La operación contra la financiación de Convergència se salda con 18 detenidos

La operación contra la financiación de Convergència se ha saldo finalmente con 18 detenidos y 24 registros, según ha informado la Fiscalía. Anticorrupción, además, acusa a los arrestados, entre los que se encuentran algunos de los colaboradores más cercanos de Artur Más, de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos,

Este ha sido un nuevo golpe de la Guardia Civil contra la supuesta financiación irregular de Convergència. Unos 150 efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado han desatado a primera hora de la mañana de este jueves en diversos puntos de Cataluña una nueva redada de la operación Petrum (cuarta fase, denominada operación Pika) relacionada con el presunto pago de comisiones del 3% al partido nacionalista a cambio de contratos públicos en administraciones catalanas gobernadas por esta formación.

Entre los detenidos -que serán puestos en libertad a lo largo del día- están el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra; Francesc Sánchez, ex alto cargo de CDC; y Antoni Vives, ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barna. Los tres son personas del círculo más cercano de Artur Mas, en una operación que se produce precisamente pocos días antes de que el expresidente se siente en el banquillo.

Los funcionarios han realizado una docena de detenciones y una treintena de registros, especialmente en empresas públicas del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, en doce poblaciones: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lérida, Madrid, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Gerona, Berga y Majadahonda. En el punto de mira están tres mercantiles públicas.

Autoridad Portuaria de Barcelona, Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA) e Intraestructures.Cat. No obstante, los agentes también tenían ordenes de allanar varios despachos profesionales y empresas privadas supuestamente vinculadas con los pagos como Copisa (ya involucrada en el caso Pujol) Grupo Soler, Rogasa y Oproler, entre otras mercantiles. .

Según fuentes de las investigación, los especialistas del instituto armado y de Anticorrupción buscan evidencias que confirmen sus sospechas de que de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y su fundaciones Forum y Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem) se financiaron con las mordidas de 3% que pagaban empresas amigas. El objetivo principal de este nuevo operativo, que se ha reactivado desde que en octubre de 2015 la Guardia Civil asestara su última redada- son las empresas públicas que supuestamente aceptaron entrar en el amaño de concurso para beneficiar a los pagadores de las mordidas. Entre las obras investigadas por amaño están el túnel de la Plaça de les Glòries o la ampliación del dique del puerto de Barcelona.

La macrorredada de esta mañana ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell y coordinada por los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde 2012 en este caso un total de seis delitos, todos ellos relacionados con corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

La operación Petrum hunde sus raíces en una denuncia de una concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) en 2012 por presuntos amaños entre Teyco y el consistorio de esa localidad, que acabó con la detención en junio de 2014 del entonces alcalde, Daniel Masagué (CiU) y el registro de Teyco. Desde entonces, la Guardia Civil viene investigando el continuo amaño de contratos en administraciones catalanas a cambio de comisiones de empresas cercanas a la antigua CDC.

En la última fase de este operativo, en octubre de 2015, el objetivo principal fue Andreu Viloca, el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), quien en agosto de ese año, durante la segunda fase de este operativo, pasó por la trituradora de su despacho una decena de contratos, considerados por la Guardia Civil como «claves» para demostrar el pago de mordidas a la formación nacionalista. Junto a Viloca entonces fueron arrestadas otra diez personas, entre ellos varios empresarios acusados de pagar mordidas.

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