El Consell de Transparencia impide que el Ejecutivo audite los pisos de la banca

El Consell de Transparencia ha emitido un informe donde se advierte al Ejecutivo valenciano de que le será imposible cumplir con un mandato de Les Corts. La Cámara aprobó por unanimidad a finales de 2015 que se instase al Gobierno autonómico a dar cuenta de qué hacen los bancos en materia de desahucios, cuál era su talante y su trayectoria y si colaboraban con la Generalitat en políticas de vivienda. La medida impulsada desde el parlamento valenciano pretendía apretar las tuercas a las entidades financieras para que colaborasen bajo la amenaza del escarnio público. Sin embargo, el Consell de Transparencia, consultado por el subsecretario de Vivienda, el socialista Francesc Signes, ha determinado que el Ejecutivo no tiene competencia para difundir los datos de las entidades financieras privadas relativos a su política de vivienda.

El dictamen del órgano consultivo puede ser la primera de una serie de matizaciones a la política habitacional puesta en marcha por el tripartito (PSPV, Compromís y Podemos). La primera, y quizá no la última.

María José Salvador, consellera de Vivienda, anunció a finales del pasado mes que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy barrunta recurrir al Tribunal Constitucional la ley de función social de la vivienda en el caso de que no sea modificada. El primer paso para evitar que la normativa del Consell acabe ante el TC ha sido crear una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias. Uno de los puntos que cuestiona el Gobierno de la ley valenciana es el papel que adopta la Generalitat de mediación entre bancos y particulares para paralizar un desahucio. Se contempla la opción de que el afectado pueda continuar en el inmueble con un alquiler con opción a compra (en vez de compraventa) o, si no dispone de recursos, con un alquiler social. Si la entidad bancaria se niega a formalizar ese contrato y el piso queda vacío, la Generalitat podrá expropiarlo por un máximo de tres años.

Antes, sin embargo, el tripartito ya había aprobado medidas para intentar poner a los bancos de su lado. Hace 18 meses, en un pleno de Les Corts se dio unanimidad en torno a una moción por la que se interpela al Consell para que haga pública en el Portal de Transparencia de la Generalitat el nombre de las entidades financieras que operan en la Comunitat, junto con su posicionamiento sobre los desahucios y la propuesta de moratoria acordada en el seno de la mesa para la prevención de los desahucios, así como la trayectoria de esos bancos en cuestiones de vivienda e hipotecas.

Signes solicitó a la Abogacía de la Generalitat un informe sobre el cumplimiento de aquella iniciativa. La moción parlamentaria la presentó Podemos pero finalmente fue suscrita por todos los grupos parlamentarios en un momento (a un mes de las elecciones generales de 2015 que posteriormente se repitieron en junio de 2016) en el que ningún partido quería aparecer como aislado o ajeno a los temas sociales más sensibles.

Sin embargo, la iniciativa impulsada desde Les Corts era de gran enjundia, pues suponía obligar a los bancos a rendir cuentas sobre su política de hipotecas y desahucios, y además debían hacerlo a través de la web de Transparencia de la Generalitat. Abogacía afirmó que se carecía de precedentes administrativos y jurisdiccionales, por lo cual se debía consultar también al Consell de Transparencia, un modo suave y educado de compartir la 'patata caliente'. El informe elaborado por parte del órgano consultivo dependiente de la conselleria que dirige Manuel Alcaraz objeta frente a las intenciones de la Cámara que la difusión de los datos de la banca «sólo podrá aplicarse a aquellas entidades que puedan ser considerados organismos públicos». Es decir, bancos de titularidad pública, al estilo de Argentaria, que desapareció en 1998. Tras la caída y reconversión de las cajas de ahorro (último rastro de banca participada por entidades públicas), no queda más entidad financiera pública que instituciones como el ICO o, en la Comunitat, el IVF.

De este modo, las intenciones de auditar y difundir la política bancaria en materia de desahucios quedaría en papel mojado. El Consell de Transparencia deja claro en su informe que la moción aprobada en Les Corts no afecta a la banca privada, es decir, a todo el entramado financiero que actualmente interviene en la compra y venta de viviendas.

Desde el organismo dependiente de la consellería de Alcaraz se reconoce que la publicación de los datos de los bancos pretende que «los consumidores puedan consultar esa información y protegerse jurídicamente frente a la política sobre hipotecas que han llevado durante mucho tiempo las entidades financieras»; sin embargo, en ese mismo informe se indica que el Consell sólo tiene competencia para dirigirse a bancos de titularidad pública, lo que limita casi absolutamente la capacidad del Ejecutivo valenciano, al que la cruda realidad no le pone las cosas fáciles. En las últimas semanas ha recibido duras críticas por parte de Podemos por su «falta de diligencia» a la hora de poner en marcha políticas relacionadas con mejorar la oferta de vivienda pública. «En enero anunciaron un plan de choque. Estamos en abril y aún no han presentado ese paquete de medidas», señaló en el último pleno el síndic podemista en Les Corts, Antonio Montiel, quien preguntó al Consell: «¿Qué parte de la palabra 'choque' no entienden?».

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