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Mónica Oltra ayer tras el pleno del Consell. :: efe/Manuel Bruque
El Consell recorta el gasto de la caja fija pero da manga ancha a Presidencia

El Consell recorta el gasto de la caja fija pero da manga ancha a Presidencia

Puig puede destinar 50.000 euros a inversión pero limita a 5.000 los pagos de gasto corriente de las consellerias

F. RICÓS

Sábado, 25 de febrero 2017, 00:09

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La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, anunció ayer la aprobación de un decreto en el pleno del Consell destinado a poner freno a los gastos de la caja fija tanto en las consellerias como en las empresas públicas autonómicas. Para ello se rebaja el límite de esos fondos de un 12 a un 7% de los gastos de funcionamiento de los distintos departamentos autonómicos. La caja fija queda reservada para los gastos periódicos o repetitivos, a gastos corrientes como los referentes a dietas, los de locomoción o material no inventariable.

No obstante se ha contemplado una excepción: Presidencia de la Generalitat podrá hacer uso de hasta 50.000 euros incluso para gastos de inversión, que nada tienen que ver con los gastos corrientes, en cada ejercicio.

Así lo reconoció la vicepresidenta, que indicó que esta es una de las medidas acordadas por el Consell en el seminario celebrado en Morella por el presidente Puig y sus consellers.

La caja fija queda vedada para efectuar el pago de publicidad y propaganda, a excepción de la publicación de anuncios en boletines o diarios oficiales y en la prensa local «cuando sea preceptivo al tratarse de anuncios informativos por licitaciones, subastas, edictos y cambios de localización», indicaron desde el Consell.

Tampoco se podrán pagar mediante los fondos correspondientes a la caja fija estudios o trabajos técnicos, gastos de edición y distribución de publicaciones institucionales ni los que se engloban en el concepto «otros trabajos realizados por empresas y profesionales». Ahí incidió Oltra en que ese concepto se había convertido en los Ejecutivos del PP que precedieron al actual en el «cajón de sastre desde el que se ha pagado desde huevos Kinder hasta cocidos y comidas de Navidad».

Para la vicepresidenta, el objetivo de este decreto que restringe los gastos de caja fija es «poner orden» después «del abuso realizado por el anterior Gobierno autonómico que usó la caja fija como si fuera una tarjeta black».

Mónica Oltra señaló que el decreto ya no permite realizar pagos individualizados por importe de más de 5.000 euros a cargo de los fondos de la caja fija, una medida que contrasta con la vigente desde 1998, que ponía el tope en 12.000 euros. Tampoco estará permitido el fraccionamiento de los pagos para no superar el mencionado límite.

«Este decreto obedece a la necesidad de restringir la caja fija, porque durante la gestión del antiguo Gobierno fue una manera de cargar lujos personales, para el placer personal, de muchas personas que estaban al frente de ese Gobierno o de empresas públicas», indicó la líder de Compromís.

Oltra afirmó que en el último ejercicio completo en el que el PP estuvo al frente del Consell, el de 2014, los gastos de caja fija ascendieron a 78,5 millones de euros, mientras que los de 2016 «fueron de 67 millones».

A la vicepresidenta se le preguntó por el gasto de caja fija en medicamentos y productos de farmacia detectado por la Sindicatura de Comptes. En este sentido indicó que este tipo de productos no son el «sashimi de entrecot de Gerardo Camps», sino que «están justificados», aunque «Sanidad está haciendo un esfuerzo para realizar contratos que eviten recurrir a la caja fija».

Ley de Memoria Democrática

Asimismo, el pleno del Consell aprobó también, entre otros asuntos, el proyecto de ley de Memoria Democrática. El texto establece la creación de un censo de víctimas, la localización de desaparecidos y la denuncia ante los jueces «de la comisión de posibles delitos que se dedujeran de los hallazgos y vestigios».

El texto, indicó la portavoz, pretende promover los valores democráticos mediante el recuerdo y el homenaje a quienes padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

La futura ley fija un plazo de un año, a partir de su entrada en vigor, para eliminar «elementos contrarios a los valores democráticos» y requiere al Gobierno la creación de una «Comisión de la Verdad», aunque prevé crear una en la Comunitat.

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