Las Provincias

La fiscalía abre diligencias por las irregularidades detectadas en Divalterra

Víctor Sahuquillo, exgerente de Divalterra, y la actual responsable de la empresa, Agus Brines. :: EFE
Víctor Sahuquillo, exgerente de Divalterra, y la actual responsable de la empresa, Agus Brines. :: EFE
  • El ministerio público analiza los fraccionamientos de contratos y las dietas cargadas a la empresa que dirigió Sahuquillo hasta verse obligado a dimitir

valencia. La fiscalía abre diligencias de investigación ante la denuncia del PP en la Diputación de Valencia ante las presuntas irregularidades en la empresa pública Divalterra, que sustituyó a la antigua Imelsa y sobre la que se había anunciado una nueva etapa. El ministerio público analiza posibles delitos a raíz del informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión del ente.

Divalterra asemeja ya una especie de figura novelesca. Como en 'A Christmas Carol', de Charles Dickens, las irregularidades en la antigua Imelsa se han transformado en el fantasma de las navidades pasadas, aquellas de 2014 que dejaron a Alfonso Rus a las puertas de los juzgados. Contrataciones irregularies, fraccionamientos de contratos sospechosos, explosivos informes de los interventores y facturas de bebidas alcohólicas cargadas a la empresa se suceden desde hace meses, tal y como ha ido adelantando LAS PROVINCIAS. Todo ello amargaron estas fechas navideñas al actual presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, que dejó caer al gerente Víctor Sauquillo a diez días de Nochebuena. El Consejo de Administración de Divalterra aprobó su cese el 27 de diciembre. Y ya veremos lo que le depara el futuro, pues la fiscalía inicia ahora una investigación a raíz de los documentos que presenta el PP.

La portavoz popular en la Diputación, Mari Carmen Contelles, confirmó a mediados de noviembre que un informe de los interventores provinciales cuestionaba, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas como dietas en Divalterra.

El auditor advertía en su informe de la contratación de servicios sin un contrato/presupuesto firmado entre las partes; compromiso de créditos sin expediente de contratación; o negociación de presupuestos con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros, lo que evitaría la firma mancomunada de los dos gerentes, el del PSPV y Compromís, Víctor Sahuquillo y Agus Brines, respectivamente. LAS PROVINCIAS también adelantó que Divalterra ha sufragado con 120.000 euros un supuesto laboratorio de ideas impulsado por el socialista José Manuel Orengo, así como un nuevo desencuentro entre PSPV y Compromís, pues en el consejo de administración de la firma celebrado antes de acabar el año se escenificó un nuevo enfrentamiento a cuenta de una propuesta de última hora de Rodríguez para nombrar como sustituto del destituido Sahuquillo a un consejero delegado y para modificar las condiciones de contratación para que Brines pudiese autorizar por sí sola gastos de la empresa hasta un límite de 140.000 euros. Desde Compromís se consideró que el presidente socialista les ofrecía un «regalo envenenado». La antigua Imelsa acumula intrigas más propias de los papas Borja, durante el Renacimiento, que una actividad acorde con su cometido como empresa pública.

Contelles expresó ayer su confianza en que la Justicia «llegue hasta el fondo de las irregularidades». «Tal y como hemos defendido en todo momento, las irregularidades en la gestión de Divalterra van mucho más allá de los gastos en dietas y bebidas alcohólicas. Hemos cumplido con nuestra obligación y tras las irregularidades destapadas tanto por la auditoría externa como por la auditoria interna, las hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía», indicó Contelles, para quien las auditorías «señalan con datos objetivos hechos mucho más graves como la malversación de fondos, fraccionamiento de contratos o la contratación de manera fraudulenta a empresas vinculadas a los socialistas por parte de la gerencia de Divalterra, con más sombras que luces».

El grupo socialista en la Diputación se mostró «convencido» de que la decisión de la fiscalía «quedará en nada». Una gestión que ya le costó el puesto a Sahuquillo es minimizada por el PSPV al señalar que la auditoría «señala errores en procesos administrativos y mejoras en la tramitación de expedientes».

Los socialistas acusaron ayer a Contelles de estar «obsesionada» con encontrar un «yonki del dinero» en Divalterra para ocultar que «el 25% de su grupo, 3 de los 12 diputados del PP, tiene causas penales pendientes con la Justicia». Así lo indicó el PSPV en un comunicado donde consideran que la portavoz del PP debería ser la primera en «pedir perdón por casos como Taula o Púnica, del que ella no es ajena, en lugar de estar obsesionada con encontrar un yonki del dinero como parapeto a sus casos de presunta corrupción».

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