Uno de los investigados en Avialsa revela que también cobró sin trabajar en Imelsa

De nuevo, otro caso de corrupción termina enlazando, aunque de manera tangencial, con otro asunto de idéntica naturaleza. En este supuesto se trata de Avialsa, la causa que mantiene imputado al exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, por supuestamente favorecer a la empresa adjudicataria de la extinción de incendios en la Comunitat. Emilio Máñez era exteniente de Quartell donde Francisco Huguet ocupaba la alcaldía. Ambos están investigados en lo que se conoce como la trama urbanística del caso Avialsa.

Los dos investigados habían solicitado declarar en el juzgado. Querían dar su versión de los hechos, pero al parecer no de todos los aspectos. Se negaron a responder a las cuestiones relacionadas con el último informe de la UDEF en el que se recogía una importante cantidad de dinero sin aparente justificación. Destaca una comunidad de bienes de las mujeres de ambos cargos en las que recibían dinero de Proademi, una de las empresas bajo sospecha. Tampoco dieron explicación a ingresos en efectivo y al origen del dinero utilizado para comprar dos vehículos de lujo.

Lo más llamativo, no obstante, fue la revelación de que Mañez llegó a trabajar en la empresa pública Imelsa. En realidad, lo que hacía era cobrar una nómina, aunque sin desempeñar tarea alguna. Él mismo lo reconoció ayer ante el juez. Fue designado coordinador de brigadas (unos 1.500 euros al mes). Sin embargo, se dedicó a asesorar a Francisco Huguet. Tampoco es que dispusiera de grandes conocimientos. Su formación académica era mínima. Fuentes de la empresa pública también recordaban ayer el paso de Mañez por las brigadas forestales. «No trabajaba», ratificaron.

El investigado aseguró que entró en la etapa de Fernando Giner en la Diputación, pero que le echaron una vez desembarcó Alfonso Rus (2007) y quiso colocar a gente de su confianza. No sería extraño que se pidiera la deducción de testimonio de esta declaración al poder desprenderse indicios de delito de hechos que ya se investigan en otro juzgado. En concreto, una de las piezas del caso Imelsa analiza las contrataciones irregulares y los trabajadores que cobraban sin ir a trabajar en la empresa que dirigía Marcos Benavent.

La investigación de Avialsa, cimentada a través de la información aportada por el exgerente Francisco Alandí, apuntó también que Huguet recogió 5.000 euros de la firma investigada para que Castellano se pagara una cacería. En la declaración de ayer aprovechó para negar este extremo.

Entre las irregularidades detectadas por Anticorrupción destaca el caso de unos terrenos propiedad del Ayuntamiento en los que la empresa Prodaemi se hizo con la titularidad por una cesión gratuita del consistorio. El alcalde había obtenido previamente poderes plenipotenciarios del pleno municipal para elegir a quién ceder el suelo, según consta en el escrito de fiscalía. Esta sociedad fue adjudicataria del terreno de uso residencial.

La empresa también aparecía en el desarrollo de un PAI en Alfara de Algimia y como investigada en el caso Emarsa. El exalcalde y el exteniente adquirieron viviendas con un método de pago y a un precio cuanto menos llamativo, según se recoge en los informes policiales.

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