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El juez pide a Ciegsa que le envíe el extracto de la tarjeta de crédito de Máximo Caturla

El juez pide a Ciegsa que le envíe el extracto de la tarjeta de crédito de Máximo Caturla

El instructor solicita además informes de la Sindicatura de Comptes y los contratos de alquiler de unas oficinas de la empresa pública

A. RALLO

Martes, 28 de marzo 2017, 20:44

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La pieza de las contrataciones ficticias en Ciegsa es una de las aparentemente más sencillas dentro de la complejidad que arrastra la causa de Imelsa. El fiscal solicitó recientemente una serie diligencias para impulsar estas pesquisas. Entre ellas, figura requerir a Ciegsa para que informe si Máximo Caturla, máximo responsable de la empresa encargada de la construcción de los colegios en la Comunitat, disponía de una tarjeta corporativa con cargo a los fondos públicos.

Los investigadores pretenden fiscalizar el uso que pudo hacer de ese privilegio. No es la primera vez que se descubren gastos de difícil justificación con tarjetas de la Generalitat. Recientemente, por ejemplo, la Intervención de la Generalitat reveló que dos exdirectivos de Vaersa gastaron 138.525 euros. De ellos, 45.265 euros fueron extracciones en efectivo a través de diversos cajeros automáticos. Sin duda, la operación más sospechosa. Entre los cargos analizados se incluyen también abonos en restaurantes -12.000 euros en un mismo establecimiento en 89 ocasiones, 65 de ellas en sábado o domingo-; clínicas veterinarias, grandes almacenes, tiendas de bricolaje e incluso el sorprendente cargo en una estación de esquí.

El instructor ordena que, en caso de que el investigado dispusiera de esa tarjeta, envíen el extracto durante el periodo analizado.

No es la única diligencia acordada en esta pieza. También se ha solicitado el expediente de contratación de los supuestos cuatro empleados que cobraban una nómina, pero no desempeñaban ninguna actividad para la empresa. El auto que dio inicio a esta causa sostenía que Alfonso Rus y Máximo Caturla, gracias al poder que tenían ambos en el PP (presidente provincial y vicepresidente) y los cargos que ocupaban en las administraciones, habrían impulsado la contratación irregular de trabajadores en la empresa pública. Rus «habría ordenado», mientras Caturla «habría llevado a cabo». En sus declaraciones ante el instructor, al parecer, el responsable de Ciegsa admitió que el partido proponía a trabajadores -Rus también lo hizo- pero no se trataba de una imposición. Caturla aclaró que en otros supuestos también se contaba con gente ajena al partido.

Las contrataciones se hicieron sin respetar los requisitos administrativos, sostiene la resolución judicial. En este sentido, Anticorrupción ha solicitado los informes de la Sindicatura acerca de la empresa pública durante dos ejercicios. De igual modo, requiere información sobre si Hacienda había autorizado la incorporación de los empleados bajo sospecha. La ausencia de este requisito, por ejemplo, ha llevado recientemente al banquillo al exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla por enchufar a cinco trabajadores, según la Fiscalía. Por último, el juez también ha requerido a la empresa pública el contrato de alquiler de unas oficinas de Ciegsa.

Archivo contra Rosa Pérez

El Juzgado de Instrucción número 14 de València, por otra parte, ha archivado la querella por presuntas injurias y calumnias presentada por el exgerente de Imelsa, Rafael Soler, contra la diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo. En dicha querella, Soler acusaba a la diputada de injurias al imputarle, en una rueda de prensa realizada 22 de abril de 2015, la supuesta autoría de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. Además, le reclamaba el pago de 15.000 euros en concepto de indemnización por «vulneración de su derecho al honor». El juez ha resuelto que la diputada de Esquerra Unida se limitó a entregar a los medios de comunicación unos documentos que obran en la causa sin implicar directamente al querellante.

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