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Sergio Blasco, ayer, sale por la puerta trasera de la Ciudad de la Justicia. :: juanjo monzó
El exgerente del General elude la cárcel tras un ingreso de 80.000 euros

El exgerente del General elude la cárcel tras un ingreso de 80.000 euros

El juez acuerda la libertad con fianza de 35.000 euros para los supuestos testaferros y otras medidas para los otros cuatro arrestados en la operación

A. RALLO

Sábado, 25 de marzo 2017, 00:11

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valencia. Todos los integrantes de la supuesta trama de amaño de contratos del Hospital General a mercantiles en la órbita de la familia Blasco durmieron anoche en sus domicilios. Se acogieron a su derecho a no declarar, una decisión algo más que habitual en causas que se encuentran bajo secreto. Los abogados lo recomiendan a la espera de que se levante el secreto y conozcan con detalle todos los indicios con los que cuentan los investigadores. La Fiscalía Anticorrupción pidió prisiones eludibles con fianza y el juez acordó una, aunque con cantidades inferiores a la solicitud del Ministerio Público.

La Policía Nacional trasladó a primera hora de la mañana a todos los detenidos a los calabozos de la Ciudad de la Justicia. Fuentes policiales informaron el pasado jueves de la detención de nueve personas, entre ellas dos sobrinos del que fuera siete veces conseller de la Generalitat. Se trataba de Sergio Blasco, el que fuera gerente del Hospital General durante más de una década y su hermano Francisco Blasco. No obstante, la realidad es que sólo siete arrestados comparecieron ante el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que instruye la causa, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Una octava persona acudió voluntariamente a la sede judicial.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó cárcel eludible con fianza de 180.000 euros para el experto en gestión sanitaria. El instructor decretó la prisión provisional, pero rebajó la fianza a 80.000 euros, una cantidad más asumible para evitar el peor desenlace: el ingreso en la penitenciaría. Unas horas más tarde, una transferencia de 80.000 euros a la cuenta de consignaciones del juzgado le permitía recuperar la libertad. Su mujer, que es hija del primer matrimonio de Consuelo Císcar, había esperado buena parte de la mañana en el interior de la Ciudad de la Justicia para conocer las novedades sobre su marido.

Para otros dos detenidos en la supuesta red delictiva, el juez acordó su libertad con una fianza de 35.000 euros. Se trata de los dos empresarios que supuestamente actuaban como testaferros de la trama, según la denuncia inicial de Esquerra Unida, que ha ampliado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante cerca de un año y medio de investigación. Los empresarios son José Escandell y Miguel Sanfélix. Ana Clares, accionista de Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, también se enfrentaba al pago de una fianza, pero el instructor rechazó imponer esa medida. Para el resto, entre los que figura el otro sobrino del exconseller, Francisco Blasco, se acordó la libertad con distintas medidas cautelares, que van desde las comparecencias periódicas en el juzgado hasta la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, según el comunicado difundido por el TSJ.

El juez y el fiscal investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude y cohecho. Las pesquisas siguen bajo secreto. Una de las diligencias más habituales que se suele acordar en investigaciones de este tipo es un informe de las cuentas y el patrimonio de todos los investigados y familiares más próximos.

La trama del Hospital General sigue el modelo delincuencial ya repetido en otros asuntos de corrupción en la Comunitat. Se trata del supuesto amaño de contratos para un grupo de empresas con las que existiría una relación societaria o incluso accionarial con mercantiles controladas por la familia del exgerente. No es original en su mecánica. Gürtel o Imelsa ya desarrollaron este modelo. Sin embargo, fuentes policiales descartaron ayer que estos hechos estén de alguna manera relacionados con la financiación ilegal del PP. De entrada, parece un asunto más vinculado a intereses particulares.

El montante de las adjudicaciones ascendía a 29,4 millones de euros, los principales, de 18,8 y 10,5 millones de Sanidad a Out-Log, con fechas 2010 y 2007, para la gestión del servicio público mediante concesión, en el primer caso, de la logística del Departamento de Salud Valencia La Fe, en el antiguo y nuevo centro, y el servicio integral de logística para el Hospital General y el área de influencia.

Las sociedades del presunto testaferro mantienen relaciones societarias con otras firmas vinculadas de manera más directa a la familia Blasco. Por ejemplo, así ocurre con Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL que, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, fue vendida el 14 de mayo de 2012 a Francisco José Blasco Perepérez, «presumiblemente hermano de Sergio Blasco», según la denuncia.

A partir de ahí, existen una serie de conexiones con varias empresas vinculadas al negocio sociosanitario y localizadas en Alzira, como que Francisco José Blasco figuraba también como administrador de Solana Cantal Gros, donde un hermano del exconseller Blasco era apoderado y Gisela Blasco Perepérez, exedil de Gandia, fue administradora única y «al parecer, en febrero de 2007 adjudicó la asistencia telefónica del municipio» a una empresa relacionada con el caso Cooperación. a relación llegaba hasta Sanygestión 2012 SL, donde aparecía Francesc Manel Blasco Tello, sobrino a su vez de Sergio Blasco y que hizo un trabajo universitario de carácter académico precisamente sobre la empresa Out-Log SL, una de las principales beneficiarias de la trama.

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