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Una estación de bicicletas. :: J. MONZO
El juez investiga  a la empresa de Valenbisi en el blanqueo del PP

El juez investiga a la empresa de Valenbisi en el blanqueo del PP

El instructor solicita al Ayuntamiento los expedientes de contratación con la mercantil

A. RALLO

Jueves, 4 de mayo 2017, 00:59

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valencia. La investigación del blanqueo del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia se extiende a una nueva empresa. El instructor acordó ayer solicitar al Ayuntamiento de Valencia el expediente de contratación con la empresa JC Decaux, la mercantil que ofrece el servicio de transporte en bicicleta Valenbisi.

La petición parte de la Fiscalía Anticorrupción. Aunque el escrito no especifica los motivos de esta solicitud de información -el expediente abarca desde el origen del procedimiento hasta la adjudicación- la diligencia pertenece a la pieza en la que se investiga el blanqueo de 50.000 euros por parte de casi medio centenar de cargos y excargos populares. Las pesquisas se ampliaron posteriormente a la financiación ilegal del PP.

El juez abre, de esta forma, una nueva vía de investigación. JC Decaux se hizo con el servicio de bicicletas. Al contrario que ocurre en otras ciudades, el Ayuntamiento no paga a la empresa por esta actividad. La mercantil sólo ingresa la cuota de los usuarios, que este año han vuelto a crecer. A cambio, la firma gestiona la publicidad de cerca de 800 puntos de mobiliario urbano, un jugoso pastel de donde obtiene la mayor parte de los ingresos.

La concesión, que se otorgó en el año 2009, no estuvo exenta de polémica. En su día, responsables del PSPV ya alertaron de que las condiciones suponían «un traje a medida» para la empresa beneficiada. La documentación oficial hablaba de un negocio de 165 millones de euros durante un periodo de 25 años. El PP respondió que la otra aspirante (Clear Channel) había quedado fuera al incumplir la Ley de Contratos del Estado.

La causa del blanqueo, conocida también como la del pitufeo, ha adquirido una magnitud impensable en el inicio de las pesquisas. En un principio, sólo se analizaba la donación de 1.000 euros al PP a cambio de su posterior reintegro de esa cantidad en dos billetes de 500 euros. Pero las sospechas no dejaron de aumentar a medida que los investigadores profundizaban en el asunto. Fue entonces cuando el juez decidió ampliar la causa a un delito electoral continuado, conocido popularmente como la financiación ilegal del partido, durante los ejercicios de 2015 y 2011.

La Guardia Civil elaboró un informe en el que concluía que el PP de Valencia utilizaba una libreta para pagar gastos electorales sin «reflejo contable en las cuentas del partido». Los agentes sostenían que la operativa de la financiación ilegal comenzó al menos en 2006. Recuerda en ese momento los pinchazos telefónicos a Marcos Benavent y María José Alcón que revelaban el amaño de contratos y el cobro de comisiones. Posteriormente, todavía se incorporó a la causa el periodo electoral de 2007, que el PP organizó a través de la empresa Laterne.

Alfonso Grau, el exvicealcalde era la persona de contacto con la mercantil y el supuesto organizador de todos los actos electorales. El exresponsable municipal, casado con la exedil María José Alcón, ha sido imputado en este procedimiento, aunque todavía no ha sido citado a declarar. Las pesquisas se encuentran ya en su última fase a falta de algunos informes y de que se aclaren las sospechas que, al parecer, existen ahora sobre los contratos de JC Decaux.

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