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El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, en Les Corts. :: EFE/ Juan Carlos Cárdenas
El Gobierno medita recurrir la ley que impulsó Podemos contra Rita Barberá

El Gobierno medita recurrir la ley que impulsó Podemos contra Rita Barberá

Una comisión de trabajo realizará un dictamen sobre la norma aprobada en Les Corts y trasladará sus conclusiones al Tribunal Constitucional

S. P.

Miércoles, 1 de marzo 2017, 23:59

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El Gobierno de la nación ha dado el primer paso para recurrir al Tribunal Constitucional la ley aprobada en Les Corts, impulsada por el grupo parlamentario de Podemos, cuyo fin era retirar el escaño de senadora a Rita Barberá.

La que fuera alcaldesa de Valencia durante dos décadas y referencia nacional del PP fue nombrada senadora autonómica por el Parlamento valenciano tras los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2015.

Aquella ley propuesta por Podemos ya fue considerada inconstitucional por el grupo con mayor número de diputados de la Cámara autonómica, el PP, motivo por el que votó en contra de su aprobación.

Ahora es el Gobierno central el que medita presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra la mencionada ley que habilita a Les Corts a retirar el cargo de senador cuando hayan sido los parlamentarios autonómicos los que hayan elegido a la persona.

De ahí que la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat haya acordado iniciar esas negociaciones para resolver esas discrepancias manifestadas en relación con la modificación de la ley de designación de senadores territoriales de la Comunitat Valenciana.

Pero este inicio de las negociaciones entre ambas administraciones se convierte en el paso previo antes de que el Gobierno central presente un recurso de inconstitucionalidad contra la citada modificación de la ley en la que se ha introducido la posibilidad de revocar el nombramiento de los senadores elegidos en la Cámara autonómica.

Les Corts aprobó el pasado mes de octubre, con los únicos votos en contra de los parlamentarios del PP, que avanzó la posible inconstitucionalidad de la propuesta, la modificación de la citada ley para introducir la posibilidad de revocar el nombramiento de los senadores designados por el Parlamento autonómico por la pérdida de confianza o desprestigio de la institución.

El cargo de senador, al igual que el de diputado nacional, parlamentario autonómico o concejal de un ayuntamiento, es nominal: el escaño no pertenece a un partido político o a una institución, sino a la persona que ha tomado posesión del mismo, independientemente de cómo haya sido elegida, bien sea por sufragio universal bien por decisión de un Parlamento.

La modificación, propuesta por los diputados autonómicos de Podemos, entró en vigor el pasado mes de noviembre y establece que el procedimiento de retirada del escaño al senador elegido en el Parlamento valenciano deberá ser impulsado por un mínimo de dos grupos parlamentarios que representen al menos una décima parte de los componentes de Les Corts, y ser aprobada por dos tercios de la Cámara, y sin oposición del grupo que propuso al senador.

La comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat ha decidido ahora iniciar las negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas respecto de este cambio normativo, y designar un grupo de trabajo que traslade a este órgano «la solución que proceda».

Así lo hicieron público ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los que se transcribe el acuerdo alcanzado por esta comisión bilateral en relación a la ley de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana.

La comisión ha acordado comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional, según recoge la resolución hecha pública ayer, que lleva fecha del 1 de febrero, y está firmada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

El PP, además de aducir en la votación que consideraba inconstitucional esa ley, finalmente aprobada por los diputados del PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, la recurrió al alto tribunal.

El portavoz del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Manolo Mata, ya dejo claro el pasado 7 de febrero que la ley que su grupo aprobó por fidelidad al pacto de gobierno suscrito con Compromís y Podemos, no pasa el filtro de la Constitución. Para Mata, el recurso interpuesto por el PP ante el Constitucional deja entrever que la norma «es una innovación que no se ajusta a la ley» y que por tanto, es posible que el recurso pueda prosperar y la iniciativa sea anulada. Mata incluso ha llegado a calificar de «cafrada» la ley impulsada por Podemos.

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