El fiscal eleva a definitiva su petición de nueve años de inhabilitación para Homs

El fiscal Jaime Moreno ha elevado a definitiva su petición de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

El Ministerio Público considera que es autor o subsidiariamente cooperador necesario del delito de prevaricación y de desobediencia, por los que solicita la inhabilitación especial por siete años y medio y un año y un mes, más una multa de 30.000 euros, que responde a 200 euros al día durante cinco meses, respectivamente. No obstante, el fiscal solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.

El fiscal ha hecho pública sus conclusiones definitivas sobre el asunto durante la tercera y última sesión del juicio que acoge desde el pasado lunes el Tribunal Supremo contra el actual parlamentario del PDeCat, que en su declaración en calidad de investigado se escudó en la falta de claridad de la providencia del Tribunal Constitucional para justificar sus acciones. La defensa de Homs, por su parte, ha pedido la absolución del exconseller de Presidencia.

Programas informáticos

Dos peritos de la Guardia Civil expertos en delitos informáticos han declarado este miércoles durante el juicio contra el exconseller y diputado de PDeCat Frances Homs por su implicación en el 9-N que sin el soporte de la Generalitat no podría haber funcionado el paquete de páginas web que sirvieron para organizar las votaciones y contar los resultados de la consulta. Una de ellas, denominada 'Participa', seguía funcionando en el día de ayer, ha señalado uno de ellos.

Los dos expertos han sido interrogados por el fiscal Jaime Moreno y por la abogada de Homs, Eva Labarta durante la tercera y última sesión del juicio contra el aforado, para quien el Ministerio Fiscal solicita 9 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por los delitos de prevaricación y desobediencia cometidos al organizar el denominado "proceso participativo" del 9 de noviembre de 2014 a pesar de que éste había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los guardias civiles han declarado sin que su imagen fuera difundida como medida para preservar su identidad. Han señalado que realizaron un informe pericial de 34 páginas tras analizar un DVD que se les facilitó por parte de la empresa T-Systems que contenía la información relativa a 4 paginas web utilizadas para organizar la consulta.

La primera 'on votar' (Dónde votar) era un "módulo para generar unas tarjetas" en las que según estos expertos se informaba a las personas que querían participar dónde acudir y se les designaba una mesa; en un segundo programa se ofrecía un formulario a rellenar por quien quisiera ser voluntario; el tercero -Participa-, recogía las votaciones de cada mesa y el último también estaba relacionada con el recuento de votos.

A preguntas del fiscal, los expertos han señalado que en el "código fuente" de las páginas analizadas aparecían gráficos y otras referencias a la Generalitat y al número oficial de información de esta administración 012. Se contaba además con paquetes de 'software' cuyo origen era el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) dependiente de la Administración autonómica. A preguntas de la defensa han reconocido que analizaron el DVD que se les facilitó por la empresa y que por la huella digital aseguran que no ha podido ser manipulado.

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