Las Provincias

La Generalitat no pagará la defensa de un ex alto cargo absuelto de corrupción

El ex alto cargo de la Generalitat, en la entrada del TSJ. :: irene marsilla
El ex alto cargo de la Generalitat, en la entrada del TSJ. :: irene marsilla
  • Josep María Felip, ex director general con el conseller Blasco, solicita 15.000 euros porque en su día la Abogacía del Consell rechazó asistirle

Josep María Felip, el que fuera director general de la Conselleria de Solidaridad con el hoy encarcelado Rafael Blasco por el desvío de fondos destinados a cooperación, reclamó una indemnización tras haber sido absuelto. Felip, que se enfrentó a diez años de cárcel, fue condenado finalmente a siete años de inhabilitación por prevaricación. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó el fallo y le absolvió de todas las acusaciones.

La petición del pago de su defensa se fundamenta en el hecho de que en el inicio de la instrucción, nada más ser detenido junto al resto de la cúpula del departamento autonómico, solicitó ser asistido por la Abogacía de la Generalitat. De hecho, todos los funcionarios y autoridades disponen de este derecho por cualquier delito que se le pueda imputar en el ejercicio de su cargo.

Sin embargo, la Generalitat, tras una primera asistencia, decidió no continuar al ver que existían indicios delictivos en los hechos denunciados y que lo más probable -tal y como ocurrió posteriormente- era que ejerciesen la acusación particular.

La ley contempla estos supuestos, pero recoge que en el caso de resultar absuelto, se debe compensar económicamente. Felip solicitó 15.000 euros más IVA por los servicios de su letrado y procurador. Esto incluía la instrucción desarrollada en el juzgado de Instrucción 21 de Valencia y las posteriores diligencias en el Tribunal Superior de Justicia, que asumió el caso al investigar a un aforado. De igual modo, la reclamación engloba las sesiones del juicio. Cerca de mes y medio de extensas jornadas en el Palacio de Justicia.

No resulta una cantidad muy elevada. Más bien todo lo contrario. La cifra se puede considerar relativamente modesta en comparación con los honorarios de cualquier abogado particular en un proceso de estas características.

La petición se formuló en diciembre. La solicitud se debe hacer ante la conselleria que en su días asumió las competencias del extinto departamento de Solidaridad e Inmigración. La Generalitat encargó entonces un informe a la Abogacía de la Generalitat para averiguar si las circunstancias de Felip encajan con la normativa. El asunto no era plato de buen gusto para el Consell. Como ejemplo, basta recordar las declaraciones que en su día realizó la vicepresidenta Mónica Oltra tras adelantar LAS PROVINCIAS la solicitud de Felip. «Tiene la cara muy dura para pedir ahora que le paguemos el abogado. Después de lo que pasó en cooperación, con los fondos que tenían que ir a las niñas con sida en África, a los niños que estaban pasando una hambruna en Nicaragua y que robaron el dinero», lamentó. Ya entonces adelantó que la Generalitat estudiaría detenidamente el asunto para evitar afrontar un desembolso por este concepto.

El proceso no ha sido rápido. Ni mucho menos. Si la solicitud se tramitó en diciembre, la Abogacía ha tardado más de cuatro meses en elaborar el dictamen que ha sido la base para que la Conselleria de Transparencia deniegue la indemnización de Felip, según fuentes del departamento que no quisieron profundizar en los argumentos.

La resolución puede ser recurrida por la vía Contenciosa. No sería la primera vez. El exdirector general ya acudió a la Justicia tras la negativa de la Administración a pagarle la asistencia en el Tribunal de Cuentas. Entonces reclamó 80.000 euros. Un porcentaje fijo de la cantidad que le reclamaba el gobierno autonómico.

Felip, no obstante, todavía tiene pendiente cuentas con la Justicia. Existen al menos otras dos piezas, la que investiga subvenciones a otras ONG´s y el fallido hospital de Haití, que todavía no han sido enjuiciadas. El ex alto cargo deberá sentarse en el banquillo por estas dos actuaciones.

Esta decisión, que afecta a un caso particular, no obstante, podría tener efectos en otros investigados o juzgados que en su día reclamaron la asistencia jurídica del Consell y les fuera denegada. Existen otros supuestos de altos cargos absueltos. Por ejemplo, en el caso Nóos o algunos procesados en el caso Fitur. Todo dependerá de si previamente solicitaron la asistencia.

La defensa de los altos cargos es una polémica que arranca en 2012. Alberto Fabra, acosado por la sucesión de casos de corrupción en el partido, decide prescindir de la asistencia de la Abogacía de la Generalitat. La oposición había criticado entonces el sinsentido que parecía que personas investigadas por propiciar la malversación de dinero público tuvieran un abogado sin coste.

Esta posición varió hace unos meses, ya con PSPV y Compromís en el Palau. Entonces abrieron la puerta a que los funcionarios -pero también las autoridades- fueran defendidos por la Abogacía incluso en asuntos que podrían estar relacionados con corrupción. Pese a que desde el Consell se negó esta posibilidad, la redacción de la modificación legal permite esa vía siempre que desde la Generalitat consideren que existe una «apariencia de actuación legítima» por parte del funcionario. Un criterio muy subjetivo.

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