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El alcalde de la localidad, Francesc Serralta. :: lp
Compromís, PSPV y EU de Xeraco pactan no contratar a firmas israelíes

Compromís, PSPV y EU de Xeraco pactan no contratar a firmas israelíes

El ministerio público sostiene que el acuerdo vulnera el derecho a la igualdad y a la libertad ideológica y de culto y pide su nulidad

A. RALLO

Jueves, 19 de enero 2017, 16:34

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El Ayuntamiento de Xeraco deberá defender ante el juez un polémico acuerdo que consiste en vetar a las empresas israelíes de cualquier contratación con el Consistorio «hasta que Israel no respete los Derechos Humanos, reconozca el derecho internacional y acate el derecho a la autodeterminación».

Los excesos del texto, aprobado en su día con los votos de Compromís, Socialistes Xeraco y EU-Canviar Xeraco, no se limitan a esa prohibición. El acuerdo lanzaba una advertencia a los «ciudadanos y al tejido empresarial de Xeraco» en la que recogía que cualquier transacción económica con empresas israelíes -con independencia del sector económico- podía acarrear «litigios con la población palestina, violaciones de derechos humanos o ser acusados por crímenes de guerra». Sólo el PP se opuso a semejante acuerdo, que aclaraba que las sociedades que reconocieran los derechos inalienables del pueblo palestino «no serían objeto de las anteriores exclusiones».

La asociación Acción y Comunicación de Oriente Medio presentó un recurso que tramita el juzgado de lo Contencioso número 10 de Valencia que decidió paralizar el acuerdo, según difundió en su web la entidad demandante. Al ser un asunto relacionado con la vulneración de derechos fundamentales, recientemente se le dio traslado a la fiscalía para que emitiera un informe. Lo hizo hace un mes. La conclusión del ministerio público resulta demoledora: «Un ataque frontal a la igualdad y a la no discriminación». Lógicamente, el escrito propone que se declare nula la medida aprobada en mayo del pasado año.

El ministerio fiscal recuerda el artículo 14 de la Constitución en el que no se admite discriminación por razón de raza, sexo, religión y opinión, aunque se añade que tampoco está permitido por «cualquier otra circunstancia». Desde este punto de vista, la decisión del Ayuntamiento supone excluir a cualquier empresa, institución u organización de la posibilidad de contratar con el Ayuntamiento por el mero hecho de ser israelí.

El fiscal añade «la intolerable advertencia que se hace a la población» en el caso de que pueden estar incurriendo en un delito. Ese anuncio a los vecinos de la localidad y sus empresarios «constituye una incitación a que se discrimine a tales empresas por el solo hecho de su nacionalidad israelí». Además, en este punto el Consistorio «coacciona» a los residentes.

Multitud de ilegalidades

Existen más derechos cercenados por el acuerdo municipal, según el criterio de la fiscalía. Por ejemplo, el derecho a la libertad ideológica y de culto y a no ser obligado a hacer pública su ideología. El escrito del Ministerio Público recuerda que estas circunstancias no se limitan a la esfera interior del individuo sino que comprende, además, «una dimensión externa» sin padecer injerencia de los poderes públicos.

En definitiva, que cada uno «puede actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros». Esto se ve vulnerado con la advertencia del Ayuntamiento de que no serán excluidas las empresas que reconozcan los derechos del pueblo palestino. El texto del Consistorio no admite dudas para el fiscal: «Es innegable que el objetivo es disuadir a quienes no compartan sus ideas sobre el conflicto palestino-israelí». Es más, el simple hecho de mantener una postura neutral también serían castigados por la norma municipal. El pacto municipal emplea el verbo «reconocer», es decir, pronunciarse.

Principio de objetividad

Lo más grave, sin duda, es lo anterior. Pero la iniciativa de Compromís y sus socios de Gobierno va un paso más allá. Se olvidan, por ejemplo, del principio de objetividad que debe guiar a las administraciones públicas e incurre en «claras conculcaciones de la legalidad ordinaria» porque el Ayuntamiento no puede marcar directrices de política exterior. Esto es competencia del Gobierno central. Además, la medida introduce requisitos y condiciones al margen de la Ley de Contratos de la Ley del Sector Público.

El equipo de Gobierno pretendió en su día sumarse a la campaña global no violenta y antixenófoba de Boicot, Desinversión y Sanciones (DBS) contra el Apartheid israelí. Esta iniciativa arrancó hace más de una década por parte de la sociedad civil palestina. Aparte de las anteriores medidas, el Consistorio de Xeraco se comprometió a organizar una jornada de solidaridad para informar sobre la situación del pueblo palestino. El municipio, tras este acuerdo, iba a recibir un certificado de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina como muestra de su compromiso con esos postulados.

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