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Castellano. El exdelegado del Gobiero, a su llegada al juzgado de Sagunto. :: d. torres
Serafín Castellano, dos años  sin noticias

Serafín Castellano, dos años sin noticias

El caso sigue pendiente de comisiones rogatorias en Chile, Italia y Portugal e informes de la UDEF

A. RALLO

Lunes, 22 de mayo 2017, 01:03

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Serafín Castellano era un peso pesado en el Partido Popular. Su última etapa, en la Delegación de Gobierno, terminó de manera abrupta, cuando un grupo de agentes de la UDEF irrumpió en su domicilio de Benisanó. Todavía no eran las ocho de la mañana. Castellano se acababa de levantar y se asomó a la ventana, sorprendido, de que el timbre de su domicilio sonara a esas horas. Agentes de paisano ya subían a su vivienda. El coche oficial que cada mañana le recogía no llegó a salir de Valencia. Y ahí se cinceló la lápida de su carrera política, acusado de trato de favor a un contratista en la Conselleria de Gobernación. Fue, sin duda, la detención con mayor repercusión en la Comunitat. Esta semana se cumplen justo dos años de aquella operación que terminó con el paseíllo del delegado del Gobierno por los juzgados de Sagunto. Una foto histórica, sin precedentes en la Comunitat y de repercusión nacional. La vida de Castellano, desde entonces, ha cambiado notablemente. Mantiene un perfil bajo. «Le destrozaron la vida», sostiene su entorno.

El exdelegado del Gobierno, licenciado en Derecho, se ha puesto a colaborar con un despacho de abogados donde también ejerce su excompañera en el PP, Asunción Quinzá. Uno de sus principales apoyos al estallar el caso. Fue ella quien acudió a recogerlo una vez concluyó su comparecencia ante el juez.

La instrucción mantiene una velocidad media, aunque la investigación avanza sin la notoriedad de otras causas de corrupción como Gurtel, Cooperación o Imelsa, por poner algunos ejemplos. El juez de Sagunto dividió el procedimiento en varias piezas separadas. Una práctica habitual en las macrocausas de corrupción. Así ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Rafael Blasco, las ramificaciones del grupo Correa y el saqueo de la depuradora de Pinedo. Dos son los asuntos que comprometen realmente el futuro judicial de Castellano. El más grave, sin duda, va camino de la Audiencia Nacional: el amaño de contratos en la extinción de incendios.

La detención de Castellano fue precisamente lo que más indignó al entonces delegado del Gobierno. «Delante de sus hijas y su mujer. Eso es lo que más le duele. Lo tiene muy presente», subraya su núcleo más próximo. Opinan que se podría haber evitado ese trámite. No obstante, durante las entradas y registros el titular debe estar presente y una forma de garantizar el procedimiento -que no abandone el lugar por su propia voluntad- es la detención, indicaron fuentes judiciales acostumbradas a este tipo de operaciones.

En un principio, todo apuntaba a un papel director del político en esta trama. Cierto es que su intervención fue decisiva, pero su caso se encuentra lejos de organizaciones criminales -como en alguna ocasión Anticorrupción ha definido a este tipo de redes- al estilo 'Blasco' o Alfonso Rus donde el papel de ambos se situaría en la cúspide de la pirámide delincuencial. No parece ser esta la posición del exdelegado del Gobierno. «Pensar que un conseller se va a dejar sobornar por un rifle para dar un contrato es algo desproporcionado», resumen sus allegados. Es más, recuerdan que la empresa Avialsa trabajaba con la Conselleria de Gobernación desde mucho antes de su llegada.

El juez sostiene, en cambio, que las empresas se repartían el mercado y pactaban no competir entre ellas. Así obtenían el mayor importe posible del concurso al que se presentaban. Se lograba, además, «un incremento del volumen de negocio» a través del aumento del número de aviones, más días de contratación, más horas de vuelo... Ahí entraba en juego el político. ¿Y cómo accedía a esto? «Con dádivas y regalos». Los primeros informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntaban al pago de cacerías por parte del dueño de la empresa Avialsa y otro tipo de regalos. En esas jornadas cinegéticas, al menos en el viaje y la estancia, también participó la mujer de Serafín Castellano.

