Las Provincias

Bravo hace un seguimiento semanal a la plantilla de la fundación que va a liquidar

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. :: i. marsilla
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. :: i. marsilla
  • Justicia reclama por email a los empleados de las oficinas para víctimas de delitos que detallen de martes a martes su trabajo para determinar a cuántos despide

A los cerca de 40 trabajadores de Favide (Fundación de Atención a las Víctimas del Delito) les apareció el pasado martes, San Valentín, un mensaje en su correo electrónico enviado por sus jefes. No era de amor, precisamente. Era una reclamación concreta de la Dirección General de Justicia, departamento de la conselleria que dirige Gabriela Bravo, donde se les comunica que «solicita al personal de la Fundación FAVIDE que elabore, de forma individualizada, una relación de trabajos que realicen desde el día 14 de febrero de 2017 hasta el 21 de febrero de 2017, ambos inclusive».

El seguimiento semanal es, en realidad, un brusco proceso de selección de personal que se inicia año y medio después de que la responsable de Justicia anunciase en Les Corts su intención de liquidar la fundación.

Tras el cambio de signo político en el Gobierno valenciano, el ente encargado hasta ese 2015 de atender a las víctimas de violencia de género (70 mujeres en la primera mitad de aquel año) se descabezó y la Generalitat inició, a través del patronato de la fundación, una transformación de la actividad con la intención de extinguir Favide, algo que Bravo expresó abiertamente en noviembre de 2015. Tras fulminar a la dirección del órgano, reducir sus tareas y anunciar su desmantelamiento, ahora Justicia se dirige a la plantilla para que detalle semanalmente qué hacen. Desde Justicia se recalca que aunque se trata de una fundación pública «los trabajadores no son de la Generalitat», lo que no ha menguado la sorpresa entre los sindicatos consultados por LAS PROVINCIAS ante el expeditivo método utilizado por el departamento que dirige Bravo para reclamar a la plantilla explicaciones por el trabajo de un ente que siempre ha dependido por completo del Consell (la propia Bravo preside su patronato desde hace año y medio). La tensión en las distintas oficinas de atención a víctimas del delito se ha disparado.

Fuentes de la Conselleria de Justicia aseguran que «estamos en un proceso de selección de personal para ver quiénes se incorporan a las nuevas oficinas, que esperamos que sea el mayor número de gente. Se quiere saber a qué profesionales se va a rescatar, que en su mayor parte serán letrados».

Atención jurídica gratuita

Las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito tenían como objetivo inicial ofrecer información, asesoramiento y atención jurídica especializada a todas aquellas personas que han sufrido las consecuencias de un hecho delictivo. El servicio es gratuito. Igualmente, Favide tenía encomendado tramitar las posibles ayudas que les puedan corresponder e incluso contaba con programas de inserción sociolaboral. Sin embargo, para Bravo, Favide es «poco eficaz», según avanzó hace año y medio, pues considera que hay «un exceso de estructura administrativa y con muy escasa asistencia», y destacó que el gerente de la fundación cobraba 60.000 euros». El envío de un correo electrónico a cada trabajador pidiéndole cuentas de su actividad, según fuentes de CCOO, es algo inédito en la Administración valenciana.

«Queremos saber a qué se dedica la plantilla para ver cómo acoplar al mayor número de gente posible a las nuevas estructuras, pues por otro lado hemos iniciado un proceso de selección de personal para trabajadores sociales y psicólogos que queremos incorporar a las nuevas oficinas», indicaron fuentes de la Conselleria de Justicia, que intentan normalizar un curioso método de comprobación de las aptitudes de los trabajadores de Favide, que desde el pasado martes se temen que buena parte de su futuro laboral depende de ese seguimiento semanal que el Consell ha puesto en marcha.