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La lucha contra la corrupción, según Ciudadanos

La lucha contra la corrupción, según Ciudadanos

La ley Anticorrupción propuesta por la formación naranja y que el Congreso estudiará a fondo los próximos meses favorecería al presidente de Murcia, Antonio Sánchez, al pedir la dimisión con la apertura de juicio oral, como defiende el PP

María Eugenia Alonso

Miércoles, 22 de febrero 2017, 11:57

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Mientras PP y Ciudadanos continúan enzarzados en un pulso sobre la situación judicial del presidente de Murcia, el Congreso ha respaldado la toma en consideración de la ley integral contra la corrupción presentada por Ciudadanos.

Una ley ómnibus que defendió el propio líder liberal y que contradice lo suscrito en los pactos de investidura con el PP y el PSOE en distintas comunidades, ya que fija la inhabilitación o suspensión de un cargo público «desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento» y no en el momento de la imputación, asumiendo así el criterio marcado por los populares para exigir responsabilidades políticas a sus cargos.

Esta diferencia en los tiempos favorecería al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, quien ha sido citado a declarar el 6 de marzo como investigado en el caso Auditorio.

Desde la dirección de Ciudadanos niegan que haya una contradicción y aseguran que su intención es crear un marco general para todos los partidos. «La ley se aplicará a todo el mundo, una vez aprobada», pero puntualizan que los pactos políticos anteriores, como el de Murcia, deben cumplirse. «Para eso se han firmado».

La propuesta que debatirá el Congreso en los próximos meses se resumen en los siguientes puntos fundamentales:

- La protección del denunciante de casos de corrupción: Garantizarle el derecho a la confidencialidad, a recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, al asesoramiento legal en relación con la misma, a la indemnidad en su puesto de trabajo y a recibir una indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia.

-La creación de una Autoridad Independiente de la Integridad Pública: Este organismo será el encargado de controlar que las autoridades y el personal del sector público estatal cumplen sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y buen gobierno; aplicar el régimen sancionador recogido en la legislación actual y tutelar los derechos de los denunciantes.

-La dimisión de aquellos cargos públicos "encausados judicialmente": Proponen la modificación de la Ley Electoral para que los "encausados judicialmente o condenados" por su implicación en procesos relacionados con la corrupción no puedan formar parte de listas electorales y se vean obligados a dimitir de sus funciones. Esto mismo plantea aplicarlo a "todos los cargos en ejercicio", por lo que perderían "automáticamente" su condición desde que fuese firme la resolución que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que el proceso judicial se resolviesese establece la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido en el desempeño de sus obligaciones o servicios sus empleados o dependientes, sus representantes, gestores, personas autorizadas, o sus cargos orgánicos.

-La supresión de los indultos por corrupción política: Este cambio legal que trata de restringir las competencias del poder político para la concesión de indultos ya fue admitida a trámite por la Cámara baja hace una semana a través de una ley específica presentada por el PSOE.

-La investigación de un cargo público por enriquecimiento ilícito: Se propone tipificar este delito, por el que tendrán que responder las autoridades y funcionarios que, sin razón jurídica, experimenten un incremento de su patrimonio cuyo origen no puedan acreditar.

- La eliminación del plazo máximo de seis meses para investigar procesos judiciales: La formación naranja trata de evitar así "que las causas más complejas, cuyo procedimiento es más largo y costoso, no puedan abordarse o tengan que ser divididas, de modo que no pueden ser atendidas en toda su profundidad".

- La regulación del régimen y la actividad de los lobbies: Crear un registro público de lobistas y lobbies, en el que deberán inscribirse todas las personas y organizaciones que quieran desarrollar dicha actividad de manera legítima, así como el establecimiento de un código de conducta de obligado cumplimiento.

- Que los partidos, sindicatos y patronales se "hagan cargo" de la corrupción: Se establece por primera vez la responsabilidad civil subsidiaria de éstos por los delitos que hayan cometido en el desempeño de sus obligaciones o servicios sus empleados o dependientes, sus representantes, gestores, personas autorizadas, o sus cargos orgánicos.

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