Las Provincias

El juez que pidió escritos en castellano a Cataluña amenaza ahora con ir al fiscal

Palacio de Justicia de Alicante. :: carlos rodríguez
Palacio de Justicia de Alicante. :: carlos rodríguez
  • El magistrado advierte por segunda y última vez a la administración catalana tras no traducir la documentación que se le ordenó en enero

valencia. La disputa que mantiene un magistrado de Contencioso de Alicante con la Generalidad de Cataluña acerca de la lengua en la que se deben presentar los escritos en su juzgado se mantiene. El titular sostiene que sólo se pueden admitir en castellano y valenciano, pero no en catalán porque esta no aparece recogida como lengua cooficial en el Estatuto de Autonomía. Por este motivo, el titular rechazó recientemente un escrito de la abogada del Gobierno catalán y le dio un plazo para que lo tradujera al castellano. Nada más lejos de la realidad. La representación legal ha continuado entregando la documentación en catalán. De esta forma «desobedece de manera manifiesta» lo que se acordó por el juez a principios de año.

El titular aprovecha el auto dictado ayer para requerir «por segunda y última vez» a la Administración autonómica para que traduzcan con sus propios medios el escrito y lo remitan al juzgado. De nuevo, vuelve a dar un plazo de diez días. Además, critica el juez que el procedimiento judicial -una cuestión de competencia- se encuentre «suspendido indefinidamente ante el incumplimiento».

El magistrado adelanta que, en el caso de que la Generalidad siga incumpliendo el mandato del juzgado, dará traslado a la Fiscalía. El ministerio público podría abrir unas diligencias de investigación para determinar si la actuación del letrado catalán supone la comisión de algún delito.

El primer auto que dio origen a esta disputa legal considera que la presentación del escrito suponía «un problema jurídico insalvable». El origen, según el juez, es que se parte de la «extraterritorialidad» de la lengua autonómica catalana «que nunca ha sido reconocida por la Comunidad Valenciana». No lo fue en el Estatuto de 1982 ni tampoco en la reforma del texto legal de 2006 que pactaron el Partido Popular y el PSPV.

El magistrado recuerda que la ley permite utilizar el castellano y la lengua que sea también cooficial en la comunidad en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales. Esto tendrá plena validez tanto de manera oral -celebración de un juicio, por ejemplo- como escrita. Sin embargo, la norma establece dos excepciones que obligan a traducir «de oficio». Una, cuando se presenten en juzgados de fuera de esa autonomía. Y dos, cuando las lenguas cooficiales «no sean coincidentes», según indica el juez en su exposición. «La lengua en la que el escrito remitido está redactado (catalán) no es coincidente con la declarada como oficial en la Comunidad a la que el escrito se dirige», es decir, la valenciana. «Esta cuestión ya fue libremente decidida y resuelta por la Comunidad. La lengua oficial es el valenciano, no el catalán», indica la resolución inicial.

Cuestión aparte es el análisis lingüístico acerca de si la lengua catalana «puede ser o no ser asimilable a la lengua valenciana». No obstante, este planteamiento desde el punto de vista jurídico está resuelto desde hace dos décadas: «No estamos ante una misma lengua».

José María Magán, el juez que está al frente de este juzgado, arrastra cierta polémica con la administración catalana. Su anterior destino fue Lleida. Solicitó su traslado a Alicante harto de los ataques del Gobierno catalán por las expresiones que utilizaba en sus sentencias para denunciar la preponderancia del catalán frente al castellano. Llegó a anular multas de tráfico por este motivo.

El Poder Judicial le impuso sanciones económicas por tres faltas graves de los expedientes abiertos a raíz de las quejas del Gobierno, entonces en manos de Artur Mas, por los términos empleados en sus resoluciones. No es la primera vez que Magán ejerce en la Comunitat. Con anterioridad ya estuvo destinado en los juzgados de Requena durante dos años.

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