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Una exposición organizada por el Consorcio. :: lp
El exinterventor del Consorcio de Museos de la Generalitat se enfrenta a seis años por el saqueo de la entidad

El exinterventor del Consorcio de Museos de la Generalitat se enfrenta a seis años por el saqueo de la entidad

Parra Mateu está acusado de desviar casi 50.000 euros con el pago de asesoramientos sin ningún valor o inexistentes

A. RALLO

Martes, 2 de mayo 2017, 20:30

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La investigación de la conocida como 'trama de las asesorías' continúa mostrando de qué forma se desviaron fondos de Ayuntamientos y empresas públicas. Existe un caso especialmente llamativo por el origen y los protagonistas. Se trata del Consorcio de Museos de la Generalitat. La entidad se creó hace más de 20 años y en ella participan las diputaciones y los consistorios de las capitales de provincia. La empresa, como no podía ser de otra forma, está sometida a la misma normativa que la administración.

Parra Mateu era el interventor del Consorcio desde el año 2000 hasta que se vio obligado a dimitir tras destaparse este asunto de corrupción. Está acusado de sustraer unos 50.000 euros de las arcas públicas por el pago de servicios e informes inexistentes. La Fiscalía ha pedido seis años de prisión para el funcionario, conocido ya por la multitud de causas que arrastra relacionadas con la facturación de informes de conveniencia. Fue el ahora acusado, según el ministerio público, quien inducía y guiaba al entonces secretario autonómico para que este le firmara los documentos de pago que él confeccionaba.

No actuaba solo. Disponía de la ayuda y colaboración de Sancho Sempere, el famoso exsecretario de Canet d'en Berenguer y que ya acumula una condena de dos años de prisión por otro asunto de corrupción. Ambos llegaron a pasar unos meses en prisión provisional. En Picassent, al parecer, compartieron momentos de ocio en el patio con el exconseller Rafael Blasco.

La pareja de acusados eran, en realidad, los que controlaban un amplio entramado societario compuesto por las firmas Academia Valenciana de Juristas, Asesores Económicos, Asesores Profesionales y Millena III Milenio. No obstante, ellos no figuraban como administradores. Pretendían ocultar esa relación para evitar la Ley de Incompatibilidades del Sector Público, ya que ambos eran funcionarios. El entramado sólo perseguía un objetivo: generar facturación a su favor. En ocasiones, colocaban a personas al frente de la administración de las firmas, aunque las cuentas bancarias las manejaban ellos. Resulta curioso el caso de la mercantil Asesores Económicos. El funcionario Parra Mateu primero colocó allí a su hija, luego cambió a otra descendente y finalmente la dejó en manos de su esposa. Eran nombramientos de familiares directos «que no tenía capacidad de gestión y administración real». La Fiscalía concluye que ambos procesados «idearon un sistema para saquear de forma sistemática el dinero público».

La comisión delictiva arranca en 2007. Ese ejercicio se facturan 31.900 euros a una de las sociedades anteriores «por trabajos que no se efectuaron». De manera intencionada no se respetó el proceso de contratación. «No consta el objeto, ni aparece en la factura ni tampoco existe documentación que acredite el trabajo». Así, lo recoge un informe contable que consta en la causa. «La maniobra es tan burda» que incluso una factura con fecha 1 de agosto se presentó el día 20 de julio. Se omitieron «todos y cada uno» de los requisitos que rigen la contratación pública.

Esto fue posible porque Parra Mateu -«con desprecio absoluto a la función pública»- se encargó de preparar todos los documentos para que pudieran efectuarse los pagos. No se detuvo ahí la malversación. Al año siguiente se pasó una factura de 3.100 euros por una supuesta asistencia técnica al Consorcio. Era precisamente el interventor el que tiene, entre sus funciones, la de fiscalizar los gastos.

En 2009, de nuevo, una de las empresas de los acusados elabora cuatro facturas por asesoramientos y colaboraciones con la entidad. En algunas de ellas el concepto alude a la elaboración de los nuevos estatutos. Llama la atención que estos no se hayan modificado nunca. En otros supuestos, por ejemplo, se entregan dos informes de Presupuestos del años 2010 cuando la factura es de junio de 2009. Resulta complicado justificar la elaboración de un trabajo con una información y documentos que todavía no se habían creado en el momento que supuestamente se hizo el trabajo, según sostiene la acusación pública.

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