Las Provincias

El Consell aprobó pagar 86 millones en 38 expedientes sin licitar los servicios

Una sesión plenaria del Gobierno valenciano. :: damián torres
Una sesión plenaria del Gobierno valenciano. :: damián torres
  • El PP critica que Puig y Oltra «no cumplan la ley de contratos» y gobiernen «a golpe de órdenes de enriquecimiento ilícito»

El Consell aprobó en una sola sesión el pago de 86,4 millones de euros repartidos en 38 expedientes sin realizar una licitación o un concurso para adjudicar los servicios prestados por diferentes empresas. Son los llamados ahora expedientes «de rescabalament», aunque técnicamente su denominación es la de «enriquecimiento ilícito».

La del 23 de diciembre fue una de las últimas sesiones plenarias del año pasado y justo en esa el Consell dio el visto bueno al desembolso de esos 86,4 millones. Mediante este sistema del enriquecimiento ilícito -también se le llama injusto- el área de Presidencia sacó adelante cinco expedientes por un montante de 148.390 euros. El mayor de ellos, 115.631 euros, «por obligaciones contraídas en 2016 con Clece SA», empresa dedicada, entre otras cuestiones, a limpieza, ayuda a domicilio y servicios de gestión de residuos sólidos.

«Es una forma ilegal de gestionar la Administración», aseguró Rubén Ibáñez, responsable del área de política económica del grupo parlamentario del PP.

Ibáñez criticó «esta la forma de gobernar que tienen Puig y Oltra», que cuenta «con informes desfavorables de la Intervención de la Generalitat» porque «no cumplen la ley de contratos y no los licitan, gobiernan a base de órdenes de enriquecimiento ilícito», indicó el dirigente popular.

Desde el área de Hacienda de la Generalitat reconocen la existencia de estos expedientes. Indican que se produce esta circunstancia, por ejemplo, cuando finaliza un contrato de servicios, se tramita la nueva licitación pero no puede dejar de prestarse el servicio; la empresa continúa hasta la adjudicación nueva y se le paga en las mismas condiciones del contrato anterior. Tramitar expedientes de un monto relevante puede tener una duración de unos nueve meses, indican.

En aquella sesión del 23 de diciembre pasado a la vicepresidencia y la conselleria de Igualdad, que recaen en Mónica Oltra, se le aprobaron nueve expedientes «de rescabalment», por importe de 5,3 millones de euros. El mayor de todos fue de 2,1 millones, para las adjudicatarias del servicio de gestión integral «de diversos centros de personas mayores y dependientes, gestión de servicio público y servicios en septiembre de 2016».

Casi dos millones de euros más fueron a parar «a favor de las empresas adjudicatarias de las gestiones integrales y las gestiones de servicios público mediante concierto y contratos de servicio en 2016». Esa era toda la concreción. Fue un dinero que se pagó a empresas que en su día se impusieron en un concurso pero se les efectuó ese pago por los servicios prestados al margen de que ganaran una determinada licitación.

Es el mismo caso de otro de estos expedientes, esta vez el coste fue de 830.325 euros «a favor de empresas adjudicatarias de los servicios de gestión integral de diversos centros para personas con diversidad funcional en 2016». También se autorizó un expediente de este tipo para abonar «el suministro de energía en 2014, 2015 y 2016» por importe total de 6.165 euros a favor de Gas Natural. Aquí se pagó un servicio que se empezó a prestar hace dos años, cuando estaba Alberto Fabra en el gobierno.

Al departamento de Hacienda se le aprobaron dos, 14.804 euros de Solred y 160.676 de Sertelsa.

La conselleria de Justicia y Administración Pública consiguió que el pleno le aprobara 11 expedientes cuyo valor conjunto ascendió a 3,1 millones de euros. La empresa Transvia, con 1,1 millones de euros y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, casi con la misma cantidad, obtuvieron los dos tercios del dinero aprobado para el área de Bravo.

La Educación de Vicent Marzà consiguió cuatro expedientes de enriquecimiento ilícito, uno de ellos de 544.788 euros «a favor de diversas empresas por sus servicios prestados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016».

El expediente de enriquecimiento ilícito o injusto también se da en Sanidad con las facturas sin cobertura presupuestaria. En este caso sólo tiene dos expedientes, pero uno vale más que el resto: «Autorización del expediente 'de rescabalament' 36/2016 y la imputación al presupuesto de 2016 de las obligaciones adquiridas durante 2016 por la prestación de servicios y suministros por importe de 72,7 millones de euros». El otro es de 2,1 millones.

Economía tiene cuatro expedientes, por un montante de 369.116 euros, y la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente solamente uno, un pago a Tragsa por 1,4 millones de euros «por las obligaciones adquiridas en 2015».

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