroni, en su declaración en el primero juicio de la causa celebrado en el TSJ.
Augusto César Tauroni, en su declaración en el primero juicio de la causa celebrado en el TSJ. / efe

El Tribunal de Cuentas rechaza, en cambio, los recursos de los otros condenados que deben devolver 160.000 euros de ayudas a ONG

A. RALLO VALENCIA.

El Tribunal de Cuentas ha absuelto de responsabilidad contable al empresario Augusto César Tauroni en una de las investigaciones sobre la concesión de subvenciones a diferentes ONG´s. Además, impone las costas a la Generalitat Valenciana por ejercer esta acusación contra uno de los cabecillas de la trama sin la legitimidad necesaria. El Tribunal de Cuentas ya dictó una resolución el pasado mes de enero en la que condenaba a la excúpula de la Conselleria de Solidaridad al pago de 161.000 euros. Así, Rafael Blasco, Àlex Català, Josep María Felip y Marcial López debían hacer frente a esa cantidad de manera solidaria, es decir, se puede reclamar la totalidad a uno solo de los condenados. A Marc Llinares, otro de los hombres 'fuertes' de la trama se le impuso 64.000 euros. Para Tauroni, el asunto se redujo a 40.000 euros.

Los recursos de todos los condenados a ese fallo han sido rechazados por la Sala salvo la apelación del empresario. Tauroni, según la sentencia, se concertó con Blasco para que le fueran concedidas subvenciones a la Fundación Cyes y este a su vez cobró una comisión del 25% del responsable de esta entidad.

Sin embargo, la conducta de Tauroni «no encaja en la legitimación pasiva de los procedimientos de reintegro por alcance». Esta responsabilidad, según aclara la resolución, no alcanza a cualquier persona «sólo a aquellas que gestionan los caudales o efectos públicos y están obligadas a rendir cuentas de los mismos». Concluye la Sala tras examinar los hechos que Tauroni «en modo alguno» manejó fondos públicos a pesar de su cooperación en la malversación y el fraude «ya que ni era gestor ni perceptor de las subvenciones».

El empresario obtuvo el dinero en la recta final de esta malversación. Una vez lograda la subvenciones por la ONG colaboradora en la trama este facturaba a la mercantil por servicios inexistentes o con sobrecoste. Este soporte documental no pretendía otro objetivo que esconder la existencia de una comisión, pero el empresario no interviene de manera directa en la disposición inicial de fondos.

La Sala dice que Tauroni "en modo alguno" manejó fondos pese a participar en el fraude

La resolución del Tribunal de Cuentas también depara otras consecuencias negativas para la Generalitat Valenciana. La Sala exonera de las costas en primera instancia a Tauroni y le impone a la Generalitat las generadas al empresario, representado por el despacho Gómez Tejedor. Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat mantuvieron en sus contestaciones a los recursos que debía ser condenado porque sus acciones e intervención fueron decisivas para que se materializara ese reparto de las subvenciones.

El Tribunal de Cuentas, por otra parte, rechaza los argumentos expuestos por los otros acusados y mantiene los términos de la resolución de primera instancia. Por ejemplo, en el caso de Rafael Blasco ha quedado acreditado que dio las órdenes, convocó y otorgó las ayudas que finalmente se malversaron. «Lo hizo sin que resultara procedente y con ánimo de beneficiar». El exconseller, que sigue en la cárcel, se enfrenta ahora a otros 16 años de prisión por el resto del caso Cooperación.

La jurisdicción contable se desarrolla normalmente de manera paralela a la vía penal. Permite depurar la responsabilidad en la gestión de los fondos públicos y el resarcimiento de las cantidades al órgano competente. En algunos procedimientos, no obstante, se reclama en el Tribunal de Cuentas al margen de cualquier investigación penal. Por ejemplo, esto se intentó en los pagos excesivos de la Conselleria de Educación a los colegios concertados, una causa que quedó archivada y sin responsabilidad penal. Sin embargo, la Fiscalía pidió abrir la vía del TC porque consideraba que existía una actuación irregular de los funcionarios, aunque no apreciara dolo.

La Abogacía de la Generalitat entendió que al no existir ninguna ilegalidad «sino simple descuadre administrativo», no procede la indagación por parte de esta jurisdicción. Pero no existe un criterio de actuación por parte de los funcionarios de la Generalitat. Cada profesional ejerce sin directrices en este aspecto. Por ejemplo, el hecho de que no exista irregularidad no ha sido impedimento para que en otro asunto -la investigación por la organización de la Fórmula 1- se acuda al Tribunal de Cuentas e incluso se reclamen varios millones de euros a personas que ni siquiera están investigadas en la causa penal.

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