La fiscalía investiga si hubo delito en Xeraco con el boicot a los israelíes

Los concejales de Compromis, PSPV y EU Canviar Xeraco comprueban cómo los problemas no dejan de crecer a raíz de la idea de aprobar en un Pleno municipal un boicot contra las empresas israelíes que no reconocieran los derechos del pueblo palestino, una iniciativa que parte de una campaña global que arrancó en 2005.

El contenido del texto resultaba, de entrada, sorprendente. Aparte de negar cualquier posibilidad a las empresas israelíes de contratar con la corporación municipal, se amenaza a los residentes con los riesgos de hacerlo y, por último, se proponía que aquellos que mostraran una ideología coincidente con el espíritu de la norma serían excluidos de la prohibición. De tal forma que supondría una coacción para que expresaran sus ideas políticas. El juzgado de lo Contencioso número 10 de Valencia decidió, con el informe favorable de la Fiscalía de Valencia, anular el pleno al considerar que suponía un ataque frontal a la igualdad y a la no discriminación.

Tras este fallo, la situación se ha recrudecido para los concejales. La fiscalía pidió que se dedujera testimonio de la documentación que constaba en la causa. Y ahora la sección especializada de delitos de Odio y contra la Discriminación abrirá una investigación para determinar si los concejales pudieron cometer un delito al discriminar a este colectivo. Esta pasada semana, se tramitaba la apertura de unas Diligencias de Investigación Penal para dar cobertura a las pesquisas, según confirmaron desde el ministerio público.

No se trata de un asunto baladí. Fuentes judiciales apuntaron en su día que los hechos podrían encajar en el artículo 510 del Código Penal, que recoge penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razón de su pertenencia por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, entre otras circunstancias.

El Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para completar esta fase prejudicial. Tras las diligencias, en las que se puede citar a declarar a los propios concejales que dieron su visto bueno a la medida, el ministerio público debe decidir si archiva el caso o si, por el contrario, lo envía a un juzgado al apreciar que existen indicios delictivos en los representantes públicos.

La sentencia que anuló el acuerdo del pleno municipal fue tremendamente crítica con la forma de actuar de tripartito. El magistrado entendió que la corporación había asumido «una postura ideológica impropia de una administración, que debe servir con objetividad a los fines de interés general.

El Ayuntamiento alegó que todavía no se había producido un acto concreto en el que se hubiera actuado conforme al acuerdo adoptado y que una firma se hubiera visto perjudicada por esa decisión. El argumento sirvió de poco al juez. La sentencia insistía en que entre los fines de un Ayuntamiento no se incluye «la coerción de ideas y opiniones ajenas ni tampoco el fomento de las propias». De igual modo, el fallo se cierra con el recuerdo de que existe una nítida separación «entre la acción política y la administrativa» y esta última no puede ser un instrumento al servicio de la primera. El magistrado dictamina un «abuso del poder institucional» para poner la administración «al servicio de ideas programáticas, discriminatorias y contrarias a los derechos fundamentales del conjunto de ciudadanos». La corporación sacó adelante el plan con los votos de los tres concejales de Compromís Socialistes Xeraco y EU-Canviar Xeraco. El PP votó en contra.

• Temas
• EUPV
• PP Partido Popular
• Xeraco
• Israel