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BURGUERA
Jueves, 27 de abril 2017, 00:44
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«En algunos equipos no tenemos ni el Office, ningún político quiere que tengamos más medios, sólo nos dan un portátil a cada uno», afirmó el fiscal Anticorrupción de Valencia, Vicente Torres, en un programa de televisión de La Sexta. Durante la noche del 16 de abril, el fiscal explicó su precario modo de trabajar y sus nulas esperanzas de que algún día mejore la situación. La declaración televisiva sublevó a la consellera de Justicia, que se tomó muy mal el comentario de Torres. Ayer, Gabriela Bravo afeó a su colega (se conocen desde hace años, pues la consellera ejerció como fiscal hasta su incorporación al Ejecutivo valenciano) la crítica por la falta de medios, que, de hecho, la titular de Justicia negó categóricamente. Bravo afrontó una sesión en Les Corts de control al Gobierno valenciano dura, pues Podemos apuntó todas sus baterías hacia la que fuera fiscal y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial. Los podemistas criticaron en primer lugar los cambios realizados por Bravo en el organigrama de la conselleria (sustitución del subsecretario y de una directora general, adelantado por LAS PROVINCIAS) por ralentizar las reformas judiciales. El partido morado también puso en duda el modo en que Justicia está desmantelando Favide (Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito) ante el temor de que la ciudadanía se quede sin asistencia y los nuevos responsables del servicio no ofrezcan el mejor perfil posible. Finalmente, Podemos interrogó a Bravo por la falta de peritos para luchar contra el fraude y preguntó qué hace la conselleria para que los fiscales tengan más medios, tal y como denunció Torres.
La declaración del fiscal Anticorrupción de Valencia «sorprendió a propios y extraños porque no hay constancia de peticiones de más medios», replicó Bravo en Les Corts, que al escuchar hace diez días a Torres descolgó el teléfono y llamó directamente a la responsable de la Fiscalía Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, para interesarse por la situación. De ahí lo de la sorpresa de los «propios» a la que aludió la consellera, según fuentes vinculadas al mundo judicial. El cuestionamiento de la queja de Torres generó estupor en las filas del tripartito. Los más veteranos en la lid política consideraron que Bravo cometió ayer «una torpeza» al enfrentarse con el fiscal Anticorrupción, que está embarcado en multitud de instrucciones, en su inmensa mayoría vinculadas a la gestión del anterior Consell del PP, por lo que negar la afirmación de Torres se interpretó que podría ser considerado como un modo de restarle credibilidad.
El portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, arrancó la fiscalización de la política judicial del Consell expresando la preocupación de su grupo ante la «zozobra» que han provocado tanto en la propia conselleria como en parte del Consell los últimos relevos en el segundo escalón de la Conselleria de Justicia. El pleno del Consell nombró a finales de marzo a Bárbara López Ramón nueva subsecretaria en sustitución de Luis Felipe Martínez, que se había convertido en uno de los pilares del actual Ejecutivo pero con el cual Bravo mantenía una relación tirante. A la vez, se anunció la marcha de la directora general de Justicia Maria Àngels García Vidal, dimisión que propició la llegada de Verónica López Ramón.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que las líneas maestras del departamento se mantienen y estos son cambios «normalizados» en cualquier Ejecutivo. No obstante, fuentes del Gobierno valenciano admitieron en el momento de los cambios que las sustituciones generaban serias dudas a una parte del Consell.
Montiel preguntó a Puig cuál es la hoja de ruta del Consell para conseguir una mejora de la administración de justicia después de los cambios, a lo que el presidente señaló que tras una primera etapa de actividad en la que el Ejecutivo apostó por el desarrollo normativo, con el decreto de creación de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), el reglamento de asistencia jurídica o el borrador de la ley de mediación, la segunda etapa estará centrada en la ejecución eficiente de lo planificado. «Estamos siguiendo la hoja de ruta del Acord del Botànic», aseguró Puig, para salvaguardiar las decisiones de Bravo, situada al frente de la conselleria por el PSPV.
El portavoz de Podemos puso en cuestión los avances en el modelo de justicia gratuita o en la gestión de los recursos humanos de Justicia (con más de la mitad del personal interino), además de mostrar sus dudas sobre el proceso de implantación de la oficina judicial y la clamorosa demora en la oficina fiscal.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2017, además de ser «tremendamente injustos con la Comunitat», la justicia «sigue sin ocupar el lugar que merece», comentó Montiel, quien lamentó que parece que el Gobierno de Rajoy «está más interesado en controlar la judicatura o fiscales» que en dotar de órganos jurisdiccionales a la Comunitat, donde no se crean nuevas unidades desde 2009. Al respecto, advirtió: «Espero que el PSPV sea coherente y mantenga, esta vez sí, el 'no es no' a los PGE y comparta nuestra enmienda a la totalidad».
Puig replicó que el Consell heredó de manos del PP una justicia en un estado «absolutamente lamentable» con infraestructuras en las que es «imposible trabajar» y carencias a nivel informático, y se trabaja para mejorar la atención a los ciudadanos, por ejemplo, a través de una red de OAVD a la que se unirán gabinetes psicosociales comarcales en todo el territorio para atender a menores, un servicio que hasta ahora solo se daba en València. Esta nueva infraestructura contará con un millón de euros y estará en marcha antes de verano. En el turno de réplica, la podemista Fabiola Meco expuso la falta de medios en Anticorrupción, haciéndose eco de las quejas de Vicente Torres, lo que provocó la airada respuesta de Bravo negando la mayor.
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