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Rus y Caturla, enfrentados por Ciegsa

Rus y Caturla, enfrentados por Ciegsa

El presidente de la Diputación niega que ordenara contrataciones, mientras el secretario autonómico confirma las imposiciones del PP

A. G. R.

Viernes, 20 de enero 2017, 00:41

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Alfonso Rus conserva el sentido del humor pese a la delicada situación judicial en la que se encuentra. Durante su declaración por las contrataciones irregulares de personal en la empresa pública Ciegsa, negó que él impusiera a algunos empleados, tal y como parece desprenderse de las grabaciones que hizo durante años Marcos Benavent. «Yo parecía el consultorio de Elena Francis, todos me consultaban pero yo ni mandaba ni hacía nada en Ciegsa». Al parecer, añadió que sólo él trabajaba. A la salida, a los periodistas, difundió que durante su etapa en la Diputación había logrado ahorrar decenas de millones de euros en personal. Un asunto que nada tiene que ver con el objeto de la investigación.

Fue la declaración de Máximo Caturla la que subió la temperatura en la sala Tirant. El máximo responsable de Ciegsa y secretario autonómico de Educación afirmó que los trabajadores zombies -cobraban sin que se conozca cuál era su labor- se imponían desde el Partido Popular. En algunos casos, precisó incluso los dirigentes que le ordenaron la selección de ese personal: Alfonso Rus y el exconseller Esteban González Pons, según fuentes judiciales. Los otros zombies fueron elegidos por la dirección del PP. «Se decidía en el partido. Eran cargos de confianza», declaró para tratar de explicar esos sospechosos empleados con sueldos de alta dirección.

Caturla nunca se preocupó de las contrataciones de personal sin cumplir los requisitos que marca la administración. El ex alto cargo indicó que disponían de un informe jurídico de la firma Broseta que avalaba esa fórmula y que los reproches del Sindic eran simples recomendaciones. El ahora investigado era el consejero delegado de la empresa Ciegsa, epicentro del desvío de fondos en la trama que supuestamente lideraba Alfonso Rus desde la Diputación. Su puesto, según él, no le permitía ser el factótum de la firma. Apuntó al consejo de administración y deslizó el nombre de su presidente, el entonces conseller Alejandro Font de Mora. Admitió que los empleados trabajaban en un piso en el centro de Valencia porque no había espacio físico en las instalaciones de la sede. Al parecer, ninguna de estas personas ha podido certificar que realizaran un trabajo para la empresa pública.

El investigado aprovechó para ilustrar al juez acerca de la lucha abierta en el PP entre los partidarios de Francisco Camps y Eduardo Zaplana. En el sumario del caso Imelsa consta un informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que dejan constancia de que la firma pública Ciegsa, dedicada a la construcción de centros escolares, fue objeto de luchas internas en el seno del PP, pero por hacerse con el reparto de comisiones. El juez investiga malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación.

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