La Audiencia celebra el juicio de Emarsa para evitar la tercera suspensión

valencia. No hubo tercer aplazamiento. El juicio del caso Emarsa, el saqueo de más de 20 millones de euros de la depuradora de Pinedo, proseguirá hoy con las cuestiones previas. La investigación arrancó en noviembre de 2010 y en 2014 terminaron las pesquisas. Un periodo satisfactorio para un asunto de esta magnitud. La Audiencia decidió ayer seguir adelante con la vista pese a que su determinación implica ciertos riesgos. Entre ellos, que las defensas puedan plantear nulidades en el Supremo ante la división de la causa.

La Sala acordó juzgar a todos los procesados por el desfalco de la depuradora que abastece Valencia salvo al empresario de los lodos José Luis Sena. Su participación en la trama delictiva se abordará en otro juicio. Esto se debe a que su abogado de oficio no se presentó ayer a la vista. Esta circunstancia más que una sorpresa era previsible. El letrado lo había adelantado por escrito e incluso a los medios de comunicación. «No voy a presentarme», dijo, por ejemplo, a este diario. Este profesional entiende que se ha producido una estafa procesal y mientras él asumía el caso, otro letrado particular negociaba un pacto con la Fiscalía.

Pudo la Audiencia haber suspendido antes, hace semanas, y señalar una nueva fecha de juicio. Pero no lo hizo. De tal forma, que todo desembocó en lo insólito de que un acusado se siente en el banquillo sin abogado. Otros letrados, en una acción más de cara a la galería y sin apenas fundamento, se ofrecieron a sustituirlo. La Audiencia lo rechazó.

El tribunal anunció que deducirá testimonio para que se investigue si el letrado ausente ha cometido un delito al dejar sin asistencia a uno de los procesados, pero rechazó aplazar la vista. Y todo pese a la oposición de la Fiscalía, la acusación de la Emshi, la Abogacía de la Generalitat y buena parte de las defensas que no dudaron en protestar ante la división de la causa. «Han mostrado su discrepancia, pero sin los argumentos necesarios de por qué les perjudicaría la celebración», indicaron los magistrados. Añadieron, además, un par de sentencias del Supremo que avalarían la decisión ante «lo extraordinariamente dificultoso que resulta la celebración del juicio en unidad de acto».

Algunas fuentes, no obstante, recordaron que esta medida sólo está prevista para los casos en los que un acusado huye y no se presenta a juicio o en los supuestos de una grave enfermedad en la que se ignora cuándo podría estar a disposición del tribunal.

Además, varias defensas recordaron que esta decisión contradice el criterio que asumió en su día la Sala. Así, se remontaron al primer aplazamiento de la vista, en noviembre de 2016. Entonces, el tribunal decidió suspender el juicio a la espera de que el empresario fugado y detenido en la República de Moldavia, Ignacio Roca Samper, fuera extraditado. Sostuvieron entonces la unidad de la causa -el papel del cerebro financiero es capital en la trama- y esperaron el traslado del detenido. Ahora, el criterio ya no es el mismo. Cierto que concurren otras circunstancias. Por ejemplo, que Samper se encuentra en prisión provisional y el hecho de ser una causa con preso marca cierta urgencia. Además, existe cierta sospecha -la Emshi así lo explicó al tribunal- de que toda esta estrategia responde a un plan preconcebido por los acusados para tratar de dilatar el inicio del proceso. Esta hipótesis encaja sin dificultades en el segundo aplazamiento -no tanto en la situación de ayer- cuando la mayoría de los letrados particulares renunciaron sólo con unas semanas de antelación. La Sala se vio obligada a dar más plazo a los letrados del turno para que se estudiaran la causa.

La supuesta trama corrupta de Emarsa operó en torno a dos «negocios» entre 2004 y 2010: uno basado en el incremento de los costes de explotación que contó con el visto bueno de la Epsar -el órgano que controla todas las depuradoras- y que consistió en el desvío de fondos inicialmente dirigidos a pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas. El otro, el de tratamiento de lodos, se basó igualmente en un encarecimiento artificial de las operaciones, sustentado en varias empresas pantalla controladas por varios de los procesados.

La Fiscalía pidió en su día 14 años de prisión para Crespo, Bernácer y Morenilla, 12 para Cuesta y penas que van desde los 8 a los 2 años de prisión para el resto de los acusados. El caso sufrió un vuelco el pasado mes de marzo, justo unas horas antes de que la Audiencia volviera a suspender el juicio. Ignacio Bernácer, uno de los supuestos cabecillas, presentó un escrito en el que admitía que cobró 400.000 euros de comisiones gracias al sistema de desvío de fondos que se diseñó con el tratamiento de lodos. A cambio, el ministerio fiscal y las acusaciones de la Emshi y del PSPV iban a rebajar sus peticiones a menos de cuatro años de cárcel tras la celebración de la vista. Bernácer se comprometió a devolver los 400.000 euros. Además de asumir su responsabilidad apuntaló las acusaciones contra el que fuera su amigo y ex alto cargo de la Generalitat José Juan Morenilla y el exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo.