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El PSPV de Buñol mantiene su apoyo al alcalde de EU pese a su imputación

Miles de personas celebrando la tomatina de Buñol. :: efe
Miles de personas celebrando la tomatina de Buñol. :: efe
  • Los socialistas admiten las irregularidades pero creen que son problemas menores en un municipio donde gobernarán a partir de junio gracias a un pacto a cuatro bandas

El PSPV en Buñol mantendrá el pacto de gobierno en el ayuntamiento de la localidad a pesar de la imputación tanto del actual alcalde, Rafael Pérez, de EU, como del anterior regidor, también de EU, Joaquín Masmano. Los socialistas (tres concejales) no tienen intención de romper un acuerdo a cuatro bandas (en el que también participan un partido local, con otros tres concejales, así como a un edil que representa a una plataforma afín a Podemos y Compromís) que permitirá a la formación que dirige Ximo Puig acceder a la Alcaldía de Buñol a partir del próximo mes de junio. El actual equipo de gobierno municipal admite las irregularidades en la contratación, aseguran que están trabajando en ello y, mientras, se mantendrán al frente del ayuntamiento como si la fiscalía no los hubiese señalado.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que una imputación equivalía a un entierro político. De tal modo que el Gobierno central terminó por erradicar del vocabulario legal el término 'imputado' con el fin de diluir el calado de la situación procesal, que afectaba a muchos miembros de su partido, el PP. Ahora son 'investigados'. Entonces, con la mayoría de afectados en las filas populares (al menos en la Comunitat), el partido azul hacía llamamientos a no judicializar la actividad de la Administración. Sin embargo, nadie detuvo la espiral de denuncias en los tribunales, y ahora esa dinámica afecta a izquierda y derecha por igual, de modo que no quedan siglas sin investigados entre sus altos cargos, un estatus judicial tan habitual que los partidos que antes se escandalizaban ahora matizan y relativizan la gravedad de la situación.

«Es un asunto que afecta a EU, pero nosotros tenemos un acuerdo y lo mantendremos porque, si hubo situaciones irregulares fue por problemas de tramitación que están solucionándose», señalaron fuentes del PSPV buñolense.

Pérez declarará como imputado en una semanas por irregularidades en tres áreas de la corporación municipal: la recaudación de impuestos, la limpieza y la gestión de la radio municipal. La investigación parte de una denuncia del Partido Popular ante el Ministerio Público, que decidió enviar el asunto al juzgado al considerar que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación. Las irregularidades, básicamente, se concentran en la prestación de un servicio sin el correspondiente contrato. Por ejemplo, la recaudación municipal, uno de los asuntos de mayor gravedad se estaría ejercitando de «manera presuntamente irregular». No obstante, fuentes municipales aseguran que esa contratación está resuelta desde mediados del año pasado. Desde el año 2010 hasta la fecha del decreto de la fiscalía no existía relación contractual de la empresa con el municipio, pero seguían gestionando la recaudación personas que, además, están vinculadas a los partidos que dirigen el municipio.

El interventor se percató de estas irregularidades y suspendió los pagos a la mercantil «por no tener contrato o expediente de contratación». Sin embargo, el Ayuntamiento decidió abonar los servicios, tal y como consta en la documentación incorporada a la causa. Idéntica fórmula se empleaba en las otras dos áreas bajo sospecha, tal y como LAS PROVINCIAS avanzó. El servicio de radiodifusión se gestiona de forma directa sin procedimiento, una fórmula que desde el propio Ayuntamiento de Buñol admiten y señalan que tendrá una difícil regularización y que puede abocar en el cierre de la radio municipal. La investigación judicial abarca la gestión de la publicidad así como la supuesta contratación irregular de los becarios de la emisora. En cuanto el sistema de contratación de la limpieza de la población, que incluye fiestas especiales como la Tomatina, es un servicio que implica un contrato anual que ronda los 150.000 euros y que está en vías de regularizarse.

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