La policía contabilizó varias escapadas supuestamente costeadas por el dirigente empresarial. Con independencia de la certeza que exista sobre esta circunstancia es un hecho que Castellano fue de cacería con el constructor. Existen fotografías en las que aparecen juntos. Esto por sí solo no es delictivo, pero daña la estética de cualquier administración. También parece acreditado el regalo de un rifle.

El reenganche laboral del exdelegado no resulta tarea sencilla. Ni para él ni para nadie en su situación. El dirigente apenas llegó a ejercer nada más licenciarse. Dos o tres años, quizá menos. De inmediato, se enroló en la política igual que otros estudiantes de Derecho, cuna natural del PP. Y llegó lejos, de la mano de Eduardo Zaplana. Incluso reforzó su influencia en el último gobierno de Alberto Fabra. Fue su secretario general en el PPCV. Enemigos no le faltaban como ocurre cuando mantienes los resortes de una formación política, al margen de su signo. El último fue Alfonso Rus, quien históricamente le ha disputado el control de la provincia de Valencia.

Ahora el reciclaje es imprescindible. Lo primero que hizo fue apuntarse al turno de oficio, una vía para volver a la trinchera judicial. Y ahí sigue. Sin duda, la nómina ya no permite la comodidad de épocas anteriores. De los aproximadamente 80.000 euros al año que ganaba como cargo público ahora se encuentra «pelado» y costea su defensa con la ayuda de su familia, sus padres y hermanos, aseguran desde su entorno. Un procedimiento no de este tipo consume unos buenos ahorros.

Toda esta historia no se entendería sin un testigo clave, el exgerente de la empresa Avialsa, Francisco Alandí. Fue él quien aportó toda la documentación de la compañía que permitió arrancar con las pesquisas. Desencuentros con su jefe Vicente Huerta desembocaron en esta causa judicial. Castellano, en sus únicas declaraciones desde que fue detenido, dijo sentirse víctima de esa guerra empresarial. «Utilizan mi nombre y mi posición en un asunto que me es ajeno». Y desde entonces, silencio.

La causa recalará en la Audiencia Nacional. Castellano ha tratado por todos los medios de frenar esta decisión. Ni estaba de acuerdo con la separación de la causa -cree que los hechos que se le imputan deberían estar desgajados de las ilícitas prácticas empresariales- ni con el destino final del asunto. No sólo es un tema económico -que también- porque sólo en desplazamientos el coste de la defensa se dispara. Influye el temor de que la instrucción y el juicio se retrase en Madrid.

Al margen de esa disparidad de criterios, la causa se encuentra adelantada. Han declarado ya los 26 investigados -algunos se acogieron a su derecho a guardar silencio, como es el caso de Castellano-, numerosos testigos. Queda pendiente un informe de la UDEF sobre parte de la documentación requisada en los registros de la primera operación policial. Y falta, además, el resultado de las comisiones rogatorias tramitadas a Chile, Portugal e Italia, quizá el trámite que más pueda retrasar las pesquisas. Se busca información de los supuestos amaños que se perpetraron en estos países por parte de la trama aérea.

No es esa la única causa en la que permanece investigado Serafín Castellano. El exconseller se encuentra imputado en otras diligencias que han recaído en Instrucción 19. Se investigaba al empresario Taroncher -ya fallecido- quien mantenía una estrecha amistad con el exconseller. Su firma, Construcciones Taroncher y Asociados, recibió numerosas adjudicaciones públicas . El juez destacó el sorprendente incremento de la facturación gracias a esa lluvia de encargos de la Administración, desde actuaciones en la propia sede de la conselleria hasta institutos y empresas públicas. Dos detalles despiertan todas las sospechas de los investigadores. En un año (2006-2007) dobló la facturación sin apenas incrementar el gasto en personal, una circunstancia complicada cuando la firma se dedica a la construcción.

Además, en los dos años siguientes alcanza los tres millones de euros en contratos de la administración valenciana. La investigación reveló la existencia de negocios comunes entre los matrimonios de ambos investigados, así como los inquietantes dos millones de euros que Taroncher acumulaba en Luxemburgo.

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