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El director del instituto, en el momento de su detención. :: damián torres
La fiscalía pide investigar las indemnizaciones al director y otro alto cargo de Aido

La fiscalía pide investigar las indemnizaciones al director y otro alto cargo de Aido

El ministerio público pide una prórroga de la causa, que cuenta con 30 imputados y registra un fraude de varios millones de euros

A. RALLO

Jueves, 1 de junio 2017, 20:04

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La investigación sobre el enorme fraude de subvenciones perpetrado supuestamente en el Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) sigue ampliándose. La fiscalía, tras el último informe de la Policía Nacional, ha solicitado a la juez que investiga el desfalco que abra otra investigación sobre las indemnizaciones que presuntamente recibieron dos altos directivos de la entidad.

El ministerio público, en su escrito, considera que los hechos pueden constituir un delito de apropiación indebida. Las pesquisas parten de la declaración de una vocal del Comité de Empresa que detalló recientemente ante la juez la deficiente gestión que presidía en la empresa y cómo los recortes de gastos no afectaban por igual a empleados que directivos.

Denuncia de los trabajadores

El Comité de Empresa denunció que el subdirector José María Guijarro se embolsó 170.000 euros de indemnización pese a que fue él quien decidió abandonar la empresa. «A la plantilla se le comunicó que se iba voluntariamente sin derecho a compensación», explicó la vocal que representaba a los trabajadores. Fue el propio director del centro y presunto cabecilla de la trama que permitía mantener el instituto Aido, Emilio Pérez, quien les informó que el finiquito había sido aprobado por Rafael Ros, el presidente del consejo rector de la entidad. Se ignora si Pérez llegó a percibir otra generosa indemnización. La testigo indicó que, en principio, sólo se le daría el finiquito. No obstante, la fiscalía investigará a ambos altos cargos.

Además, el ministerio público ha solicitado la prórroga de la causa. El asunto se declaró complejo, lo que situaba el periodo de investigación en un máximo de 18 meses. Desde entonces, la magnitud del fraude no ha hecho nada más que aumentar. La policía cifra en varios millones de euros las graves irregularidades para obtener subvenciones con la modificación de facturas y la contabilización ficticia de horas de empleados que, en realidad, nada hicieron en los proyectos subvencionados por fondos autonómicos, estatales y europeos. Con estas prácticas, sólo en el año 2012 se lograron de manera irregular más de 800.000 euros, según consta en el último informe de la Udef del que ayer informó LAS PROVINCIAS.

La causa suma ya una treintena de investigados entre los directivos de la entidad y empresarios que colaboraban en la trama. Ahora será la juez la que decida si concede la prórroga para completar las pesquisas sobre las graves irregularidades.

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