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A. RALLO
Sábado, 10 de diciembre 2016, 00:19
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valencia. Mónica Oltra ha experimentado varios cambios desde que ocupa la vicepresidencia de la Generalitat. Uno, evidentemente, es que ahora mantiene en casa aquellas camisetas con mensaje que llevaba en Les Corts. Pero la evolución afecta a otras parcelas. Por ejemplo, su capacidad de sorpresa ha disminuido. «A estas alturas me sorprenden pocas cosas, a medida que paso más tiempo en el Gobierno la capacidad de sorpresa es menor. No me sorprende, no», comentó ayer en la rueda de prensa del Consell. De esta forma ironizaba sobre la inacción del PSPV que todavía permite que el gerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, siga en su puesto tras descubrirse que cargó a la cuenta de la empresa gastos de gin-tonics, whiskys y otros licores.
Precisó, además, que su paciencia, por contra, ha aumentado desde que llegó a la política. El mensaje a sus socios de Gobierno era más que claro. Y más tras el cúmulo de irregularidades que se suceden en la firma. Además, la vicepresidenta aseguró que estos supuestos -lo de cargar gastos indebidos a las cuentas públicas- no pueden ocurrir en la Generalitat porque ellos tienen perfectamente acotada su línea de actuación con el conocido Código de Bueno Gobierno, una guía de ejemplaridad que señala que las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este manual, «usarán y aplicarán adecuadamente los recursos y los administrarán con sobriedad; se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la administración pone a su disposición por razón de su cargo; harán una utilización responsable y limitarán los gastos, que tendrán que estar justificados». Se trata de unas pautas de actuación que, según recomendó Oltra, pueden ser utilizadas por cualquier otra administración, en referencia a la corporación provincial.
Sahuquillo lleva una semana instalado en una monumental polémica después de que LAS PROVINCIAS publicara sus consumiciones de bebidas alcohólicas pagadas por fondos públicos. El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, no obstante, sigue sin mover ficha y mantiene a su hombre de confianza en la gerencia de Divalterra, dirección que comparte con una compañera de Compromís. Además, Sahuquillo pertenece a la Ejecutiva del PSPV, una circunstancia que quizá también haya contribuido a esa pasividad del PSPV, que ayer llevó a Oltra a expresar cierto hartazgo aunque recurriera al humor.
Sahuquillo realizó estos gastos junto a otros responsables de la empresa. Uno de ellos declaró el pasado jueves a LAS PROVINCIAS que desconocía que el gerente fuera a pasar a la firma los gastos de alcohol y que de haberlo conocido no lo hubiese permitido. Sorprendentemente todos los comensales contactados restaron importancia al suceso y recordaron que el alto cargo ya se había comprometido a devolver el dinero.
El asunto, no obstante, sigue generando reacciones. El PP no dudo en criticar la sucesión de acontecimientos poco éticos que se viven en la sede de la nueva Imelsa cuyo cambio de nombre (Divalterra) no ha supuesto nada más allá de la denominación. Se mantiene la firma como laboratorio de prácticas irregulares de la administración. La portavoz adjunta del grupo 'popular' en Les Corts Valencianes, María José Català, afirmó ayer que el gerente es «merecedor de un cese inmediato» ante las revelaciones referidas a la inclusión como dietas de bebidas alcohólicas o al uso privado del coche oficial. No obstante, piensan que los socialistas tienen «demasiadas ataduras políticas y partidistas».
Català se pronunció en los anteriores términos aparte de reflexionar «qué harían Compromís y Oltra» si estuviesen en la posición del presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, y si destituirían a Sahuquillo «inmediatamente». «Durante muchísimos años Compromís ha atacado frontalmente cuestiones que ahora mismo se están poniendo sobre la mesa», recordó al tiempo que calificó como «muy grave» lo que está sucediendo en Divalterra.
El caso Sahuquillo no es un hecho aislado. A ello se le suma el oscurantismo que rodea estos 'nuevos' tiempos en la empresa pública. Las auditorías del último año arrojan más sombras que luces. El estudio revela que casi el 80% de los contratos realizados fueron adjudicados a dedo, sin un concurso abierto, al ser su cuantía inferior a 50.000 euros. Se trata de un recurso que todas las Administraciones emplean para determinar el adjudicatario.
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