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FERRIOL MOYA
Sábado, 29 de abril 2017, 23:51
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valencia. El grupo popular de Les Corts presentará una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las decisiones adoptadas por la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, y en particular, sobre las «infracciones» que, a juicio de los populares, podrían haberse producido en relación con los procedimientos laborales y administrativos que ha seguido este organismo y entre los que se incluye la retribución al presidente del consejo rector, Enrique Soriano.
La dirección del PP valenciano confirmó ayer a LAS PROVINCIAS la decisión de presentar de forma inmediata esta solicitud en la Cámara autonómica. El objetivo, aclarar las circunstancias que han rodeado la contratación y el pago al presidente del consejo de la futura RTVV durante 2016. Tal y como ha venido detallando este diario, la Corporación abonó a Soriano un total de 11.604 euros por la labor realizada a lo largo de 2016. El presidente del consejo rector había tomado posesión del cargo el 26 de octubre, en un acto solemne que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat y con la presencia de Ximo Puig y Mónica Oltra. Pero pese a tomar posesión esa fecha, el alta en el registro general de la Seguridad Social no se produjo hasta casi dos meses después, el 20 de diciembre. El citado organismo comunicó que la fecha oficial de alta «con retraso» era del 12 de diciembre. Es decir, Soriano cotizó a la Seguridad Social durante 19 días, aunque percibió un sueldo que, como la propia Corporación reconoció, correspondía a dos meses y cinco días -el periodo de tiempo comprendido entre la toma de posesión y el 31 de diciembre-.
Aunque la Corporación asegura haber abonado a la Seguridad Social la parte de esas obligaciones correspondientes a los dos meses y cinco días, los populares sostienen que esa circunstancia constituye una irregularidad que puede ser motivo de sanción por parte de la Inspección de Trabajo. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntan a un posible «fraude de ley» en relación con estos hechos.
Los populares consideran que junto a esta circunstancia es necesario comprobar la legalidad de las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por Soriano como presidente del consejo. Durante el periodo comprendido entre la toma de posesión -26 de octubre- y el alta en la Seguridad Social -tramitada el 20 de diciembre y con fecha del 12 del mismo mes-, Soriano y la nueva televisión adoptaron diversas decisiones, firmaron contratos y celebraron reuniones del consejo de administración. Todo ello, sin que el presidente de este órgano estuviera inscrito legalmente ni cotizando. Entre esos contratos, el que tiene fecha del 16 de diciembre -el día que lo firmó, el presidente del consejo seguía sin estar de alta- y por el que se firmó a la empresa que se encargó de gestionar precisamente todas estas cuestiones laborales y administrativas.
Algunas fuentes consideran que los acuerdos adoptados o firmados por el consejo durante ese periodo de tiempo podrían ser susceptibles de anularse, dado que la autoridad laboral no tendría constancia oficial de la realización de ese trabajo.
Los populares recuerdan además que la Corporación acumula retraso en otras decisiones de carácter administrativo que podrían generar diversas sanciones. Entre ellas, que la fecha en la que el citado organismo se dio de alta ante la Agencia Tributaria -como declarante de obligaciones fiscales- fue en marzo de 2017, casi seis meses después de la toma de posesión del consejo. El PPCV advierte de que este tipo de demoras podrían derivar en multas y exigen que se depuren responsabilidades.
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