La justicia procesa cada día a tres personas por delitos de corrupción

Cada día los jueces y tribunales españoles sientan en el banquillo a una media de tres personas acusadas por delitos relacionados con la corrupción política o administrativa. Son fundamentalmente «funcionarios públicos, gobernantes y políticos», pero también los ciudadanos que los corrompían.

Así lo revela la primera radiografía oficial de la corrupción en España, fruto de dos años de intenso trabajo del Poder Judicial para recopilar los datos dispersos por todo el país. La nueva base de datos da buena muestra de la envergadura de este problema y de la ingente labor de los jueces para atajarlo. Pero también revela que, a pesar de los esfuerzos, el castigo a los corruptos no es especialmente duro y pocos son los que acaban entre rejas.

La nueva herramienta por el momento solo incluye los datos de cinco trimestres: desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016. El proyecto es ir actualizando las estadísticas cada tres meses, pero la primera hornada de cifras ya abruma. En esos 457 días, los juzgados y tribunales dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas. Es decir, mandaron al banquillo a más de 90 personas cada mes acusadas de algún ilícito de los que el Poder Judicial ha escogido como indicativos de esta lacra. Estos ilícitos son prevaricación urbanística, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función, y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Esas 1.378 personas (1.060 hombres y 318 mujeres) fueron encausadas en 166 procedimientos distintos que fueron concluidos en esos cinco trimestres.

Cataluña, en cabeza

Las cifras reveladas por el Poder Judicial permiten hacer el primer mapa oficial de la corrupción por comunidades autónomas. Cataluña encabeza el ranking de la corrupción en los últimos meses con 303 procesados. Le siguen Andalucía con 153 y Madrid con 145. En el otro extremo resalta Navarra. En la Comunidad Foral en esos quince meses objeto de estudio los tribunales no sentaron a un solo político en el banquillo ni concluyeron una sola investigación sobre corrupción. Números muy bajos de imputados presentan también Murcia con cuatro, Extremadura con cinco, Aragón con siete o Castilla y León, con nueve.

Los jueces -a la vista de estas estadísticas- tuvieron bastante efectividad. De las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias.

 En estos quince meses que el Poder Judicial ha comenzado a sistematizar fueron condenadas por delitos relacionados con esta práctica delictiva un total de 399 personas. Sin embargo, toda esta frenética actividad de jueces y tribunales no tuvo un reflejo en las penas de prisión. A 1 de enero de este año había en España solo 82 presos cumpliendo condena con sentencia firme (penados). A estos hay que sumar otros cinco altos cargos y funcionarios que están entre rejas de forma preventiva.

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