Borrar
Alfonso Rus, a su salida de la Ciudad de la Justicia tras pedir prisión Anticorrupción. :: jesús signes
La Generalitat investiga si hay más trabajadores ficticios en la empresa Ciegsa

La Generalitat investiga si hay más trabajadores ficticios en la empresa Ciegsa

La Abogacía preguntó a una testigo durante la última declaración sobre un listado con supuestos empleados de la firma

A. RALLO

Lunes, 24 de abril 2017, 19:41

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Ciegsa, la empresa encargada de la construcción de colegios públicos, concentra buena parte de la corrupción detectada hasta la fecha en el caso Imelsa. La Guardia Civil todavía tiene que entregar en el juzgado un informe más completo acerca del amaño de las adjudicaciones y los sobrecostes que supuestamente se registraron en la edificación de numerosos centros educativos. Pero, al margen de esta vía, se investiga también la contratación de zombis: personas que cobraban una nómina de la empresa pública, pero que carecían de cualquier ocupación real en la sociedad.

El informe preliminar de la Guardia Civil reveló sospechas acerca de cuatro trabajadores, que se dedicaban a las relaciones institucionales, según fuentes del caso. En esta pieza se encuentran imputados tanto el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, como el que fuera responsable de Ciegsa, Máximo Caturla. Recientemente se produjo la declaración de otra trabajadora de Ciegsa, que acudió al juzgado como testigo. Esta es una de las piezas que menos atención genera de acuerdo al número de imputados. Durante su comparecencia se produjo un hecho ciertamente significativo. El abogado de la Generalitat -el Consell ordenó la personación en prácticamente todos los asuntos de corrupción de la etapa del PP- comenzó a preguntar acerca de un amplio listado de nombres. La testigo respondía acerca de si los conocía o no como compañeros en la propia empresa pese a que la sociedad contaba con dos sedes diferentes.

Las respuestas fueron seguidas con lógica atención por el funcionario de la Generalitat. El juez no cortó el interrogatorio y, al parecer, las partes tampoco protestaron acerca de unas preguntas basadas en datos que no constan en la causa. El abogado inquirió acerca de más de 20 personas, según fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS. La Generalitat sospecha de que hubo más zombis en la empresa pública de los descubiertos por la Guardia Civil. Si el Consell confirma sus indicios, incorporará el listado a esta pieza separada.

No resultaría, por otra parte, extraña la aparición de más contrataciones ficticias. Cabe recordar que la empresa Imelsa, que manejaba un presupuesto considerablemente menor, tenía bajo su sustento a más de una docena de trabajadores sin ocupación real. Ciegsa, con un aparato y presupuesto mayor, constituía, sin duda, una mayor fuente para alimentar los estómagos agradecidos de la etapa popular.

Los investigadores hace ya semanas que aseguran que la instrucción de estas dos piezas afronta su recta final salvo que la investigación de la Generalitat concluya con una nueva remesa de investigados. En esta pieza resta todavía por recibir algunas de las diligencias que solicitó el fiscal del caso hace unas semanas. Entre ellas, figura requerir a Ciegsa para que informe si Máximo Caturla, máximo responsable, disponía de una tarjeta corporativa con cargo a los fondos públicos, tal y como informó LAS PROVINCIAS.

Los investigadores pretenden fiscalizar el uso que pudo hacer de ese privilegio. No es la primera vez que se descubren gastos de difícil justificación con tarjetas de la Generalitat. Recientemente, por ejemplo, la Intervención de la Generalitat reveló que dos exdirectivos de Vaersa gastaron 138.525 euros. De ellos, 45.265 euros fueron extracciones en efectivo a través de diversos cajeros automáticos. Sin duda, la operación más sospechosa. Entre los cargos analizados se incluyen también abonos en restaurantes -12.000 euros en un mismo establecimiento en 89 ocasiones, 65 de ellas en sábado o domingo-; clínicas veterinarias, grandes almacenes, tiendas de bricolaje e incluso el sorprendente cargo en una estación de esquí.

También reclamaron los expedientes de contratación de los supuestos cuatro empleados que cobraban una nómina, pero no desempeñaban ninguna actividad para la empresa.

El auto que dio inicio a esta causa sostenía que Alfonso Rus y Máximo Caturla, gracias al poder que tenían ambos en el PP (presidente provincial y vicepresidente) y los cargos que ocupaban en las administraciones, habrían impulsado la contratación irregular de trabajadores en la empresa pública. Rus «habría ordenado», mientras Caturla «habría llevado a cabo». En sus declaraciones ante el instructor, al parecer, el responsable de Ciegsa admitió que el partido proponía a trabajadores -Rus también lo hizo- pero no se trataba de una imposición. Caturla aclaró que en otros supuestos también se contaba con gente ajena al partido.

La siguiente resolución de entidad para ambas piezas -Ciegsa e Imelsa- sería el auto de incoación de procedimiento abreviado, que se espera para antes del verano. En este punto resultará clave si el juez finalmente incluye a los diputados provinciales de PSPV, Compromís y EU por la contratación irregular de asesores. Algunos incluso reclamaron su parte del «pastel» al comprobar que otros disponían de este privilegio y ellos no.

Los asesores

El informe de la UCO no hace distinciones entre los partidos políticos. Ni respecto a las personas que lo autorizaban y las que lo solicitaban. En la misma línea sitúa a Rus, Llopis y Medina (PP); José Manuel Orengo y Raúl Pardós (PSPV), Emili Altur (Compromís) y Rosa Pérez (EU). Esta última fue precisamente la que denunció el caso y aportó las famosas grabaciones que le había entregado el exsuegro de Benavent. «Todos eran conocedores y conscientes de la forma en la que fueron contratados los asesores y el destino de los mismos», recoge el dossier. La mayoría declaró como imputados en la Guardia Civil.

Pero quizá se queden fuera. El motivo sería que los contratados, aunque de forma ilegal, sí realizaron un trabajo real y, por tanto, no se habría producido una malversación. Esto dejaría la irregularidad en el terreno administrativo. Otras fuentes, en cambio, mantienen que sí deben ser procesados.

Los que parece que no tendrán escapatoria son los que cobraban una nómina sin acudir a trabajar. Alfonso Rus, según las investigaciones, era el que ordenaba las contrataciones y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, el que las ejecutaba.

El resto de la causa

Todavía quedan numerosos aspectos por investigar en la macrocausa Imelsa. La pieza del blanqueo en el Grupo Municipal del PP está a la espera de cerrarse el apartado de Laterne, la supuesta financiación irregular del PP en las elecciones de 2007. Pero también el grueso de la instrucción está completado. El casi medio centenar de cargos populares han negado que les devolvieran los 1.000 euros que aportaron para la campaña del PP. Pero cuatro testigos mantienen que la trama existió y al menos una de las investigadas reconoce el reintegro y que no admitieron que los devolviera.

Sin embargo, todavía existen asuntos sobre los que no se ha profundizado, el cobro de comisiones, la financiación irregular del PP y el papel de la cúpula del partido, el blanqueo de dinero de Rus...

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios