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Viernes, 15 de diciembre 2017, 01:18
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Una de las múltiples derivadas del caso Avialsa, el amaño de los contratos de extinción de incendios, abarca las supuestas irregularidades urbanísticas en promociones inmobiliarias de Alfara de la Baronia y Quartell. La investigación salpicó a dos dirigentes del PP muy próximos al exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. Se trata del que fuera alcalde de Quartell, Francisco Huguet, y del concejal y su lugarteniente Emilio Máñez. El juez instructor encargó un informe a la Abogacía de la Generalitat para analizar si hubo irregularidades en el proceso administrativo para la tramitación de los correspondientes PAI´s en Alfara de la Baronia y Quartell.
El escrito, de carácter muy técnico y en el que se repasan las diferentes leyes urbanísticas de la Comunitat y la legislación estatal, apunta algunas irregularidades en Quartell. Por ejemplo, considera que la cesión de suelo que realizó este Ayuntamiento para la construcción de viviendas por parte de la empresa Prodaemi -donde trabajaba Máñez- no se ajusta a la legalidad. Además, explica que tras el escrito que presentó el arquitecto denunciando ciertas irregularidades, el Ayuntamiento debió iniciar un expediente para estudiar los hechos. Del mismo modo, censura la actuación del alcalde y uno de los concejales -los dos investigados- que disponían de determinadas parcelas afectadas por la reparcelación e intervinieron en los plenos. Los expertos de la Abogacía resuelven que no debieron participar porque se ponía en riesgo su imparcialidad e independencia.
El informe también cuestiona el hecho de que la mercantil repercutiera más de 300.000 euros de gastos extraordinarios a los propietarios de las parcelas en vez de que los asumiera el propio agente urbanizador.
En el supuesto de Alfara de la Baronia, en cambio, en líneas generales, se siguieron los trámites establecidos para este tipo de procesos. El informe aclara que se podía reclasificar suelo no urbanizable bajo unas determinadas circunstancias que sí se dieron. Respecto al PAI Residencial Alfara también se avala la enajenación de determinadas fincas y la edificación de 80 plazas de garaje que no figuraban en el proyecto inicial de obra. En cambio, los expertos de la Conselleria vuelven a censuran la participación del alcalde en los plenos municipales, con voz y voto, cuando previamente ya había realizado dos transferencias para comprar sendos pisos a sus hijos. En este caso, sí se produce, según los analistas, cierto riesgo de pérdida de objetividad e independencia.
También se estudian las modificaciones de las parcelas y si era posible adjudicar un PAI a un agente urbanizador pese a que faltaban informes de la Comisión Territorial de Urbanismo. Los especialistas consideran que la actuación no incumplió ninguna norma.
Esta investigación comenzó a raíz de la operación policial contra Serafín Castellano, que terminó con su detención por supuestamente favorecer a la empresa Avialsa en los contratos de extinción de incendios. Esta causa se sigue ahora en la Audiencia Nacional.
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