Las Provincias

La policía acude de nuevo a Avialsa para requisar el servidor de la empresa

La sede de la empresa de extinción de incendios. :: irene marsilla
La sede de la empresa de extinción de incendios. :: irene marsilla
  • La UDEF sólo dispone de los datos informáticos de un mes, pero la firma aclara al juez que no existe otro terminal

El caso Avialsa mantiene imputado al exdelegado del Gobierno Serafín Castellano por favorecer a la adjudicataria del servicio de extinción de incendios. El volumen de la causa resulta ya considerable y previsiblemente seguirá aumentando en los próximos meses. La razón es que hasta la fecha los investigadores apenas tenían datos del servidor de la empresa. Tan sólo acumulaban un mes de información de los ordenadores. ¿El motivo? El juez autorizó la entrada y registro en la sede de la mercantil, pero esta se había trasladado allí recientemente.

El dueño de la mercantil Vicente Huerta aportó recientemente una serie de correos electrónicos al juzgado con los que intenta demostrar que la empresa, en realidad, era manejada por el gerente y ahora colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, Francisco Alandí. Este último ha sido imputado ya en varias piezas en las que se ha dividido la macrocausa.

La entrega de estos correos y su fecha desveló, en teoría, la existencia de un servidor anterior al que hallaron los agentes. Por eso, el juez ordenó hace unos días que la Policía Judicial y un letrado de la Administración de Justicia se personaran en la antigua sede de la firma, ubicada en Sagunto, para que el jefe de informática les facilitara el equipo y que este fuera requisado por los agentes. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) continúa con la elaboración de los informes de todo el material recopilado en los registros.

El instructor considera que el análisis de este servidor es básico para el procedimiento y para garantizar el derecho de defensa. En el auto en el que acuerda esta medida recoge que es «obvio» que tras los últimos emails aportados el empresario dispone del antiguo servidor. El juez apunta a que en el mismo soporte se almacenan también el resto de correos electrónicos que permitirían «esclarecer en suma la práctica totalidad de los hechos» y acotar las responsabilidades a cada uno de los investigados.

La respuesta de Huerta

El auto del juez acordaba que en caso de que los agentes no encontraran el servidor se le daría un plazo de 24 horas para que fuera el empresario el que lo entregara personalmente en las dependencias judiciales. La visita del letrado de la Administración de Justicia a la firma fue infructuosa. Pero, al parecer, tampoco parece que ese ordenador esté en posesión del Huerta. El empresario contestó de inmediato al juez y aseguró que no existe ese supuesto antiguo ordenador, que sólo hay un terminal y que este ya fue clonado durante la entrada y registro de los agentes hace año y medio. El dueño de la mercantil considera que la conclusión a la que llega el juez es errónea. El hecho de que aportaran los anteriores mails no significa que oculten un servidor y recuerda que ese material se obtuvo de la copia del disco duro que se realizó al despedir a ese empleado. De igual modo recuerda que la empresa siempre ha mostrado su intención de colaborar con la mercantil.