Borrar
Los acusados en el juicio de Nóos.
En el paro y con deudas

En el paro y con deudas

Los cinco acusados valencianos del caso Nóos, absueltos tras un proceso con un coste económico de hasta medio millón de euros para sufragarse sus defensas

BURGUERA

Sábado, 18 de febrero 2017, 21:49

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La víspera del fallo judicial, Elisa Maldonado soñó que entraba en la cárcel. Así se lo comentó a una persona de su entorno la mujer que fue responsable de los servicios jurídicos de Cacsa entre 1992 y 2002, y luego, seis años directora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Hasta ayer, Maldonado estaba acusada de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias. En enero 2012, embarazada de mellizos, tuvo que declarar ante la policía. Comenzó su pesadilla mientras ejercía de directora de la Fundación Museo Picasso de Málaga, un cargo que ocupaba desde 2008. El 13 de julio de ese mismo 2012, ya imputada, la Junta de Andalucía la despidió. Ayer, al filo del mediodía, despertó de un mal sueño de cinco años que se ha llevado por delante gran parte de su vida. No es la única persona de la Comunitat enjuiciada por el caso Nóos. Se trata de un lustro irrecuperable y de consecuencias difícilmente reparables para cinco imputados que, finalmente, han resultado absueltos.

Carrera profesional marcada

El caso ha marcado todas sus carreras profesionales de modo evidente. Tres de ellos están en el paro, todos profesionalmente estigmatizados tras afrontar una exposición mediática brutal y una factura de abogados que oscila entre al menos 250.000 euros y el medio millón de euros en su conjunto, y como mínimo.

Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado cargaban con una petición de pena que, en su conjunto, sumaba entre 41 y 55 años. Ese ha sido el escenario vital que han tenido que manejar día a día durante mucho tiempo los cinco valencianos atrapados en el proceso. La sentencia decidió ayer que son inocentes.

Cuando a finales de 2010 el caso Nóos saltó el Mediterráneo y estableció un puente judicial entre Mallorca y Valencia, Alfonso Grau era vicealcalde en el Ayuntamiento de la capital del Turia. A la entonces mano derecha de Rita Barberá le tomaron declaración por primera vez a finales de 2010. Los otros cuatro valencianos ahora absueltos habían ocupado la Secretaría Autonómica de Turismo de la Generalitat Valenciana (Luis Lobón), la dirección de Cacsa (José Manuel Aguilar entre 2002 y 2005, a quien sustituyó Jorge Vela hasta 2009), y puestos de responsabilidad en la Ciudad de las Artes y las Ciencias entre 1992 y 2008 (Elisa Maldonado). Ayer, cuando la sentencia del caso ha salido a la luz, sólo José Manuel Aguilar se mantiene profesionalmente activo al frente de una sociedad creada por él mismo para ofrecer servicios auxiliares (mantenimiento, conserjería, azafatas, atención al cliente, limpieza) a empresas. Grau se ha retirado de una vida política que comenzó a torcerse a raíz de este caso.

En marzo de 2015, el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, estableció que cuatro de los cinco acusados valencianos (todos, excepto Grau) tenían un mes para abonar en total más de once millones de euros a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que urdieron Iñaki Urdangarin, y su ex socio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.

Fianzas millonarias

El juez estipuló el cómputo mediante una providencia en la que les concedió veinte días hábiles para hacer frente a los pagos. Ante cantidades tan elevadas, el juez les emplazó a que designasen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). A los ex altos cargos de la Comunitat, Castro les reclamó 4,1 millones para el ex secretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones tanto para Vela como para Maldonado, y 1,3 millones para el también exdirector general José Manuel Aguilar.

Grau tuvo suerte, al menos en lo relativo a la fianza. Los concejales del PSPV, representados durante la causa por varios letrados, entre ellos Sandra Gómez (ahora la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia), reclamaron para el exvicealcalde de Valencia cerca de dos millones de euros para cubrir las responsabilidades civiles derivadas de una hipotética condena. «Nos tocó hacer una valoración de mis bienes, por si acaso», explica Grau. La pasada semana, otros dos valencianos, experimentaron la misma sensación de alivio tras ser absueltos y de desencanto tras años de castigo judicial. La exconsellera de Turismo Angélica Such y el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover fueron absueltos en la sentencia de Fitur.

