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La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra. :: efe/j. c. cárdenas
Mónica Oltra acumula ya 107 reparos de la Intervención por su gestión en Igualdad

Mónica Oltra acumula ya 107 reparos de la Intervención por su gestión en Igualdad

El órgano de control le viene advirtiendo de la ilegalidad del procedimiento para contratar empresas para atender a dependientes

FERRIOL MOTA

Jueves, 23 de febrero 2017, 19:28

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La Intervención de la Generalitat es el órgano encargado del control «de todos los actos de la administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas públicas», y específicamente, en lo que se refiere a aquellos «que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven», con el fin de asegurar que la administración «se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso». Algo así como el órgano fiscalizador que debe garantizar que la utilización del dinero público se hace siempre bajo los criterios que fija la ley.

La Intervención de la Generalitat ha advertido a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en su calidad de responsable de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de que la gestión que hace su departamento en materia de contratación no se ajusta a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público. El reproche -reparo, en términos contables- podría ser más o menos trascendente si se tratara de una única ocasión, en alguna contratación menor por parte de su departamento. Ya resultaría más discutible si se hubiera repetido en algunas ocasiones. Y revela una indiferencia más que significativa si el aviso de se ha producido de forma reiterada.

Y así ha ocurrido. Oltra acumula más de un centenar de reproches (hasta 107) por parte de la Intervención delegada -el órgano de su departamento que asume las funciones de la Intervención de la Generalitat- por la vulneración legal que se viene produciendo en la contratación de empresas que prestan el servicio de puesta a disposición de plazas residenciales para personas mayores dependientes. 107 reparos de ilegalidad en la gestión de los fondos públicos, y en un asunto de tanta sensibilidad -así lo ha considerado precisamente la propia Oltra- como es precisamente el de las personas con dependencia, deja en entredicho buena parte del discurso con el que la líder de Compromís ponía en cuestión en la pasada legislatura el uso de los fondos públicos.

¿Cuál es el reproche? Los expedientes de contratación a cuyo contenido ha tenido acceso este diario -y que abordan un periodo de 18 meses- realizan en todas las ocasiones un mismo relato de los hecho. «En la tramitación del expediente se observan las siguientes infracciones del ordenamiento jurídico: falta de tramitación del expediente de contratación (artículos 28, 109 y 110 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)». Esos artículos hacen referencia al carácter formal de la contratación del sector público -no pueden hacerse de forma verbal y se formalizarán de acuerdo con el 156 (en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación)- requerirá de la previa tramitación del correspondiente expediente y se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

La resolución de la Intervención da lugar a expedientes de indemnización por enriquecimiento injusto a favor de las citadas empresas, a las que Oltra ficha sin seguir la Ley de Contratos Públicos. ¿El motivo? El expediente por enriquecimiento injusto, también llamado extrajudicial o resarcimiento, es el que obliga a una administración a atender el pago a una empresa por el servicio prestado por ésta al margen de la Ley de Contratos. En muchas ocasiones, el retraso en la convocatoria de un nuevo concurso obliga a la Administración a plantear a la firma que presta el servicio que lo prolongue más allá de lo establecido en el contrato. La Administración lo paga después, pero la práctica supone una vulneración legal porque no se hace convocatoria pública ni concurso.

La suma del total de expedientes de indemnización reseñados por la Intervención en sus informes suman 71, 3 millones de euros. Es decir: la conselleria de Oltra se ha visto obligada a atender pagos por esa cantidad a empresas a las que ha habido que resarcir a posteriori por un servicio prestado y sobre el que la Intervención advierte de la vulneración de la ley detectada. De los 107 expedientes abiertos por la Intervención, 17 de ellos superan la cuantía de un millón de euros.

Algunas fuentes aseguran que el malestar de Oltra con la Intervención está en el origen de la decisión de Carmen Vila de abandonar la dirección general de ese organismo el pasado mes de diciembre.

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