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BURGUERA
Miércoles, 24 de mayo 2017, 01:04
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El presidente del Consell de Transparencia, Ricardo García Macho, presentó ayer a Les Corts la Memoria 2016 de la institución consultiva, un informe que recopila el trabajo realizado por el organismo a lo largo del año pasado así como un análisis de la situación del ente, reflexión que resulta demoledora para la Conselleria de Transparencia, de la que dependen los consejeros. García Macho reclamó un inmediato cambio de la ley de Transparencia con el fin de que el consejo deje de depender del departamento de Alcaraz y de cualquier otro de la Generalitat, con el fin de que su control sobre la actividad del Consell se realice desde un estatus desvinculado al propio Gobierno valenciano.
García Macho denunció la falta de medios y de independencia orgánica de este consejo, tal y como LAS PROVINCIAS anunció la semana pasada, adelantando parte de las conclusiones de la memoria del año pasado. El presidente del consejo reclamó ayer una reforma «en profundidad» de la ley de 2015 elaborada por el PP (que «fue hecha precipitadamente con motivos electorales», argumentó el máximo representante de la institución) para que este organismo se convierta en «un órgano estatutario o en una administración independiente».
El propio conseller Manuel Alcaraz ya afirmó en el último pleno de Les Corts, interpelado por Ciudadanos, que los cambios en la ley son «inminentes».
Sin embargo, todavía falta plasmar en papel la voluntad de transformar la ley, lo que hace pensar que cualquier tipo de modificación normativa no será aplicada hasta, al menos, el año próximo, lo que supondrá que el funcionamiento fluido del Consejo de Transparencia no se producirá hasta la próxima legislatura.
«Gran precariedad»
Y mientras llegan los añorados cambios, el organismo arrastra «problemas básicos» y «estructurales», adoleciendo e una «gran precariedad», todavía por resolver, según García Macho. A su juicio, «las reformas que se han hecho de la ley no han sido las adecuadas», por lo que «mientras no se lleve a cabo una reforma en profundidad de la ley nosotros siempre tendremos una situación de cierta precariedad».
El presidente del organismo explicó que el equipo de trabajo (son cinco miembros del Consell de Transparencia, uno por cada partido con representación en Les Corts, junto a tres funcionarios de la conselleria que constituyen la Oficina de Apoyo) es «insuficiente» puesto que no hay especialistas en Derecho y acceso a la información ni en transparencia. Además, recordó que los miembros del consejo no reciben remuneración, por lo que el trabajo que desarrollan lo hacen cuando tienen tiempo.
«Venimos y hacemos nuestro papel, pero nuestro trabajo fundamental es otro, yo por ejemplo soy profesor de universidad», relató el presidente, quien quiso poner en valor el «gran sacrificio personal» de los miembros del Consell de Transparencia y considera «insólito» que sus miembros trabajen en este organismo sin remuneración. Tal y como recoge la memoria del año pasado en su análisis de la situación del organismo, en el proyecto de decreto del Ejecutivo valenciano donde se desarrolla el reglamento de la ley están previstas unas cuantías (300 euros para los vocales y 400 euros para el presidente por asistencia a las reuniones), si bien el reglamento no está aprobado y los consejeros siguen sin cobrar. En este sentido, reconoció que los miembros en varios momentos se han planteado dimitir por falta de medios.
¿Y ante tanta penuria, qué les dicen desde el Consell? «De momento la clase política mira en principio bastante hacia otro lado», respondió ayer García Macho, que alcanzó la presidencia del consejo a propuesta de Podemos, y fue precisamente con diputados de esa formación con quien posteriormente se le pudo ver en la cafetería de Les Corts.
Problemas sin abordar
La memoria que se entregó ayer al presidente de la Cámara, Enric Morera, contiene una batería de quejas de grueso calibre. Respecto a la situación del organismo, los consejeros indican que «los problemas» generado por el modo que se confeccionó la ley («un diseño inadeducado») se han agravado porque «ha pasado un año y las cuestiones trascendentes no han sido abordadas».
A partir de ahí, el informe detalla que la Oficina de Apoyo «no se ha visto reforzada ni cuenta con personal técnico especializado suficiente. Se trata de una necesidad perentoria sobre todo porque los miembros del consejo no tienen dedicación exclusiva». Respecto al presupuesto, se considera que la partida «es muy exigua y a todas luces insuficiente (90.000 euros)».
«Los miembros del consejo no recibieron durante todo el año 2016 ninguna cuantía como indemnización por asistencia a las reuniones», señala la memoria, en la que se recuerda que «sigue sin haberse constituido la Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia».
En el apartado donde se recoge la actividad realizada a lo largo del ejercicio pasado, el Consell de Transparencia señala que en 2015 se abrieron 28 expedientes (el organismo se puso en marcha a finales de año), mientras que en 2016 los informes aperturados fueron 118, si bien quedaron por resolver a fecha de 31 de diciembre 91 expedientes.
Durante el año pasado se mantuvieron 17 reuniones y se elaboraron ocho informes. En cuanto a las reclamaciones, el año pasado fueron 25, la mitad de ellas contra resoluciones de las administraciones locales de la Comunitat, un 22% respecto a la actividad del Consell y un 29% se interpusieron frente a otros entes públicos.
El diputado del PP Luis Santamaría lamentó que el Consell de Transparencia es, junto a la Agencia Antifraude, uno de los proyectos del departamento de Alcaraz que ha «fracasado», al tiempo que lamentó que «la nefasta gestión y las críticas internas dan la razón» a su partido y «demuestran que la Conselleria de Transparencia no tenía sentido».
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