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Pacto para una nueva financiación autonómica pero sin la retroactividad desde 2014 que pide Puig

Pacto para una nueva financiación autonómica pero sin la retroactividad desde 2014 que pide Puig

El presidente rechaza la «soberbia centralista» y plantea que el Gobierno negocie con las autonomías cuáles son las infraestructuras prioritarias

PPLL

Martes, 17 de enero 2017, 23:23

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madrid. La Comunitat Valenciana salió ayer con un calendario bajo el brazo para la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. La Conferencia de Presidentes, reunida en el Senado, acordó establecer una hoja de ruta que permitirá que el nuevo modelo vea la luz verde este mismo año. Así lo reveló el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que detalló que la concreción de esa fecha había sido una propuesta planteada por él mismo durante su intervención.

Ximo Puig trató de visualizar la urgencia con la que la Comunitat Valenciana llega al arranque del proceso de reforma del sistema de financiación autonómica. Con un agujero de 43.000 millones de euros y con un déficit presupuestario que en 2016 volverá a superar de largo los 1.000 millones de euros y que no permite financiar la totalidad de los servicios públicos. El presidente del Consell insistió en que la situación es insostenible.

Puig, durante su intervención en la Conferencia de Presidentes celebrada en Madrid, reclamó que los trabajos de la comisión técnica, que se pondrá en marcha en el plazo de un mes para impulsar los trabajos de la reforma, finalicen el próximo 30 de septiembre. Tiempo suficiente para poder incorporar el nuevo modelo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

No solo eso. El presidente valenciano reclamó que la actualización del sistema se aplique de forma retroactiva desde 2014 -el modelo vigente 'caducó' el 31 de diciembre de 2013 y desde esa fecha se ha venido prorrogando-. Lograr esa retroactividad implicaría que la Comunitat viera 'mejorados' sus ingresos de cuatro ejercicios al nivel de lo que establezca el nuevo modelo.

Pero, en este punto, el máximo responsable del Consell se topó con la negativa del Ejecutivo central. El propio Puig explicó en una conversación informal con los periodistas que la posición del Ejecutivo en relación con la retroactividad pasaría por reconocer únicamente un año, el actual 2017.

La diferencia no es baladí. La infrafinanciación anual que denuncia el Consell se sitúa en el entorno de los 1.300 millones de euros por ejercicio. Reconocer la retroactividad desde 2014 implicaría, al menos en teoría, recibir esos 1.300 millones multiplicados por cuatro. En todo caso, Puig explicó que no dejará de insistir para tratar de sacar adelante esa reivindicación.

El presidente valenciano aprovechó su intervención -tasada inicialmente en ocho minutos- para defender un cambio de modelo en este tipo de reuniones. Puig rechazó el «victimismo periférico» en alusión a las autonomías que tradicionalmente acuden a este tipo de citas a glosar sus déficits, pero también la «soberbia centralista» que lleva al Estado a culpar a las CC AA de todos los problemas financieros.

Puig reclamó el carácter retroactivo de la financiación, pero también que no se olvide cómo ha afectado a muchas regiones, como la valenciana, arrastrar modelos que no cubrían ni de lejos todas sus necesidades financieras. El responsable de la Generalitat, que en su discurso no mencionó la deuda histórica, sí que propuso un acuerdo para que Gobierno y CC AA evalúen el impacto de esa infrafinanciación. Por ejemplo, en el caso valenciano, la Sindicatura de Cuentas ha cifrado la penalización en el entorno de los 16.000 millones de euros.

Además, el jefe del Consell planteó la posibilidad de que se aborde el debate de si el Estado debe condonar o reestructurar parte de esa deuda, de manera que las autonomías puedan ver compensada su deuda acumulada por el mal funcionamiento de anteriores modelos.

Las fuentes del PSPV consultadas por este diario especularon sobre la intención de Mariano Rajoy al propiciar este espacio de encuentro entre el Ejecutivo central y las CC AA. Con un horizonte político recién desatascado, pero con la necesidad de buscar pactos para sacar adelante las principales leyes, entre ellas la de presupuestos, los socialistas valencianos sospechan que lo que el PP pretende es presionar a los socialistas, forzándoles a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para dar luz verde, así, a la reforma del nuevo modelo de financiación.

No fue la única cuestión que se abordó durante el encuentro. Puig apostó por un pacto en materia de infraestructuras que priorice las inversiones basándose en criterios objetivos. El equipo del jefe del Consell explicó que la Generalitat defiende una nueva dinámica en la que el Estado evalúe los déficits en materia de infraestructuras, como el Corredor Mediterráneo en el caso de la Comunitat, y pacte con las regiones los criterios por los que unas actuaciones son prioritarias frente a otras.

El presidente valenciano incorporó en su intervención referencias a la necesidad de que el Estado se implique más en la financiación de la Dependencia. Según el Consell, en el caso de la Comunitat ese porcentaje no supera el 18%. También reclamó la necesidad de que el criterio de despoblación que alegan algunas autonomías para disponer de una mejor financiación tenga también en cuenta a las autonomías receptoras de inmigración, como la valenciana, así como la denominada población flotante que provoca que la demografía crezca en determinados periodos del año como en verano.

Puig puso sobre la mesa un acuerdo sobre violencia de género así como sobre la gestión de los refugiados. Y no dejó pasar la oportunidad de plantear un acuerdo sobre transparencia que permita coordinar las acciones del Ejecutivo central y las de las autonomías. Por último, ofreció un acuerdo por la Educación.

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