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J. MOLANO
Martes, 6 de diciembre 2016, 00:10
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Compromís respaldará la Proposición No de Ley (PNL) del grupo socialista en Les Corts con la que pretende justificar la falta de transparencia del Gobierno valenciano con la oposición, que se ha traducido en tres condenas judiciales. La iniciativa que registró el portavoz del PSPV Manolo Mata el pasado 29 de noviembre pretende explicar la opacidad del Ejecutivo valenciano en que «las solicitudes y preguntas formuladas han alcanzado una dimensión que está dificultando la celeridad» en la tramitación de las mismas.
Un volumen que se mantiene, tal como publicó ayer este periódico, dentro unos parámetros similares a los registrados en la época en que gobernaba el PP en la Comunitat. Se han contabilizado en el último año y medio un total de 19.437 solicitudes de documentación al Consell, mientras que el anterior Gobierno dirigido por el PP recibió 24.000 de media en ese intervalo de tiempo la pasada legislatura.
El partido de Mónica Oltra se suma a la PNL socialista argumentando, por boca de su síndic Fran Ferri, que «sirve para demostrar que hacen falta más funcionarios en la Generalitat y convencer al Gobierno central para reformar ya el sistema de financiación y permitir la contratación del personal necesario». Llama la atención que sea ahora cuando reclamen más efectivos en la Administración para realizar esa labor cuando con el anterior Gobierno fueron el segundo partido que más peticiones realizó y no plantearon iniciativa al respecto.
De las 64.000 solicitudes de información -entre preguntas a responder por escrito y demandas de documentación- a las que tuvo que hacer frente el Consell popular la pasada legislatura, 36.431 fueron de los socialistas (el 57%), 20.633 (el 33%) de la coalición de izquierdas y 6.936 (un 10%) de Esquerra Unida.
Las reacciones a la noticia publicada por este diario en su edición anterior se produjeron ayer. Desde Ciudadanos son contrarios a dar apoyo a la PNL socialista. «Las excusas recibidas son del todo inadmisibles. En el inicio de la legislatura, el grupo parlamentario ya dejamos bien claro que la transparencia, además de ser una asignatura transversal debía ser una realidad tras el cambio de gobierno del Consell», comenta la diputada del partido naranja Mari Carmen Sánchez.
«Un Consell que se ha limitado a crear una Conselleria de Transparencia en la que se aglutinan todo tipo de competencias y que parece que pasa por alto una de sus mayores funciones», agrega. «Entendíamos que la creación de esta cartera supondría una mayor claridad en la gestión del gobierno de la Comunitat, pero, lejos de eso, -critica- el Gobierno del Botànic vuelve a caer en los mismos errores que criticaba en legislaturas pasadas».
La diputada insiste en que «si no existen recursos económicos suficientes para proveer de la documentación necesaria a los grupos de la oposición, tanto el Consell como los partidos que lo sustentan, tenían en su mano aumentar la partida presupuestaria de la Conselleria del Señor Alcaraz para estos fines», pero «no pueden presumir de ser un gobierno abanderado de la transparencia tan transparente que parece inexistente».
«Lamentamos que el Consell del Titànic lo único que quiere es tratar de justificar su opacidad y su falta de diligencia en la gestión. Esto demuestra que no es un Consell más transparente, porque sólo quiere poner trabas a la labor de los diputados de la oposición», aseguran desde el grupo popular, y añaden que «las sentencias condenatorias de las últimas semanas, así lo atestiguan».
«No obstante, el GPP va seguir haciendo su labor de oposición y solicitando la documentación que considere relevante para fiscalizar la gestión del Consell», aseguran.
Además, desde el PP lamentan «profundamente» que la iniciativa legislativa «haya sido a propuesta del PSPV, con el único objetivo de entorpecer el acceso a la información».
El actual Ejecutivo formado por PSPV y Compromís suma tres condenas por opacidad. Una contra la conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo por negar al PP un informe de auditoría cuya existencia reveló ella misma. Otra por la negativa de la conselleria de Educación a hacer público el contenido de los gastos de caja fija de las Universidades valencianas. Y una tercera por no facilitar los informes de fiscalización e intervención de cada conselleria y los elaborados por la Intervención General entre julio de 2015 y enero de 2016.
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