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Rita Barberá, Eusebio Monzó y Angélica Such.
Una treintena de cargos públicos, absueltos tras años de calvario judicial

Una treintena de cargos públicos, absueltos tras años de calvario judicial

La totalidad del escalafón político de la Generalitat, diputados y alcaldes se vieron investigados en causas que se prolongaron hasta diez años

BURGUERA

Domingo, 26 de febrero 2017, 19:51

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Las investigaciones judiciales casi siempre acumulan víctimas colaterales. Cargos públicos que se ven inmersos en una causa judicial y que son imputados para garantizar teóricamente sus derechos pero que, por otra parte, esa condición hace que el foco mediático les apunte directamente. Las consecuencias pueden suponer el final de una carrera política -así ocurría con las famosas líneas rojas de Alberto Fabra- y el estigma social. Aparte, hay que sumar el evidente coste económico que supone para los afectados. Dependerá del abogado, del tipo de asunto y de la duración del proceso, pero las representaciones legales rara vez se saldan con menos de 30.000 euros. En los últimos años, en un recuento realizado por LAS PROVINCIAS, más de una treintena de cargos públicos han visto cómo eran absueltos en juicio o se decretaba el sobreseimiento durante la instrucción del caso, lo que los ha dejado sin ninguna causa pendiente.

Fue tal la avalancha de asuntos de corrupción que el Gobierno optó por cambiar la ley y de paso la denominación de 'imputado' por la de 'investigado'. De igual modo, para paliar lo que se conoce como 'pena del telediario' se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y así, establecer límites temporales a las investigaciones y evitar que una persona arrastre la sombra de la sospecha durante siete u ocho años. En algunos casos, nueve o diez. Ejemplos de esta demora encontramos en la Comunitat. El máximo exponente quizá sea la trama de facturas falsas de Terra Mítica, una década de imputaciones y todavía resta la sentencia del Tribunal Supremo.

Decenas de absueltos tras años de protagonizar causas judiciales, en su inmensa mayoría del PP o trabajando para empresas públicas y administraciones gobernadas por los populares, que acapararon la práctica totalidad del poder municipal y autonómico durante 20 años. En otros partidos también se cuentan casos de cargos señalados como imputados, los socialistas Ángel Luna o el alcalde de Serra, Javier Arnal, que igualmente vieron cómo los procesos contra ellos acabaron sin consecuencias en el ámbito jurídico.

En todos los escalafones

No hay escalafón de la Generalitat que se libre. Consellers, diputados, secretarios autonómicos, subsecretarios, directores de entes, directores generales, asesores de todo tipo o altos funcionarios de libre designación. Lo mismo ocurre con diputados nacionales, provinciales, alcaldes, tenientes de alcalde o concejales. En el mejor de los casos, investigados durante meses; en el peor, años. Se pueden contar, además de ediles anónimos, cargos como la fallecida Rita Barberá, consellers como Vela o Such, y suma y sigue: Jorge Bellver, Alfonso Bataller, José Uncio, Enrique Pérez Boada, José Manuel Aguilar, Luis Lobón, Oscar Clavell, Eusebio Monzó, Isabel Villalonga, Manuel Vilanova, Felipe del Baño, Miguel Navarro, Luis Esteban, Nuria Romeral, Lluis Motes, Andrés Llorens, Jorge Vela, Elisa Maldonado, José Clérigues, María Luisa Carrera, María Pilar Adela Ripoll, Cristina Morató, Santiago Arévalo, Enrique Grau o Juan Bover, entre otros.

Algunos casos tuvieron más relevancia mediática que recorrido real, pues no rebasaron la fase prejudicial; las diligencias de la fiscalía. Por ejemplo, el conocido como Ritaleaks, la investigación de Anticorrupción por los gastos de la exalcaldesa Rita Barberá durante su última legislatura acorraló a la edil. El ministerio público sostenía que los hechos eran delictivos y que se utilizó dinero público para fines privados. Tras una ardua investigación de más de un año y la citación como investigada de la hermana de la exedil, Asunción Barberá, la Fiscalía del Supremo resolvió que los hechos carecían de relevancia penal. El caso se sobreseyó. Otro procedimiento en el que se incluyó igualmente a la exalcaldesa recientemente fallecida, el de la memoria histórica, también acabó archivado. Algo similar ocurrió también con las pesquisas por los sobrecostes de Feria Valencia que situaron en una posición muy comprometida a Belén Juste (exdiputada nacional y exconsellera) por su actividad como directora del recinto y al entonces presidente, Alberto Catalá. El caso se abrió por un informe de la Intervención de la Generalitat que denunciaba sobrecostes y gastos sin justificación. Tras dos años, las diligencias de investigación penal se cerraron.

