El Consell rectifica y adjudicará a empresas que operen en paraísos fiscales

Con la llegada de los calores estivales del año pasado, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz quiso subir la temperatura política un par de grados y avanzó algunos apartados de la nueva Ley de Responsabilidad Social. Explicó Alcaraz que el Consell evitaría que las empresas que operan en paraísos fiscales pudiesen ser adjudicatarias de la Generalitat. Se prohibiría a las adjudicatarias de contratos públicos autonómicos trabajar desde países donde la legislación fiscal sea laxa. Un año después, el anteproyecto de ley ha rebajado sus pretensiones y exigencias fiscalizadores. El Consell se contentará con que las firmas licitadoras se comprometan por escrito a que su actividad en los paraísos fiscales no implica una actividad delictiva.

El Ejecutivo valenciano pretendía inicialmente vetar para sus firmas adjudicatarias un instrumento financiero cuestionado éticamente pero legal, como es operar en países con una tributación que favorece a personas y empresas extranjeras.

Finalmente, Transparencia concreta sus intenciones en esa declaración de intenciones que deberán presentar las empresas en la que certifiquen que su intención no es cometer delitos como el blanqueo de capitales o el fraude fiscal. Así se deduce tanto de la lectura del anteproyecto de Transparencia que actualmente está en fase de análisis por parte de los órganos de control y asesoramiento del Consell como por la contestación que la propia conselleria que dirige Alcaraz ha dado a las preguntas parlamentarias realizadas por el diputado del PP José Císcar.

Una vez anunciados los principales contenidos de la futura ley, Císcar se dirigió a Transparencia, el 1 de septiembre de 2016, para saber «qué controles y mecanismo tiene previsto establecer el Consell en los procedimientos de contratación pública para evitar que empresas con cuentas en paraísos fiscales resulten adjudicatarias». Dos meses más tarde, la conselleria contestó que estaba «estudiando los mecanismos para evitar» las adjudicaciones, si bien en ese momento no se podía concretar cuáles serían los mecanismos específicos.

Medidas concretas

El diputado popular, medio año más tarde, volvió a dirigirse al departamento de Transparencia para saber si «ya ha podido concretar el Consell» el modo de impedir la contratación. Finalmente, el pasado 27 de abril, la conselleria señaló que el Ejecutivo «impulsará» el rechazo a las licitaciones con firmas que operan en paraísos fiscales a través de la incorporación a los contratos públicos de una declaración responsable de los licitadores en la cual se comprometen a no realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas. De este modo, el Gobierno valenciano pasa de impedir la contratación de esas firmas a limitarse a pedir a las licitadoras que se comprometan a no cometer delitos. Una declaración de intenciones similar a la que firman los visitantes a Estados Unidos cuando por escrito se comprometen a que no viajan con el objetivo de atentar contra su presidente.

La ONG Transparencia Internacional cuenta con un listado de cerca de medio centenar de territorios que considera paraísos fiscales. Entre ellos aparecen lugares como Andorra, Malta o Singapur.

Es verdaderamente complicado que la Generalitat pudiese evitar que multinacionales (como las empresas energéticas o de cualquier otra índole, en el sector sanitario, por ejemplo) que habitualmente optan a contratos públicos de la Generalitat no dispongan de cuentas o trabajen financieramente en países considerados como paraísos fiscales. Operar en territorios de esas características no es, actualmente ilegal, pues lo delictivo se considera no haberlo declarado ante la Agencia Tributaria, al margen de la consideración social que reciban las personas y empresas que dispongan de cuentas declaradas en países de muy escasa carga impositiva.

Prohibición atenuada

El borrador de la ley de Responsabilidad Social incorporó en su fase inicial la obligación de que la empresa licitadora se comprometiese, en caso de resultar adjudicataria, «a ejecutar el contrato en criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español».

Finalmente, esa capacidad inquisitiva que pretendía aplicar Transparencia a los contratos públicos se ha visto atenuada. El anteproyecto trasladado a los diferentes órganos de asesoramiento y control, así como al resto de consellerias del Ejecutivo se limita a incluir en su artículo 13 (el relacionado con las cláusulas de responsabilidad social vinculadas a la contratación pública) la idea de incluir cláusulas donde las empresas se comprometan a no delinquir a través de los paraísos fiscales.

Esa declaración de intenciones es un requisito que, en cualquier caso, todavía está pendiente de estudio por parte de los organismos que analizan el anteproyecto, de modo que aún podría verse más rebajado el criterio 'anti-paraísos' del Consell. En este sentido, ya recibió objeciones por parte de la Junta Superior de Contratación por considerar inviable comprobar que las empresas cumplen con aquello a lo que se comprometen debido a una necesaria coordinación con la Agencia Tributaria, de ámbito estatal y muy celosa de los datos fiscales.

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