Las defensas de todos estos valencianos han supuesto un coste individual que oscila entre los 50.000 (como mínimo) y más de 100.000 euros, en algún caso pagado a tocateja y personalmente por alguno de los acusados, sin que las sentencias permitan recuperar el coste de los abogados, o derivárselo a la parte acusadora. Los letrados de la Comunitat son los que verdaderamente están ganando algo con toda la retahíla de asuntos políticos judicializados. Uno de los investigados por la visita del Papa ya lleva gastados 70.000 euros sin que se haya celebrado el juicio. Solo la celebración del juicio de Noos, celebrado en Mallorca entre enero y junio del pasado año, supuso para cada imputado un coste aproximado de 20.000 euros, una cantidad al margen de los años previos de instrucción.

Aseguradoras

Los encausados por su gestión en Cacsa pudieron afrontar la situación gracias a la póliza firmada por el complejo de ocio y cultura valenciano que cubre este tipo de posibilidades. El seguro podría reclamar ahora el coste de esas defensas a la Generalitat, que se personó en la causa contra los que fueron directivos en una de sus empresas públicas. También puede darse el caso de que se pida al tribunal una aclaración de quién debe pagar los costes tras el fallo absolutorio, así como pedir responsabilidades patrimoniales a la Administración. El dinero, en cualquier caso, no reparará la degradación personal y de la salud de algunos de ellos y de sus familias, que en algún caso han acabado recurriendo a ayuda psicológica y médica.

Desde el entorno de José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado y Jorge Vela, personas próximas a los absueltos que hablan con ellos a diario y que se emocionan al recordar cómo alguno de ellos ha perdido mucho peso y salud, están satisfechos con su sentencia absolutoria en el caso Nóos, aseguran que estaban ayer contentos por considerar que se ha «hecho justicia», tranquilos, si bien viven pendientes de si el fiscal del caso termina recurriendo al Supremo, lo que volvería a suponer un nuevo varapalo económico, ya que se mantendrían embargados las casas, bienes y cuentas bancarias que despositaron en el proceso como fianza y que ahora les serán devueltos si Pedro Horrach, el fiscal, no recurre.

Abiertamente lo reconoce Luis Lobón. «No sé lo que haré en el futuro. Ahora (por ayer) estoy con mi mujer, que ha estado conmigo todo este tipo y hoy pidió no tener que ir a trabajar. Ahora tengo que bajar de la nube, leerme la sentencia con tranquilidad y esperar que el fiscal no apele», señala el exsecretario autonómico de Turismo, quien rememora que han sido «cuatro años, casi cinco, que se cumplirían en mayo, de sufrir, de pasarlo muy mal, porque mucha gente me ha juzgado sin saber nada de mí. Ha sido mucho tiempo de no reconocerme a mí mismo en una situación triste, una experiencia muy dura, muy desagradable. Sentarme en un banquillo no me lo imaginaba nunca, en mi vida».

Dice el tópico que en situaciones como esta se sabe quiénes son tus amigos y cuántos lo son. Lobón lo ha comprobado durante un difícil lustro: «Hay gente que ha estado a mi lado, pero ciertamente han sido contados los casos, y otros, es verdad que no han dado la talla, pero qué le vamos a hacer. Cada uno en la vida hace lo que considera conveniente y allá con su conciencia. Ahora no espero nada en el plano político».

«Al garete»

«Me ha llamado mi abogado sobre las 12.20 horas. Dos minutos después ha empezado a salir por los medios de comunicación. Me he sentido flotando. Todavía estoy recibiendo muchas llamadas, con felicitaciones y demás», relata Lobón, quien reconoce que «mi carrera profesional se fue al garete y desde hace año y pico estoy sin trabajo».

Respecto a todo el perjuicio económico que ha supuesto para él toda esta situación procesal, Lobón asegura que «es mucho más duro que en internet te insulten, te digan que devuelvas el dinero y que sin conocerte te juzguen. Aunque he intentado hacer el menor caso posible, es inevitable». Desde el entorno de los exdirectivos de Cacsa se asegura que apenas miraban la prensa ni seguían las noticias sobre el caso: «Si pasaba algo muy fuerte, se lo comentábamos».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios