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EFE
Jueves, 27 de abril 2017, 00:44
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valencia. Tres administrativos de Imelsa citados ayer a declarar como testigos han atribuido a la exjefa de Recursos Humanos María Escrihuela la responsabilidad de haber contratado a personal «zombie», es decir, aquel que supuestamente no desempeñó tarea alguna en la empresa o que ni siquiera acudió a su trabajo.
Estas declaraciones, según informaron a Efe fuentes conocedoras de las mismas, se enmarcan en la pieza separada B del caso Imelsa, abierta por prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental, con una veintena de imputados.
Entre ellos se encuentran el expresidente de la Diputación Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent o la exjefa de personal, María Escrihuela.
Los tres administrativos, citados en calidad de testigos, coincidieron en atribuir a Escrihuela el control de todas las contrataciones de personal, e indicaron que creen que recibía órdenes del entonces gerente, Marcos Benavent, en calidad de su superior jerárquico. Explicaron que algunos de los contratos que se suponen irregulares se firmaron directamente en el despacho de Escrihuela, a diferencia del resto, y que la mayoría se encuadraron en el mismo escalafón profesional, con sueldos muy similares -cuando no idénticos-, sin baremación ni concurso previo alguno. Los administrativos negaron cualquier responsabilidad en las supuestas contrataciones arbitrarias efectuadas en el seno de Imelsa, a pesar de que, como han reconocido, en ocasiones un directivo responsable de las brigadas forestales acudió a uno de ellos para pedirle que contratase a una persona indicándole que Marcos Benavent ya lo sabía.
Sin embargo, esta operación no fructificó, detalló, porque Escrihuela ejercía el control de todo el personal, según las mismas fuentes. Los administrativos que declararon ayer como testigos han afirmado desconocer varios documentos que obran en la causa relativos a la acreditación que cada consejero de Imelsa debía elaborar para justificar el trabajo desarrollado por asesores contratados a su cargo, cuando legalmente deberían haber intervenido en estas justificaciones.
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