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El número dos de Gabriela Bravo se queja al Poder Judicial del juez que pidió a Cataluña los escritos en castellano

El número dos de Gabriela Bravo se queja al Poder Judicial del juez que pidió a Cataluña los escritos en castellano

El Consejo desestima la protesta del cargo de Compromís y dice que se trata de una decisión del magistrado en su ejercicio jurisdiccional

A. Rallo

Sábado, 27 de mayo 2017, 21:53

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El secretario autonómico de Justicia y Administración Pública, Ferrán Puchades, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que expone la disconformidad con las decisiones de dos autos del juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante en los que se reclama a la Generalitat catalana que envíe sus escritos en castellano.

No resulta frecuente semejante intromisión en la potestad jurisdiccional por parte de una administración pública con el objetivo de que el Poder Judicial «corrija la situación creada». Pero todavía llama más la atención que no se trata de un asunto en el que el Consell tenga interés. De hecho, ni siquiera son parte en el procedimiento.

Pese a todos estos antecedentes, Puchades (Compromís) decidió trasladar su denuncia al CGPJ, que abrió unas diligencias informativas para estudiar el asunto. El magistrado del Poder Judicial que ha investigado los hechos concluye que la decisión está basada en su criterio de interpretación jurídica y, por tanto, se debe recurrir en la causa y no a través del sorprendente procedimiento empleado por Puchades. Ahora, la pregunta es si la consellera Gabriela Bravo, fiscal y durante años vocal y portavoz del Poder Judicial, conocía la acción de su número dos o actuó por su cuenta.

La polémica arrancó el pasado mes de enero. José María Magán, el titular de Contencioso 3 de Alicante, requirió a la Generalitat de Cataluña para que tradujera al castellano un escrito que la administración había presentado en su juzgado. El magistrado argumentaba que ninguno de los estatutos de la Comunitat Valenciana -el de 1982 y la posterior reforma- «ha contemplado nunca ni reconocido la cooficialidad de la lengua catalana» en el territorio valenciano. De tal forma que se veía imposibilitado para admitir la documentación remitida por el Gobierno de Puigdemont al entender que se encontraba redactada en catalán.

El juez argumentaba su decisión en la «extraterritorialidad» de la lengua autonómica catalana «que nunca ha sido reconocida por la Comunidad Valenciana». La ley permite utilizar tanto el castellano como la otra lengua que sea también cooficial en la comunidad en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales. Esto tiene plena validez tanto de manera oral -celebración de un juicio, por ejemplo- como escrita. Sólo en Baleares se admitirían esos documentos. Esta autonomía reconoció en su día la cooficialidad de la lengua catalana en su Estatuto de 1983 que posteriormente se mantuvo en la reforma de enero de 2007.

Puchades no estaba satisfecho con los argumentos que ofrecía el juez en ese auto y elaboró «un informe acerca de la polémica creada en la Comunidad Valenciana» ante la inadmisión del citado escrito. El secretario autonómico de Justicia informó de que si la variante catalana es asimilable o no a la lengua valenciana es una cuestión que jurídicamente está plenamente resuelta desde hace décadas por diferentes pronunciamientos del Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). El número dos de Bravo pedía la «apertura del correspondiente trámite por el CGPJ «para corregir la situación creada» y, a su vez, despejar cualquier duda respecto a la plena y absoluta validez de los escritos en catalán en los juzgados de la Comunitat.

El Consejo General del Poder Judicial incoó unas diligencias informativas tras el escrito del alto cargo. Recoge el promotor de la acción disciplinaria, un magistrado del Tribunal Supremo que analiza la actuación de sus compañeros, que la jurisprudencia explica que la idea de cuestión jurisdiccional es un «territorio exento de cualquier interferencia del Consejo General del Poder Judicial».

En consecuencia, una vez adoptada por los jueces una decisión judicial -o incluso estando pendiente de adoptarla- no puede el propio Consejo intervenir en el contenido de esa función jurisdiccional. En este sentido, el promotor responde que la queja no puede originar ningún trámite y lo que corresponde es el archivo «sin responsabilidad alguna en materia disciplinaria».

El Poder Judicial sostiene que las dos resoluciones que motivan la queja del secretario autonómico de Justicia están «razonadas y motivadas» y se trata «claramente» de un criterio de interpretación jurídica de un magistrado en el estricto ejercicio de su función. En ningún caso constituiría una desatención en el ejercicio de las competencias judiciales y la ignorancia inexcusable de los deberes judiciales, descarta el escrito del órgano de Gobierno de los jueces.

El número dos de Bravo no sólo se quejó del primer auto del juez. También mostró su disconformidad y expresó la correspondiente queja por la segunda resolución. Esta se produjo después de que la Generalitat hiciera caso omiso del juez e insistiera en la presentación de los escritos en catalán. Fue entonces cuando, tras la «desobediencia», el juez dictó otro auto para requerir «por segunda y última vez» a la Administración autonómica para que tradujeran con sus propios medios el escrito y lo remitieran al juzgado. De nuevo, volvió a dar un plazo de diez días y lamentó la paralización del procedimiento que suponía la postura del Govern. Además, el magistrado adelantaba que, en el caso de que la Generalidad siguiera incumpliendo el mandato del juzgado, daría traslado a la Fiscalía. Finalmente nada de esto fue necesario. Tras esta advertencia, la Abogacía de Cataluña depuso su actitud y envió los mismos escritos pero en castellano.

José María Magán, el juez que está al frente de este juzgado, ya arrastraba cierta polémica con la administración catalana. De hecho pidió el traslado harto de los ataques del Gobierno catalán por las expresiones que utilizaba en sus sentencias para denunciar la preponderancia del catalán frente al castellano. Llegó a anular multas de tráfico por este motivo.

El Poder Judicial le impuso sanciones económicas por tres faltas graves de los expedientes abiertos a raíz de las quejas del Gobierno, entonces en manos de Artur Mas, por los términos empleados en sus resoluciones. No es la primera vez que Magán ejerce en la Comunitat. Con anterioridad ya estuvo destinado en los juzgados de Requena durante un par de años.

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