Las Provincias

El PSPV cede ante Compromís y exigirá el valenciano para ser funcionario

Marzà y Bravo, ayer, presentando a Intersindical, UGT y CC OO su borrador de anteproyecto de Ley de Función Pública. :: LP
Marzà y Bravo, ayer, presentando a Intersindical, UGT y CC OO su borrador de anteproyecto de Ley de Función Pública. :: LP
  • El anteproyecto de Justicia impone la capacitación de la lengua a los que quieran trabajar en la Generalitat, excepto en el sector sanitario

La capacitación para hablar y entender el valenciano no será un mérito para ser funcionario de la Generalitat, tal y como pretendía el PSPV y su sindicato más afín, UGT, al inicio de la legislatura. Será un requisito, tal y como reivindica Intersindical y Compromís. La titular de Justicia, Gabriela Bravo, ha cedido finalmente a la exigencia de los nacionalistas. En el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana presentado ayer a varios sindicatos se determina el requisito lingüístico como condición indispensable para trabajar en la Administración autonómica.

A pesar de la resistencia tanto de UGT como de la consellera socialista, la competencia del valenciano entre los que opten a ser funcionarios se exigirá al final de la presente legislatura. Las oposiciones convocadas durante el presente año y quizá hasta a mitad de 2018 no incluirá esta capacitación. Sin embargo, en el tramo final del actual Consell se habrá implantado en los concursos públicos para los futuros trabajadores de la Administración pública valenciana, con excepción de la rama sanitaria. El desencuentro entre el PSPV y Compromís en el seno de la Conselleria de Justicia, encargada de confeccionar la futura ley, se ha saldado con una cesión de los socialistas y los nacionalistas, si bien son los primeros los que han variado su posición de manera más sustancial al admitir que la capacitación lingüística no será un mérito a favor de los candidatos a optar a un puesto público, sino una exigencia.

El borrador del anteproyecto establece, en su artículo 61, que para acceder a la Administración de la Generalitat los aspirantes deberán acreditar «el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes». La nueva normativa prevé, mediante la disposición adicional segunda, que el reglamento que regule el nivel de valenciano exigible para el acceso a la función pública deberá ser aprobado por el Consell en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una vez aprobada por Les Corts.

Si no se aprueba en ese medio año, la exigencia del valenciano entrará inexcusablemente en vigor al año de aprobarse la ley. El borrador del anteproyecto debe aprobarlo el Consell, de ahí pasará a Les Corts, donde en el periodo de enmiendas sería probable que el texto sea modificado, ya que Podemos no se ha caracterizado por una posición incondicional a favor del requisito lingüístico. Una vez lo apruebe la Cámara parlamentaria valenciana, la ley entrará en vigor, probablemente y si todo va bien, a finales del presente año. A partir de ese momento empezará a correr el reloj para confeccionar el Reglamento, que es competencia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas, previo informe en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística; es decir, la Conselleria de Educación que dirige el nacionalista Vicent Marzà.

El nivel exigible de conocimientos de valenciano que habrá que acreditar para acceder al empleo público de la Comunitat será el del certificado C1 (equivalente al Grau Mitjà expedido por la Junta Qualificadora) para los funcionarios de los grupos A1, A2 y B.

Los funcionarios de los grupos C1 y C2 tendrán que acreditar el certificado B1 y B2, respectivamente, (equivalente al Grau Elemental), y las agrupaciones profesionales funcionariales tendrán que acreditar el certificado A2 (equivalente al Grau Oral).

A los actuales funcionarios no se les puede exigir esta capacitación, si bien se pondrá en marcha un plan de formación (para el que no hay fecha de implantación) con el fin de adquirir acreditaciones lingüísticas. Ese será el próximo caballo de batalla de los nacionalistas, según fuentes sindicales participantes en la negociación, que apuntan a que la promoción interna en la Administración dependerá también de esa capacitación, por lo que los actuales trabajadores de la Generalitat, si quieren ascender, también tendrán que atender a ese requisito.