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A. RALLO
Sábado, 25 de febrero 2017, 00:09
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María José Alcón, la exedil de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia, regresará la próxima semana a la Ciudad de la Justicia. La exconcejal ha recuperado protagonismo tras negar en el TSJ, en la causa en la que se investigaba a Miquel Domínguez, la existencia de una trama de blanqueo en el Grupo Municipal. De igual modo, rechazó que le entregaran dos billetes de 500 euros y que conociera que el PP disponía de dinero negro. Quiso restar valor a la conversación que mantuvo con su hijo en la que relataba un cúmulo de ilegalidades. Estaba medicada y hospitalizada, dijo para justificar esa capacidad de inventiva. Entonces compareció como testigo.
El próximo jueves, en cambio, Alcón está citada como investigada en Instrucción 18. Hasta la fecha, la actual esposa de Alfonso Grau, también investigado por financiación ilegal en esta misma pieza, se ha acogido a su derecho a no declarar. Su condición de imputada le ofrece cobertura para hacerlo e incluso mentir. Se desconoce si va a mantener la misma estrategia que en la convocatoria anterior.
Numerosas defensas, entre ellas varios concejales, se apresuraron a pedir el archivo tras las sorpresivas revelaciones de Alcón. De hecho, reclamaron la incorporación de ese testimonio a la causa general. El fiscal se opuso. De momento, el juez ha acordado la comparecencia de la investigada por si quisiera aclarar las contradicciones.
No es la única medida acordada por el juzgado que investiga el blanqueo de 50.000 euros y un delito electoral -la financiación ilegal del PP- en varios comicios. El instructor ha denegado la pericial pedida por la defensa de García-Fuster que quería que un experto elaborara un informe que desacreditaría la tesis del PP que da como plausible que el partido abonara de forma oficial sólo 15.000 euros en las elecciones de 2011 y nada en las de 2015. La defensa de la exsecretaria sostiene que la propia dirección del grupo sabía que con esas cantidades no se puede hacer frente a una campaña y, por tanto, debía conocer la existencia de la cuenta opaca desde la que además se hicieron transferencias a la libreta del PP.
Además, el fiscal ha solicitado una nueva diligencia. Por un lado, pidió al juez -y este ha acordado- que el Ayuntamiento de Valencia informe sobre la fecha de la toma de posesión y ceses de los concejales bajo sospecha. También pide al Partido Popular, que está investigado en la causa como persona jurídica, que detalle el historial en la formación de todos los imputados en la causa, desde su inscripción a su situación actual en el partido.
Los ediles pactaron en su día la suspensión de militancia con Génova hasta que se resolviera el asunto judicial. La dirección nacional quería que dimitieran y renunciaran a su acta de concejal en el Consistorio. No fue posible.
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