Las Provincias

Morenilla acusa a la fiscalía de persecución en el final del juicio por los enchufes

La Fiscalía de Valencia mantuvo ayer su petición de pena de diez años de inhabilitación para José Juan Morenilla, el exgerente de la Epsar a quien acusan de prevaricar al contratar a cinco personas en la empresa pública que controla todas las depuradoras de la Comunitat.

La defensa sostuvo ayer durante su informe que la actuación del acusado, en el peor de los casos, supondría una sanción administrativa, pero que la Fiscalía «ha perseguido» a su cliente por «el componente mediático» que concentra al ser uno de los principales acusados en la pieza principal del expolio en la depuradora de Pinedo.

El ministerio público aseguró que Morenilla se saltó la autorización de la Dirección General de Presupuestos, dependiente de Hacienda, para contratar a estas cinco personas pese a que su nómina estaba fuera de la masa salarial. Además, durante los ejercicios siguientes (2009-2013) tampoco atendió los diferentes informes en los que se le advertía del error.

El letrado del acusado, en cambio, insistió en que la Epsar tenía autonomía propia para realizar sus propias contrataciones y no era necesario el informe de Hacienda para aprobarlas. Las advertencias de la Sindicatura «nunca» las recibió personalmente y él carecía de competencias para contratar. Todo pasaba por el consejo de administración.

De igual modo, subrayó que no se dan los requisitos de la prevaricación, por ejemplo, que se dictara una resolución a sabiendas de su ilegalidad. «¿Cómo es posible que conociera esto si él mismo fue contratado de la misma manera?», reflexionó. Los trabajadores que en su día fueron contratados continúan hoy en la empresa pública, aunque reubicados en puestos que sí existían tras producirse varias vacantes. La Epsar arrastraba un gran falta de personal, según algunos informes.

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