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El caso Cooperación, con varios altos cargos juzgados en el TSJ. :: irene marsilla
Abogacía de la Generalitat volverá a defender a los funcionarios imputados

Abogacía de la Generalitat volverá a defender a los funcionarios imputados

El PP denuncia la «incoherencia» del Consell de reintroducir la norma que criticaron en la oposición y que el propio Fabra derogó

A. G. R.

Jueves, 8 de diciembre 2016, 23:43

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valencia. Los populares y los socialistas encontraron ayer otro motivo para animar la refriega política. Se trata del siempre controvertido asunto de la defensa jurídica por parte de la Abogacía de la Generalitat de los funcionarios y de los altos cargos investigados en el ejercicio de su actividad. El Consell de Alberto Fabra decidió en 2012 prescindir de esta asistencia jurídica ante la sucesión de casos de corrupción que afectaba a las filas del PP y a la administración que dirigían los populares. Ahora, la Generalitat ha decidido recuperar aquella iniciativa -lo ha hecho a través de una enmienda en la Ley de Acompañamiento- para devolver esta garantía a los funcionarios y autoridades de la administración autonómica.

El PP aprovechó este cambio de rumbo en la política del bipartito ahora que está en el Palau de la Generalitat para denunciar su «incoherencia». La portavoz de Justicia, María José Ferrer San-Segundo, censuró «el cambiazo que ha propiciado el Consell, justo ahora que gobiernan, y de tapadillo mediante una enmienda los presupuestos, en lo que fue una línea roja de alta exigencia cuando PSPV y Compromís estaban en la oposición: que los funcionarios, y también cargos públicos, que sean investigados (imputados) por delitos cometidos en el ejercicio de su actividad, puedan ser defendidos por la Abogacía de la Generalitat».

«Esta posibilidad fue objeto de durísimas críticas, y reclamaciones, por los partidos que ahora integran el Consell cuando estaban en la oposición, con declaraciones de alto voltaje, acusando incluso de que ello suponía una utilización irregular de recursos públicos», recordó en un comunicado. De hecho, Alberto Fabra terminó con este respaldo jurídico mientras los casos de corrupción seguían sucediéndose y, en cierta medida, para terminar con los ataques de la oposición.

Respondió rápido el PSPV a través del portavoz socialista Manolo Mata. De entrada, quiso aclarar que esa defensa no se podrá ejercer en casos de corrupción. El texto de la enmienda, que ayer consultó LAS PROVINCIAS, no parece tan concluyente como las manifestaciones del líder socialista. Es cierto que recoge toda una serie de delitos en los que no se podrá asistir al investigado y entre ellos figuran algunos ilícitos casi imprescindibles en casos de corrupción. No obstante, en el párrafo siguiente se matiza que pese a que se trate de los supuestos anteriores el Consell podrá autorizar esa defensa siempre que consideren que existe una apariencia de actuación legítima por parte del funcionario.

Mata quiso recalcar que después «de año y medio del gobierno del Botánico ya ha quedado constatado que estamos en una época post-corrupción en la que han desaparecido los escándalos vinculados a gestores públicos». De tal forma que los funcionarios «tienen el derecho a que, en el ejercicio de sus funciones, sean defendidos por la Generalitat como sucede en cualquier empresa privada». Por ello, mostró su satisfacción de que la iniciativa saliese adelante durante el debate en comisión de las enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales. No hay que olvidar que la medida no sólo afecta a los funcionarios sino también a los altos cargos de la administración.

Pago de abogados privados

Además, el portavoz socialista en Les Corts aprovechó para criticar al PSPV por la iniciativa de Fabra de «externalizar» esta asistencia de tal forma que si los funcionarios o autoridades eran finalmente absueltos, la Generalitat se encargaría de pagar los honorarios de los letrados privados que hubieran contratado. De hecho, ahora anuncian que tratarán de averiguar qué coste tuvo aquello. Sin embargo, la enmienda del PSPV y Compromis mantiene esta posibilidad. Así, recoge que siempre que el funcionario haya solicitado la defensa de la Abogacía y se le haya denegado pero finalmente resultara absuelto, estaría legitimado para reclamar una indemnización por el coste de asumir su defensa. En definitiva, la misma medida que aplicó el Consell de Fabra.

Existen antecedentes en este sentido. Por ejemplo, el famoso caso de los trajes del que Francisco Camps resultó absuelto. Y más recientes, como el asunto de Cooperación. Dos de los responsables de la Conselleria investigada, Josep Maria Felip y Marc Llinares, resultaron absueltos del desvío de fondos destinados al Tercer Mundo a intereses particulares. Los dos altos cargos pudieron reclamar las cantidades de sus abogados a la Generalitat. No obstante, todavía existen otras dos piezas del asunto que siguen en instrucción.

También se han planteado dudas respecto al papel que ha jugado la Abogacía en alguno de estos asuntos donde de entrada 'asistió' a los funcionario o altos cargos y después abandonó esta tarea y se convirtió en acusación particular para reclamar el dinero sustraído. Los afectados denunciaron que ese doble juego del representante de la Generalitat afectaba a su derecho de defensa.

El PP recordó que no ha sido este punto el único en el que el Gobierno autonómico ha demostrado un brusco viraje de la oposición al poder. Otro de los ejemplos ha sido la transparencia y las tres condenas del TSJ por no facilitar datos a los populares. Ferrer San-Segundo declaró que les piden información y documentos.. «Y eso, al parecer, ahora de pronto piensan que da mucho trabajo. Pero cuando estaban en la oposición, no les parecía así, presentaban solicitudes en números similares, y ponían querellas a diestro y siniestro», indicó. La portavoz de Justicia se preguntó «por qué ahora sí se cambia la forma de actuar y por qué cuando PSPV y Compromís estaban en la oposición exigían, y con dureza, justo lo contrario».

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