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A. RALLO
Lunes, 20 de febrero 2017, 23:24
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valencia. Los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas suelen avanzar en paralelo a la investigación judicial. Se trata de delimitar si existe una responsabilidad en la gestión que sirva para reclamar las pérdidas de fondos públicos que se generaron con esas decisiones. El órgano informó ayer de que sigue adelante con el procedimiento abierto para delimitar las presuntas responsabilidades contables de la compra de la empresa privada Valmor Sports, SL, encargada de la organización de las carreras de la Fórmula 1 en Valencia.
El informe provisional de la interventora confirmaba la existencia de un daño económico, pero planteaba problemas para exigir la recuperación del dinero, es decir, iniciar un procedimiento de alcance. Por ejemplo, en el caso de la adquisición de Valmor, las consecuencias económicas derivan de un acuerdo del Consell «que pone fin a la vía administrativa y cuya discusión sobre su nulidad y su inexistencia debían haberse ventilado en la jurisdicción contenciosa administrativa», tal y como en su día informó LAS PROVINCIAS.
Pese a este primer dictamen, la fiscalía ha solicitado seguir con el procedimiento. Y de igual modo, la Generalitat se ha personado como perjudicada, según la resolución del propio Tribunal de Cuentas. El hecho de que continúe la investigación contable «no supone prejuzgar la existencia o inexistencia de responsabilidad penal».
La mercantil Valmor fue adquirida por parte de la empresa publica Circuito del Motor por el simbólico precio de un euro. La Fiscalía sostiene que la exconsellera Lola Johnson engañó al resto de miembros del Consell para que estos aprobasen la compra que, además, suponía asumir unos 30 millones de euros que arrastraba la sociedad. De hecho, esta deuda procedía, en parte, de trabajos que no se habían pagado a la Administración autonómica.
El Tribunal de Cuentas anunció ayer que daba un plazo de nueve días «a los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable» para que puedan personarse en forma y alegar lo que crean conveniente.
El órgano debe delimitar los responsables de la compra si es que considera que existen así como el perjuicio causado a las arcas públicas por estas decisiones. ¿Quiénes pueden ser los responsables? La decisión se adoptó por todo el Consell. Los miembros del Ejecutivo sostienen que ignoraban la deuda que arrastraba la mercantil y que dieron su visto bueno porque lo contrario tenía un coste superior para las arcas públicas al no celebrar los Grandes Premios.
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