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El juez de RTVV lleva un año a la espera de un informe sobre los documentales

El juez de RTVV lleva un año a la espera de un informe sobre los documentales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Intervención rechazaron ser competentes para evaluar el coste del trabajo

A. RALLO

Martes, 17 de enero 2017, 23:23

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valencia. La investigación sobre el agujero económico en la antigua Radio Televisión Valenciana sigue instruyéndose en un juzgado de Paterna. Las pesquisas judiciales se están viendo lastradas ante el retraso de un informe pericial sobre los documentales que se compraron a la empresa Triskel. Se trataba de piezas audiovisuales que trataban de los GAL, el juez Baltasar Garzón y Rubalcaba. Al parecer, se pagaron más de 500.000 euros por cada una de los programas. Un precio que, de entrada, puede resultar excesivo. No obstante, esa apreciación debe ser certificada -o no- por un experto. Y es en este punto donde parece complicado encontrar a un especialista.

La primera petición se efectuó en noviembre de 2015. El juez remitió un oficio a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El organismo se lo tomó con cierta calma. No respondió hasta marzo de 2016. La contestación fue que no eran competentes.

El instructor buscó entonces otro perito. Recurrió a la Intervención de la Generalitat en mayo de 2016. Al igual que en su primera petición, el tiempo de respuesta no se puede calificar como satisfactorio. Cinco meses para contestar que no estaban capacitados para esa pericial.

Las dificultades llevaron al juez incluso a contactar con la Unidad de Apoyo a Causas de Corrupción del CGPJ (UACC), un organismo creado precisamente para auxiliar a los instructores, pero que, en este caso, tampoco sirvió para desbloquear el asunto. Ahora, la última opción ha sido recurrir a la empresa de tasaciones ordinarias, la sociedad contratada por la Generalitat para «surtir» de peritos a los jueces para que designen un especialista, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Denuncia de Compromís

El proceso se abrió a raíz de una denuncia de Compromís. La entonces oposición reveló un agujero de más de mil millones de euros en el ente público. El juzgado citó como investigados a varios directivos, altos cargos de la Generalitat en la época de Francisco Camps. No obstante, el juez no tardó en archivar el asunto para ellos ante la debilidad de las acusaciones. La causa se abrió inicialmente por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos. La investigación tiene su punto de partida en 2010. Varios informes de la Sindicatura de Comptes recogían alguna de esas deficiencias.

La denuncia de Compromís llegó unos meses más tarde de que Alberto Fabra decidiera cerrar la televisión autonómica después de que el TSJ anulara el ERE en RTVV y obligara a la readmisión de todos los empleados.

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