Entre los que más años cargaron con la etiqueta de imputados se encuentran José Uncio y Pérez Boada. La sección quinta de la Audiencia Provincial absolvió a los ex directivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), así como al responsable de inversiones Enrique Benedé y a otros siete acusados de unas supuestas irregularidades en la administración y gestión del hotel El Valle-Jalance. Dos empresarios comenzaron el proceso contra el exalcalde de Jalance Ángel Navarro a principios de la pasada década. En 2007 se implicó también a los directivos del IVF. Nueve años después se les absolvía en una sentencia que consideraba «temerario e incomprensible» su presencia en el proceso. En similar y prolongada circunstancia judicial se vieron Luis Esteban y el que fuera director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, absueltos en abril de 2016 por la Audiencia de Valencia, que condenó a otros dos directivos y 20 empresarios más, un fallo que se produjo tras una instrucción que arrancó en 2006. Una década completa. Igual o peor le pasó a Manuel Vilanova.

El Supremo rectificó en mayo de 2015 una sentencia suya por la que condenó nueve años antes a Vilanova por un delito de prevaricación. Le había condenado en 2006 a un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. En enero de 2007 tuvo que dejar la alcaldía. El asunto acabó en Estrasburgo. En total, 12 años.

Lo de José Manuel Vela fue mucho más rápido pero igualmente funesto para su vida como cargo público. Ejerciendo de conseller de Hacienda fue imputado por supuesta revelación de secretos. Presentó su dimisión en noviembre de 2012. Se le imputó por entregar presuntamente un informe de la Intervención sobre el caso Cooperación al entonces exconseller y diputado del PP Rafael Blasco, condenado finalmente en esa misma causa. La investigación sobre Vela se archivó en abril de 2013. Hace dos semanas, también fueron absueltos la exconsellera de Turismo Angélica Such y el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover en la sentencia de Fitur que condenó a Milagrosa Martínez. Desde abril de 2012, tanto Such (que en febrero de 2014 renunció a su escaño de diputada autonómica) como Bover pasaron al capítulo de imputados, que no han abandonado en cinco años, un periodo casi calcado al que vivieron Alfonso Grau (que continúa imputado por delito electoral), Jorge Vela, José Manuel Aguilar, Luis Lobón y Elisa Maldonado.

Alfonso Bataller estuvo imputado en dos ocasiones. En mayo de 2013 fue imputado, y el instructor del caso Gürtel (en su etapa en la conselleria de Sanidad, Bataller había adjudicado contratos a Orange Market) levantó la imputación catorce meses más tarde. Sin embargo, en junio de 2015 se le incluyó en la investigación de Púnica cuando Bataller ejercía de alcalde en funciones. Abandonó su acta de concejal. El 24 de julio de ese mismo año, se levantó el secreto de sumario, apareció un listado con más de noventa nombres y el suyo no estaba entre los imputados. Jorge Bellver también se vio involucrado por partida doble en la actividad de los tribunales sin sufrir condena (en mayo de 2010, cuando era concejal del Ayuntamiento de Valencia, se le acusó de prevaricación urbanística y fue absuelto un año y medio después, mientras que en septiembre de 2015 repitió condición hasta abril de 2016), pero acumulando experiencias tan desagradables que a día de hoy prefiere ni recordarlas.

Los procesamientos e imputaciones proceden, en la mayoría de casos, de denuncias de la oposición. Compromís denunció a directivos de RTVV como Nuria Romeral o Lluis Motes, imputados durante año y medio. Además, la treintena de afectados y sin causas pendientes aumentaría si incluyéramos en la lista otros casos como el de Enguera, donde el PSPV llevó a los tribunales al alcalde, Santiago Arévalo, quien junto a media docena de sus concejales permaneció investigado dos años. En el caso del diputado nacional del PP Óscar Clavell, llegó a convertirse en uno de los asuntos a debatir entre Ciudadanos y el PP a nivel estatal. El de la Vall d'Uixó pasó a imputado en febrero del año pasado, una condición que incluso sirvió para que el tripartito criticase a su mentora, Isabel Bonig. La sala segunda del Tribunal Supremo archivó la causa hace tres meses contra el diputado popular.

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