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FERRIOL MOYA
Viernes, 20 de enero 2017, 00:42
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valencia. Los partidarios de que Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, desaparezca de forma definitiva tienen desde ayer un argumento más: la bronca en el seno de su consejo de administración. La vicepresidenta de la institución provincial y portavoz de EU, Rosa Pérez, señaló directamente a la gerente de la firma, Agus Brines -propuesta por Compromís- y le acusó de querer apartarla del consejo de administración de la firma por haber «reventado» la contratación de una abogada (Emma Ramón) para asumir la defensa de la firma en la causa que lleva el nombre de la firma, y que investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación y blanqueo.
Pérez hizo público un comunicado en relación con el informe encargado por Divalterra a la asesoría jurídica externa de la empresa, y que ayer reveló este diario. En ese documento se concluye que la diputada de EU, investigada en una de las piezas de esta causa, debería de ser apartada de su puesto en el consejo de administración, dado que la empresa ejerce el papel de acusación particular, y por lo tanto de perjudicado, en esta causa. El informe habría sido solicitado por Brines a raíz de las solicitudes de documentación planteadas por la vicepresidenta de la corporación provincial en relación con el trabajo realizado por Ramón en el marco de esta investigación judicial.
La diputada de EU evitó en el texto hacer mención a esa condición de investigada en la causa, así como al hecho de que la empresa de la que es consejera ejerce de acusación particular. Pese al conflicto de intereses, que constata el informe elaborado por el despacho de Tomarial, Pérez apuntó directamente a la gerente de la antigua Imelsa, Agustina Brines, y la acusó -ese es el verbo que aparece en el comunicado- de «querer apartarla del consejo de administración de la empresa pública por ser una persona 'incómoda' y por haber reventado el contrato para ejercer la acusación particular en las piezas de Imelsa por un precio de 635.250 euros, que califica 'de un presunto pelotazo».
La vicepresidenta de la Diputación reprocha a Brines que el informe jurídico elaborado por Tomarial pregunte únicamente por si situación. «El hecho de no preguntar por el resto de consejeros de administración de Divalterra que se encuentran en la misma situación procesal deja patente la intención de este informe, que no es otra que quitarme de en medio», señala. Aunque no lo identifica, el único consejero que se encuentra en la misma situación que Pérez es el diputado Emili Altur que, como Brines, es de Compromís.
El informe jurídico elaborado por Tomarial no hace referencia alguna a Altur. Aunque no es menos cierto que, tal y como constata el documento, la empresa lo solicita a raíz de las preguntas y las solicitudes de información que realiza Pérez, investigada en la pieza de las contrataciones irregulares, sobre el trabajo de la letrada de Divalterra, que es acusación en la causa.
En su comunicado, la diputada de EU recuerda que el juzgado de instrucción número 18 ya respondió a Divalterra, cuando la empresa le preguntó si debía de entregarle información a esta diputada, que no disponía de «facultades para pronunciarse». Pérez reprocha a Brines que cuestione su función y que su presencia incomode, y mientras tanto «los principales colaboradores de Marcos Benavent siguen trabajando en Divalterra a las órdenes del actual gerente». Y asegura que solicita información «para hacer la tarea de fiscalización que le corresponde como consejera».
Junta General
El informe jurídico elaborado por Tomarial, y que tiene fecha del pasado 15 de diciembre, recomendaba reunir a la junta general de Divalterra para que fuera este órgano -el propio pleno de la Diputación- el que se pronunciara sobre la continuidad de Rosa Pérez en el consejo de administración de la firma. Y de hecho, esa junta general se celebró. En concreto, tuvo lugar el 29 de diciembre, a las 9.50 horas.
El orden del día incluyó la aprobación del presupuesto, estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad, para el ejercicio 2017, así como la del acta de la sesión. Las fuentes consultadas por este diario aseguraron ayer que en es junta general, el presidente de la Diputación, y del consejo de administración de la empresa, Jorge Rodríguez, no sometió a debate el contenido del informe a pesar de que, como señaló ayer este diario, disponía de él prácticamente desde que el despacho de abogados lo trasladó a Divalterra.
Que Rodríguez no trasladar el contenido del informe a la junta general de la empresa provincial resulta más significativo si cabe porque el propio despacho de abogados aborda en el documento las eventuales responsabilidades que podría contraer el consejo de administración en el caso de no adoptar decisiones. «La Sociedad (Divalterra) tiene el derecho y el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar el perjuicio al interés social. En el caso concreto que nos ocupa, según refiere la Sociedad, no consta la comunicación de la existencia del conflicto pero su existencia es indubitada, por lo que la no adopción de medida alguna por parte del consejo de administración (y en concreto la inacción de su presidente ) podría generar responsabilidad solidaria del mismo por los daños que, eventualmente, podría sufrir la Sociedad», se remarca.
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