Secciones
Servicios
Destacamos
Ó. DE LA DUEÑA
Lunes, 16 de enero 2017, 23:25
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
gandia. La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, prestó ayer declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia en calidad de investigada por un delito de prevaricación, revelación de secretos, falsificación de documentos y coacciones. La primera edil acudió a la sala de Gandia para explicar por qué supuestamente cerró e impidió los accesos a las dependencias de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) tras su investidura como máxima autoridad, en junio de 2015.
Morant, tras asumir el mando de la ciudad, decretó el cierre de la sede de IPG e impidió el acceso a estas dependencias a cualquier empleado durante el fin de semana del cambio de gobierno. En ese tiempo no pudieron entrar a los despachos ni el exgerente Gonzalo Morant ni otros empleados.
Ante esto, el Partido Popular, que dejaba el gobierno, interpuso una querella en los juzgados para que se investigara si la actitud de Morant se había ajustado a la ley. Los populares acusaron a la alcaldesa de haber cometido los delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsificación de documentos y coacciones.
La juez de la sala de Instrucción número 3 admitió a trámite la querella y citó a Morant, aunque la alcaldesa ha logrado demorar algunos meses su comparecencia tras presentar algunos escritos. Al salir del juzgado la alcaldesa dijo: «He venido tranquila y me voy contenta y satisfecha. He tenido la oportunidad de aclarar por qué el día de la investidura cerramos los accesos a IPG». «Queríamos salvaguardar todos los documentos y expedientes, sobre todo tras conocer que alguien había intentado acceder a los despachos en dos ocasiones a altas horas de la madrugada», agregó. Morant añadió: «Esta querella ha sido un montaje del Partido Popular de Gandia, la interpusieron con el único objetivo de verme entrar en los juzgados y que tuviera que declarar». Por todo ello, restó importancia a los hechos y dijo que, en todo momento, actuó de forma legal.
«El exgerente de IPG no daba señales de vida, no sabíamos quien trabajaba allí y, por todo ello, tomamos la decisión de impedir el paso a la empresa pública», añadió la alcaldesa.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.