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Josep María Felip, ex alto cargo de la Generalitat. :: i. marsilla
El Consell aclara a Josep María Felip que no es obligatorio indemnizar a altos cargos absueltos

El Consell aclara a Josep María Felip que no es obligatorio indemnizar a altos cargos absueltos

El ex director general reclamó el pago de su defensa tras ser exculpado del caso Cooperación por el Tribunal Supremo

A. RALLO

Viernes, 26 de mayo 2017, 18:40

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La Generalitat Valenciana aclara ahora que el hecho de que un alto cargo sea acusado de corrupción y la Abogacía de la Generalitat rechace asumir su defensa no implica la obligatoriedad de una indemnización cuando haya resultado absuelto o su caso archivado. Es precisamente lo que le ocurrió al ex director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Josep María Felip. El informe que deniega el pago de su defensa tras ser absuelto de participar en el desvío de ayudas al Tercer Mundo precisa que se trata de «una mera posibilidad». Y, por tanto, «no implica que la Generalitat tenga que conceder automáticamente la indemnización solicitada».

No parece que la Ley de Asistencia Jurídica de la Generalitat dejara esa ambigüedad a la hora de 'compensar' que los altos cargos tuvieran que buscarse su defensa. El texto recoge que los afectados por los supuestos anteriores «podrán solicitar en concepto de indemnización especial, que correrá a cargo de la conselleria en la que prestase servicio en el momento de producirse los hechos, el reintegro de los gastos de defensa y representación, que se calcularán y reconocerán hasta un límite máximo correspondiente al regulado [...] por los respectivos colegios profesionales».

La Conselleria de Transparencia informó recientemente de que rechazaba pagar los 18.000 euros que el exalto cargo pedía para sufragar su representación judicial.

El informe de la Abogacía de la Generalitat que justifica la decisión introduce matices en la interpretación de la norma. Así, indica que cuando la Generalitat actúa procesalmente contra un funcionario -se convierte en acusación particular- no puede aplicarse el citado artículo. «Porque entra en juego la posible condena en costas», sostiene la Abogacía. Precisamente es lo que ocurrió en este caso. De tal forma que la Generalitat se vio obligada a pagar más de 7.000 euros en costas. Los abogados del Consell sostienen que autorizar el pago de la indemnización hubiera supuesto el «enriquecimiento injusto» del propio funcionario. Es decir, que con las costas ya indemnizaron al ex director general.

Josep María Felip reclamaba los gastos generados durante la instrucción del asunto, primero en el juzgado 21 de Valencia y más tarde en el TSJ cuando se hallaron indicios delictivos contra el que fuera conseller Rafael Blasco. El tribunal valenciano le condenó a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Finalmente el Supremo le absolvió de todos los cargos. De manera paralela también el Tribunal de Cuentas le exoneró de cualquier responsabilidad contable en la primera pieza del asunto. Por esta representación, reclamó 80.000 euros que la Generalitat rechazó. Felip recurrió esta decisión en el juzgado de lo Contencioso donde exige el reintegro citada cantidad.

Cinco meses de retraso

La petición de Felip se formuló en diciembre. La solicitud se tramitó ante la conselleria que en su día asumió las competencias del extinto departamento de Solidaridad e Inmigración. La Generalitat encargó entonces un informe a la Abogacía de la Generalitat para averiguar si las circunstancias de Felip encajaban con la normativa. La respuesta de la Abogacía se ha producido ahora, a los cinco meses.

El asunto no era plato de buen gusto para el Consell. Como ejemplo, basta recordar las declaraciones que en su día realizó la vicepresidenta Mónica Oltra tras adelantar LAS PROVINCIAS la solicitud de Felip. «Tiene la cara muy dura para pedir ahora que le paguemos el abogado. Después de lo que pasó en Cooperación, con los fondos que tenían que ir a las niñas con sida en África, a los niños que estaban pasando una hambruna en Nicaragua y que robaron el dinero», lamentó. Ya entonces adelantó que el gobierno autonómico estudiaría detenidamente el asunto para evitar afrontar un desembolso por este concepto. La resolución ha ido en este sentido.

Los problemas para Felip no han terminado. La segunda y la tercera pieza del caso Cooperación, que trata de subvenciones a pequeñas ONGs y del fallido hospital de Haití, se encuentran prácticamente terminadas. La juez trabaja ahora en la redacción del auto de incoación de procedimiento abreviado, que pone punto y final a la instrucción y da traslado al fiscal para que acuse. El juicio de estas dos partes se da por hecho después de que las negociaciones para llegar a una conformidad fracasaran cuando el empresario Augusto César Tauroni iba a declarar y confesar la existencia de una trama para sustraer fondos.

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